FÉLIX LEÓN MARTÍNEZ  25 ENERO 2021 

Desde finales de los años setenta, hizo fama (al tiempo que se convirtió en objeto de burlas), una frase de campaña del presidente Turbay, con la que anunciaba reduciría la corrupción “a sus justas proporciones”. Cuarenta años más tarde, llegamos a descubrir que uno de los más reconocidos pensadores del siglo XX, Foucault, señalaba que reducir la criminalidad a sus justas proporciones era, precisamente, entender la nueva forma de gubernamentalidad del Estado, que afirmó el liberalismo económico, a partir de principios utilitaristas.

Es decir, se trata de no desperdiciar esfuerzos, más allá de lo redituable, en cualquier propósito de Estado. Tiene que ver esta máxima, por una parte, con la curva matemática que describe el logro de metas de cobertura en diversos programas y fenómenos sociales, un comienzo de fuerte ascenso y posteriormente una tendencia hacia la horizontalización, que hace que para lograr la cobertura del último 10% de la población o el último 10% de la meta, se requiera tanto esfuerzo como para lograr el primer 90%.

Por ello, desde el nacimiento del liberalismo, la racionalidad del Estado moderno no plantea, por ejemplo, eliminar el delito, sino que pregunta cuál es la forma más barata y efectiva para reducir el índice de un determinado delito, como el homicidio, a niveles aceptables.

Por otra parte, esta visión utilitarista incorpora los cálculos de factibilidad y eficacia en casi todas las decisiones del Estado, porque la legitimidad de las acciones del gobernante ya no se juzga desde la moralidad o la justicia (es decir, desde una visión ética), sino en función de que logre o no el “éxito” con la aplicación de sus políticas, es decir por la capacidad de gestionar y dar respuesta efectiva a los deseos y demandas de la sociedad.

Sin embargo, las políticas para el gobierno de las poblaciones llevan implícitas siempre dos racionalidades, según Weber, la primera una racionalidad con respecto a valores en juego (justicia, equidad, libertad, poder, vida, naturaleza, humanidad, ciudadanía) y la segunda una racionalidad con respecto al resultado (eficiencia, eficacia, probabilidad de éxito, riesgos y costos).

De este modo, no puede hablarse del éxito, la eficacia o el buen resultado de cierta política de gobierno, sin tener en cuenta los valores éticos referentes que la enmarcan, es decir, que necesariamente debe sopesar a quienes benefician los resultados y a quienes no.

El problema consiste en que el utilitarismo, al no considerar las diferencias en las posibilidades de los individuos, termina concentrándose únicamente en los resultados.

Desconoce que la maximización de las utilidades puede darse en el marco de profundas y fundamentales desigualdades. Dicho de otra manera, la agudización de las carencias de un grupo importante de la población es perfectamente compatible “moralmente” con la maximización de la suma de utilidades del conjunto de la sociedad. Por ello es posible, por ejemplo, lograr el objetivo de crecimiento del producto nacional, al mismo tiempo que aumenta la inequidad social y la pobreza, como lo confirmaron las estadísticas del DANE, sobre los resultados económicos del 2019 en nuestro país, el año previo a la pandemia.

Finalmente, tanto los valores que enmarcan una política, como las estrategias utilizadas y el poco o mucho éxito final, van a ser evaluadas por los gobernados en toda la trayectoria, desde la formulación hasta el resultado.

El problema aquí (el problema de las democracias liberales o democracias de mercado) es que la palabra que escucha el gobernante es principalmente la de aquellos que tienen más voz y también el privilegio de hablar al oído del gobierno, por su poder económico o político, o también (muy importante), por controlar los medios de comunicación. De tal modo que, la utilidad de una política será entonces evaluada fundamentalmente desde los valores de este grupo privilegiado (establecimiento) y, según el beneficio obtenido por los mismos.

De esta forma, resulta fácil comprender, por ejemplo, la última reforma tributaria o los incrementos salariales de congresistas, frente al incremento del salario mínimo que rige para una gran proporción de los trabajadores.

Y también este marco hace inteligible el manejo de la pandemia en nuestro país, por su similitud con la respuesta de los gobiernos de las últimas décadas, cuando enfrentan graves problemas de la nación: reducir el problema “a sus justas proporciones” o, para decirlo de otra manera, si las medidas requeridas por la situación no se dirigen a favorecer claramente a quienes detentan el poder económico y político, tratar de afectarlos lo menos posible.

Colombia no ha sido un país propicio a reformas estructurales dirigidas a lograr el bienestar de la población, pues siempre se gobierna con el temor de afectar los intereses de los poderosos. La audacia del gobernante está proscrita. Por esta razón se recogió la reforma agraria de Carlos Lleras Restrepo, condenando a los campesinos a medio siglo más de miseria y violencia, y por la misma causa apenas logra subsistir el acuerdo de paz firmado en el Gobierno anterior, mientras que, por el contrario, las reformas dirigidas a acumular poder, que subordinan el bienestar de la población a la obtención de renta de los poderosos, como las reformas neoliberales del Gobierno Gaviria, subsisten y se sostienen, sin importar que el país se haya convertido en uno de los más inequitativos del mundo.

Sin duda, tanto los gobiernos previos, como el actual, ejercen el poder con temor de afectar los intereses del establecimiento.

Cómo explicar, de otra forma que, desde el inicio de la pandemia, cuando aún se contaban pocos casos, se haya renunciado al control de la transmisión del virus y propuesto una política únicamente de mitigación (para atenuar los efectos del pico epidemiológico), con el incremento de Unidades de cuidado intensivo.

Las asociaciones médicas del país solicitaron (y siguen solicitando nueve meses después) que se invierta un billón de pesos para organizar 5.000 equipos de salud pública en los territorios, para duplicar o triplicar la capacidad de los distritos y municipios en diagnóstico de casos, aislamiento y rastreo de contactos, esfuerzo fundamental que sí realizaron los países que mejor controlaron la pandemia.

Con un poco de audacia y menos del 2% del gasto en salud, hubiera sido posible contener con mayor efectividad la transmisión y de paso consolidar una verdadera reforma para retomar la senda de la prevención en Colombia, al reforzar la capacidad de salud pública en los territorios, no sólo para enfrentar el COVID sino también para controlar el Dengue, el ZIKA, la malaria y un sinnúmero de problemas sanitarios que no se enfrentan con la decisión necesaria. Pero no, los dineros de la hacienda pública y del sector salud están dirigidos a otras prioridades y a otros intereses.

Cómo explicar, igualmente, que el representante de las EPS, cuando iniciaba el primer pico de la pandemia haya solicitado públicamente la disminución de las pruebas diagnósticas para el COVID y, al día siguiente, el Ministro de Salud haya dado la orden de reducirlas (La República, junio 26), dejando al país sin herramientas válidas y suficientes para el control de la transmisión, lo que creó las condiciones para que se mantuviera una meseta de casos positivos y muertes.

¿Quién ejerce la autoridad sanitaria en el país?, pregunta en El Espectador el columnista Fernando Galindo (diciembre 10).

Cómo se puede entender, de forma distinta al planteamiento señalado, que la deplorable situación laboral de los trabajadores de salud, evidenciada y proclamada como vergonzosa por los medios de comunicación, no haya sido enfrentada con decisión por el Gobierno (que les exige triplicar su esfuerzo e incluso exponer su vida), mientras que, en virtud de las decisiones del Ejecutivo, en plena pandemia, las EPS obtienen la mayor rentabilidad de los años recientes, “valor histórico que no se observaba en el sistema de salud desde hace muchos lustros”. (Periódico El Pulso, No. 265, octubre de 2020 y 268, enero de 2021).

¿Cómo explicar que el propio Ministro de Salud presuma, públicamente, de que Colombia fue uno de los pocos países de Latinoamérica que abrieron la economía, mientras el país atendía el primer pico de la pandemia (El Tiempo, diciembre 31), cuando la gran mayoría de los países desarrollados han cerrado y vuelto a cerrar completamente sus actividades comerciales y laborales durante los picos, al tiempo que reforzaron la búsqueda y aislamiento de casos y contactos para levantar las restricciones entre los mismos?

¿Cómo explicar la rabieta del Gobierno ante la decisión de un juez de aceptar, por vía de tutela, la exigencia de medidas de precaución para los viajeros procedentes de otros países, medidas que muchos países han considerado no solo útiles sino indispensables?

¿Cómo explicar una política que le haya hecho creer a los ciudadanos que es seguro viajar en avión sin precaución alguna, mientras otras naciones aíslan por dos semanas a todos los pasajeros si se presenta un caso positivo en un vuelo internacional?

¿Cómo entender que, dado que el dinero del Sistema de Salud lo manejen las EPS en un 90% y los municipios en menos del 5%, los alcaldes sean ahora los responsables de la crisis hospitalaria?

Más injusta aún resulta esta atribución gratuita de responsabilidad, si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional financia la emergencia económica, social y ecológica con dineros de los territorios: el fondo de ahorro y estabilización de las regalías y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET).

En conclusión, en procura de no afectar los intereses del establecimiento, se ha reducido el manejo de la pandemia “a sus justas proporciones”, por lo que recordamos el talante del gobierno del expresidente Turbay, quien, además de promulgar oficialmente esta forma de manejar los problemas del país, también instauró, según algunos estudiosos, el modelo político de gobierno, basado en la lucha contra el “enemigo interno” que nos ha regido en los últimos 30 años: “El Estatuto de Seguridad es simplemente una respuesta represiva a la miseria”, sentenciaba el asesinado líder Luis Carlos Galán.

Desafortunada o afortunadamente, la magnitud de esta pandemia no le permitirá al Gobierno continuar la política de controlar el problema “en sus justas proporciones” para no afectar los intereses de los grupos de poder. Se perderán, o mejor, se dejará de generar valor agregado por 12 billones de pesos, advierte Fedesarrollo, con los nuevos cierres ocasionados por el segundo pico, aún más grave que el primero.

Además, está en camino un tercer pico con la mutación británica del virus, evaluada como 50 a 70% más contagiosa, capaz de incrementar los casos vertiginosamente, y  por ello la mortalidad en la misma proporción, si se mantiene la misma rata de mortalidad entre los contagiados.

También se advierte el riesgo de la mutación brasileña, ya presente en el territorio amazónico y finalmente la sudafricana.

En fin, Angela Merkel le dice a los alemanes que la situación por venir es de enorme gravedad (aun cuando se haya iniciado la vacunación) y toma medidas drásticas para tratar de bajar la tasa de contagiados por 100.000 habitantes, lo mismo que hacen otros líderes, incluso los que antes negaban la peligrosidad de la pandemia, como Boris Jonhson.

¿Acaso no sabe la líder alemana cuánto pierde su país en valor agregado cerrando la producción y el comercio un mes? Tan solo 100 billones de pesos colombianos. Y eso que ya perdió 150 billones con el 5% de la caída del PIB en 2020.

Debía llevarse a los expertos de Fedesarrollo, pues los suyos le asesoran mal: no conservan las “justas proporciones”. Pretende cerrar toda Alemania hasta bajar la tasa de contagiados a 50 x 100.000 habitantes. Bogotá está en 600.

Veremos si la gravedad de la situación (50.000 muertos y contando), no obliga al gobierno colombiano a tomar en serio el control de la transmisión del virus y se decide (nueve meses después) a invertir el billón de pesos que solicitan las asociaciones médicas, científicas y de investigación en salud, para el control efectivo de la pandemia en los municipios.

Los costos económicos y sociales de no hacerlo pueden ser inconmensurables. Los cálculos de resultado, desde la óptica de las “justas proporciones” de seguro se verán desbordados.

Situaciones excepcionales no se pueden manejar con políticas temerosas. Favor colocar un aviso: “Se requiere audacia, se suprimen temporalmente las justas proporciones”.

(*) Presidente de Fedesalud
Investigador Grupo de Protección Social, UNAL
Enero 21 de 2021

Adendum:

Sobre la vacunación Roberto Amorebieta, en el semanario VOZ advierte:

“Cuando muchos esperábamos que la pandemia mostraría el lado más humano de las personas y de los gobiernos, la competencia entre los países por el acceso a las vacunas y la gestión que algunos de ellos han dado a la vacunación, han llevado a pensar una vez más que es preferible ser pesimista” (…)

“No solo ha sido la feroz competencia por el acceso a los elementos básicos de protección sanitaria, como al principio de la pandemia cuando vimos a las potencias (como si fuesen gángsters de película barata) arrebatarse cargamentos enteros de tapabocas y guantes quirúrgicos. Ahora es el acaparamiento que los países industrializados están haciendo de las vacunas”

“Se estima que Europa y EEUU, que representan algo más del 20% de la población mundial, han adquirido más de la mitad de la producción mundial. La situación es tan preocupante que el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, instó a los países ricos a no cerrar más convenios bilaterales con las farmacéuticas, pues esto puede llevar a la escasez de vacunas en el mundo y su consiguiente encarecimiento, poniéndolas aún más lejos del alcance de los países pobres”

“Otro motivo de pesimismo ha sido el amañado manejo de la información que ha servido para construir toda suerte de relatos que intentan explicar al público lo que está pasando” (…)

“Parte importante de esta matriz de interpretación se refiere a las vacunas que se están desarrollando por diferentes laboratorios alrededor del mundo. Según la narrativa hegemónica, se aplauden los desarrollos de las vacunas estadounidenses y británicas mientras se siembran dudas sobre la eficacia de la vacuna rusa Sputnik V. Asimismo, se ignoran o directamente se tergiversan las informaciones sobre el buen manejo que países como Venezuela o Cuba han dado a la pandemia”

“Lo cierto es que las estadísticas son solo un estimativo de la situación real. Hay varios motivos: El bajo número de pruebas diagnósticas que impide identificar y rastrear todos los casos, los casos de pacientes que no reportan su condición a las autoridades sanitarias y se curan o fallecen en casa, los casos asintomáticos que no logran ser rastreados y expanden el contagio sin saberlo, entre otros”

“No está de más dar un repaso a los avances que han hecho algunos países de América Latina en su compra y en la implementación de programas masivos de inmunización”:

“Argentina: El presidente Alberto Fernández autorizó la compra de 21,5 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, 22,5 millones de dosis de la vacuna británica de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca y 10 millones de dosis más a través del sistema de vacunas de las Naciones Unidas, COVAX”

“La vacuna británica ya se está produciendo en territorio argentino en un proyecto conjunto con otros países de Sudamérica. A pesar de las voces de la oposición más conservadora que con teorías de la conspiración intentaron sembrar dudas sobre la eficacia de la vacuna rusa, esta ya se está aplicando a miles de personas en condición vulnerable y a miembros del personal de salud”

“Brasil: La adquisición y distribución de vacunas es un ejemplo más de la forma como el negacionista Jair Bolsonaro parece cada vez más una figura decorativa en su gobierno que el verdadero presidente del país. Mientras continúa insistiendo en que el covid-19 es una gripecinha (una gripita), se niega a vacunarse, sigue convocando a manifestaciones a sus simpatizantes y sostiene en público que “¿para qué cuidarnos, si al final todos vamos a morir?”, el Supremo Tribunal Federal declaró obligatoria la vacunación de toda la población”

“Por su parte, los estados están tomando decisiones sin esperar la autorización del gobierno federal. Bahía ya adquirió 20 millones de dosis y Paraná negocia los derechos de producción de la vacuna. El Ministerio de Salud, haciendo caso omiso de Bolsonaro, anuncia que avanzan a buen ritmo los programas de vacunación y que se adelantan negociaciones con las multinacionales farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca-Oxford, Moderna, Janssen y Bharat Biotech”

“México: El presidente Andrés Manuel López Obrador (quien en un principio reaccionó errática y equivocadamente ante las medidas de precaución frente al contagio) se adelantó y desde diciembre pasado convirtió a México en el cuarto país del mundo en adquirir la vacuna de la farmacéutica Pfizer. El país negocia con Rusia la compra de derechos de fabricación de la vacuna Sputnik V, ya autorizó la compra de millones de dosis de la vacuna china y tiene una sociedad con el laboratorio AstraZeneca, el gobierno inglés y el gobierno argentino para adelantar investigaciones. Además, el laboratorio alemán CureVac iniciará pruebas de la fase III en territorio mexicano y mientras tanto las jornadas de vacunación se adelantan en los sectores de población más expuestos y vulnerables”

“Venezuela: Como respuesta al ilegal bloqueo económico y financiero que el gobierno de EEUU mantiene contra Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro adelantó rápidamente negociaciones con Rusia y China para la adquisición de sus vacunas”

“Desde mediados de 2020, Venezuela se convirtió en uno de los países donde se hicieron las pruebas de la fase III de la vacuna rusa, lo que le valió tener uno de los primeros turnos en su adquisición. Ya se firmó el contrato de compra y se espera que esta primera fase de vacunación masiva comience en abril. El presidente Maduro advirtió que a diferencia de su vecino Colombia (que negó la vacunación a inmigrantes en condición de irregularidad), Venezuela vacunará gratuitamente a toda la población, independientemente de su condición migratoria”

“Cuba: La estrategia cubana de contención de la pandemia ha consistido en fortalecer el ya robusto sistema de salud pública, basado en la promoción de la vida saludable como prevención de la enfermedad”

“El impacto de la pandemia ha sido leve (en comparación con otros países del entorno) porque se han conjugado varias circunstancias. Su condición de isla facilita el control sanitario de los visitantes y la rápida detección y rastreo de los casos, el sistema de salud es de calidad y la disciplina de sus habitantes contribuye a frenar la expansión de los contagios. Mientras tanto, la isla comenzará a producir la vacuna rusa y adelanta la investigación de sus propias vacunas” (Soberana 01, Soberana 02, Mambisa y Abdala)

“Colombia: El Invima autorizó el uso de la vacuna de Pfizer y el Gobierno anunció la compra a las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca de suficientes dosis para 10 millones de personas. Aún no se ha hecho la adquisición. Se anunció que la vacunación comenzará en febrero, pero aún no hay una fecha confirmada. Incertidumbre” (17 de enero de 2021)

Tomado de semanariovoz.com