Por: Cicerón Flórez Moya|Cúcuta, 1° Noviembre 2020

 La insistencia en advertir prácticas autoritarias en el gobierno de Colombia no es ninguna obsesión de quienes están en la orilla de la oposición política. Muchos de los actos oficiales lo confirman. 
El presente del país se está pareciendo mucho al pasado borrascoso entre finales de los años 40 y buena parte de los 50 del siglo XX, cuando se desbordó la violencia partidista que le abrió el camino a la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces también el sectarismo se expresaba a sangre y fuego y los medios de comunicación fueron sometidos a censura. El Congreso fue cerrado y los críticos de los desatinos oficiales padecieron persecución con alevosía. 

Las semejanzas del presente con ese pasado de sectarismo, arbitrariedad, violencia, intolerancia y supresión de las garantías democráticas es cada vez más nítido con las jugaditas de los senadores del Centro Democrático para impedir un debate sobre moción de censura o de control político, o las evasivas del Ministro de Defensa, o el menosprecio presidencial a la minga, o la campaña contra lo sustancial del acuerdo de paz con las Farc, o contra las decisiones judiciales que afectan a los amigos del gobierno, o los favorecimientos millonarios a los que más tienen, mientras a los pobres les ofrecen las migajas de la opulencia. 
Mientras los problemas que más aprietan a los colombianos se agudizan, los que gobiernan consienten la corrupción y a sus actores o se hacen cómplices de conductas contrarias al patrimonio público. Hay unas mafias o clanes familiares que explotan el poder con patente de corso, con blindaje de legalidad para la comisión de todo lo que abarque su insaciable avaricia. 
Al tiempo que se habla de democracia, se invoca la patria con pedante acento, o se abunda en la demagogia del asistencialismo engañoso, se permite el abusivo aprovechamiento de los recursos naturales para enriquecer más a empresas multinacionales sin tomar en cuenta los perjuicios colectivos que se causan. 
Colombia está en un presente crucial. La llamada institucionalidad se ha resquebrajado bajo la presión de los grupos apartados de la legalidad, en los cuales se encuentran sectores alineados en el poder con ínfulas de dueños. 
Este presente con reactivación de prácticas del pasado que anegaron de atrocidades a la nación es inquietante. Representa un retroceso recargado de frustraciones, pues le cierra el paso a posibilidades de renovación. 
Frente a ese revés no debe haber resignación. No podemos los colombianos ser pasivos ante el bloqueo al desarrollo democrático. Sería insólito volver a la dictadura, o retroceder en el desmonte de la lucha armada. Lo que se ha alcanzado contra el autoritarismo de gobierno hay que defenderlo y avanzar hasta completar el cambio. 
Puntada.
 La nueva investigación de María Jimena Duzán, plasmada en serie, Mafialand, es periodismo en su mejor expresión. Está por encima de ese repertorio de oficialismo servil en que han caído algunos comunicadores de medios resonantes.