MAYO/ 4/2020
Por Alfonso castillo
hojasuelta0@gmail.com
Defensor de derechos humanos

  • Capitalismo, pobreza, violencia, corrupción,
  • Indiferencia, injusticia,
  • Males nuestros de cada día

Desde finales del 2019 del mundo empezó a escuchar de un modo u virus que afecta la vida de las personas hasta llevarlos a una pronta y angustiosa muerte, con origen establecido en la provincia china sin que se haya podido determinar la causa de la enfermedad como es la humanidad ha venido asistiendo a la propagación trompas de la enfermedad llamada COVID 19 mejor conocida como coronavirus.

Y es que no se trata de una “gripita” como de manera peyorativa la denominaron los patanes gobernantes Jair Bolsonoro y Donald trump. Se trata de una grave enfermedad respiratoria de fácil propagación y que hasta la fecha no tiene vacunas que la prevenga y como el virus tiene una alta tasa de contagio de manera que un portador del virus puede transmitir la enfermedad con sólo hablar o con el solo contacto de objetos que éste haya tocado.

Así, en cuatro meses de pandemia han sido infectadas hasta el 1° de mayo 3.214.256 personas y habían fallecido 232.570 personas en el mundo según cifras de la Organización Mundial de la Salud OMS, logrando paralizar la vida social y económica a escala planetaria.

Ahora bien el tratamiento de la pandemia y aun la prevención, son relativamente fáciles, una persona afectada necesita atención en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) dotadas de respiradores mecánicos y aplicación que algunos medicamentos y en cuestión de unos días el riesgo de muerte puede disminuir considerablemente, sin embargo el problema entonces, consiste en que con los elevados niveles de contagio de esta enfermedad, los sistemas de salud no dan abasto para atender tal cantidad de enfermos y el problema se puede agudizar, porque como hemos visto la salud desde hace muchos años, se mercantilizo, el capitalismo volvió un negocio lo que es un derecho. La prevención requiere individuos con altos defensas personales y evitar el contacto con personas contaminadas, sea porque tienen los síntomas o porque son portadores, sin embargo, altas defensas en sociedades empobrecidas económicamente que no permiten una adecuada alimentación y buena salud física y mental no son posibles.

Es por esto, que las medidas adoptadas por muchos países de declarar el aislamiento social o confinamiento, para ayudar a evitar la propagación del virus y preparar el sistema hospitalario para mejorar las condiciones de atención y tratamiento con mayor cobertura, es una medida, que a pesar de los costos económicos debe mantenerse. La cuestión con esta medida preventiva es su alto costo social, económico y aun psicológico, sin embargo, hay que adoptarla, si se quiere proteger la humanidad de un daño mayor. El aislamiento exige suspender toda actividad social y ponerse en plan de autocuidado en un lugar no expuesto al contacto con personas que circulan en escenarios de riesgo de contagio.

Es claro que la afectación de la economía no tiene punto de comparación con ningún momento la historia, los precios del petróleo han caído a cifras irrisorias, el desempleo ha crecido exponencialmente y han aflorado todas las debilidades del decadente sistema capitalista y su criminal modelo neoliberal, que con su afán de lucro incesante, promueve la inequidad, la injusticia social, la violencia y la desigualdad, arremete con los derechos humanos y de los trabajadores y depreda el medio ambiente, destruyendo al ser humano silenciosamente.

El impacto por contagiados y muertos por el coronavirus es alto y puede aumentar considerablemente si se privilegia la economía, en lugar de cuidar la salud y la vida, esto teniendo en cuenta la manera fácil con la que se propaga el mal.

Esta situación nos recuerda la fragilidad humana y las crisis generadas por otras pandemias: Como la llamada “gripa española” que entre 1918 y 1920 contagio cerca de 500 millones de personas y provocó la muerte de aproximadamente 100 millones de personas en el mundo, la II Guerra Mundial (1939 – 1945) provocó la muerte de no menos de 100 millones de personas, en 2019, 113 millones de personas murieron de hambre en el mundo afectando especialmente a niños y niñas en los países económicamente pobres, cada año mueren asesinadas por violencia de genero más de 50.000 mujeres en el mundo, la mayoría de ellas provocadas por su pareja sentimental o un familiar. Y la persistente presencia de la malaria, que cada año registra más de 200 millones de personas contagiadas el mundo, y sigue matando un promedio anual de 450.000 personas especialmente niños menores de 5 años, esto a pesar que la enfermedad se previene, si se provee a las comunidades de agua potable, y la vacuna para la enferme ya existe. También recordar el virus del Ebola en el año 2014, el AHN1 entre 2009 y 2010 y el virus del dengue en 2019, enfermedades estas que como plagas matan a miles de personas que mueren cada año por estas plagas. Sin duda alguna estas cifras son escalofriantes e invitan a pensar hasta qué punto el afán de enriquecimiento, la violencia y el daño sobre el medio ambiente, son las causantes de este panorama de desigualdad y muerte en el mundo, panorama del que sin duda alguna Colombia no es la excepción, porque en nuestro territorio cohabitan todos estos males, en medio de un panorama de ausencia de políticas públicas, violencia, impunidad y desgobierno.

Colombia, como parte del miserable y violento sistema capitalista y el modelo neoliberal, es escenario de plagas iguales y aún peores que el COVID 19, que a la fecha del 1° de mayo había contagiado a 7.006 personas y causó la muerte a 314. Estas cifras que pareciendo bajas, están lejos del fin de la etapa de contención y se pueden aumentar con la medida irresponsable del Presidente Iván Duque de autorizar el retorno en la actividad productiva para algunos sectores de la economía, lo cual sin duda va a repercutir en el aumento de personas contagiadas y fallecidas, porque no están dadas las condiciones que garanticen la bioseguridad de quienes retornan a actividad laboral, ni en el transporte público, ni en sus lugares de trabajo. Colombia, es el nicho de otras pandemias que permanecen silenciosamente desde hace muchos años en la sociedad y son de alta letalidad, provocan desigualdad y agravan la pobreza, y generan miles de muertes cada año entre esas plagas están las siguientes:

La violencia socio política, durante varias décadas el país ha estado asolado por una guerra civil 1948 – 2020 con profundas motivaciones económicas y políticas, que ha provocado millones de víctimas ( más de 9.000.000 a la fecha son víctimas directas) miles de hectáreas de tierras que entraña mucha riqueza han sido despojadas a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y a campesinos, (más de 6 millones de hectáreas) este despojo, ha sido promovido por terratenientes, políticos, empresas nacionales y transnacionales y mafias, esta guerra ha logrado provocar personas desplazadas, desaparecidos, torturados, mutiladas, forzadas a exiliarse, reclutadas forzosamente, violadas, las cuales a pesar de la existencia de una ley para su reparación (1448/11) reparación integral en su gran mayoría no lo han sido, principalmente por falta de voluntad política del estado.
La violencia socio política ha dejado en claro, que el estado colombiano es el responsable de una parte importante de toda esta criminalidad, a partir del impulso de la política denominada “enemigo Interno”, con la cual las fuerzas militares y el aparato judicial, combatieron a ciudadanos bajo la presunción de considerarlos agentes del comunismo, y por tanto, objeto de persecución por “ser un peligro para el estado”. Bajo esta filosofía militares y policías, han actuado está limitando sus funciones y violando los derechos humanos, cometido crímenes como la desaparición forzada, la tortura amenazas, falsos positivos, abuso de autoridad, entre otros crímenes que permanecen en la más profunda impunidad.

En estos últimos años, Colombia asistió a un proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que pretendía poner fin a una parte importante de esta violencia, este proceso culminó en el año 2016 con un acuerdo sobre aspectos del desarrollo rural, la participación política, drogas de uso lícito, derechos de las víctimas y garantías de reincorporación y no repetición. sin embargo, tres años después de implementación, buena parte del acuerdo no se ha implementado, entre otras cosas porque una parte del estado colombiano, entre otras cosas porque una parte de la clase política que dirige el país sigue negando la existencia del conflicto armado y consecuente con esto, ha desatado una guerra contra los acuerdos de paz y su implementación.

De los asuntos más evidentes que explican el desarrollo del de la “política de hacer trizas los acuerdos” son: La persistencia del paramilitarismo y la negativa del gobierno a desmontarlo, la continuidad del despojo de tierras a comunidades y campesinos y un proceso de restitución y retornos, que son un completo fracaso, se mantiene intacta la política del “enemigo interno” por parte de las fuerzas militares y la violación a los derechos humanos, son una constante en el accionar de la fuerza pública y de la policía, así, se evidencia con la forma en que proceden cuerpos armados como el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD que en cada acción, cometen abusos de autoridad, y mantienen el uso de armas letales provocando heridas, graves afectaciones a la integridad y algunas veces dar muerte a manifestantes que reclaman derechos constitucionales.

Quizá el asunto más grave del incumplimiento del acuerdo de paz, es el creciente número de líderes y lideresas sociales asesinados en regiones afectadas históricamente por el conflicto armado, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinadas 387 defensores de los derechos humanos y constructores de paz hasta la última semana de abril, siendo el caudada uno de los departamentos más afectados según cifras de INDEPAZ , estos asesinatos permanecen aún en tiempos de cuarentena siendo asesinadas 16 líderes y lideresas en varias regiones del país. También están siendo asesinados ex combatientes de las FARC, alcanzando la vergonzosa cifra de 194 ex combatientes de muertos.

De conjunto, el país sigue sumergido en un conflicto social y político que provoca muertes, genera injusticias, desigualdades y en todo caso, ausencia del estado, que sólo se limita a hacer presencia militar en los territorios, también permanece una alta impunidad y persiste la violación a los derechos humanos, así como la negativa de muchos responsables de la violencia a reconocer la verdad histórica. Todas estas plagas son las que dificultan la construcción de la paz duradera y estable en Colombia.

Corrupción e impunidad, estas dos plagas hacen parte de la forma en que buena parte de la clase dirigente del país, hace política desde hace muchas décadas, estableciendo clientelas que la respaldan electoralmente cada vez, para ganar espacios legislativos, judiciales y de gobierno y desde allí, legislar, “gobernar” y facilitar el saqueo de los recursos públicos en favor de intereses personales y familiares, aumentando sus fortunas y el poder, lo que ayuda a dar continuidad a este círculo vicioso. De esta manera las denuncias sobre corrupción a la clase política, se quedan en escándalos mediáticos fugaces, que sólo duran hasta el siguiente y bochornoso hecho de corrupción. En nuestra historia reciente Foncolpuertos, Reficar, Ruta del sol, Hidroituango, Odebercht, el cartel de la Toga, el cartel de la Homofilia, las EPS, Agro Ingreso Seguro, los Programas de Alimentación Escolar (PAE), la Yidis política, el proceso 8000, y más recientemente el escándalo de la Neñe política, que denuncia la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Iván Duque, todos estos escándalos son parte de una larga lista en la que se reitera una y otra vez cómo la clase política se apropia impunemente de los recursos públicos, destinados al desarrollo social, económico y cultural de los colombianos, mientras ellos siguen disfrutando de la tranquilidad y complacencia de los entes de control que no los sanciona porque también están controlados por ellos.

Durante la crisis del coronavirus, las cosas no podían ser de otra forma, la clase política hace fiestas con los dineros públicos, durante estos días hemos escuchado a través de los medios de comunicación cómo funcionarios públicos, han firmado jugosos contratos con elevado sobre costos, para la compra de mercados, muchos de los cuales no llegan a los más necesitados, pero también se hacen denuncias de contratos para conciertos en tiempos de cuarentena, de pedagogía virtual de prevención de contagio, en zonas donde no hay cobertura de internet como en el chocó, se aprovechan los políticos para sacar jugosas tajadas en la compra de equipos médicos, hospitalarios, en la muy anunciada y no vista de compra de test para masificar la toma de muestras de contagio a la población, contratos para la compra de implementos de aseo y de bioseguridad, contratación para la adecuación de infraestructura. Se roban todo lo que está a su alcance, saben que, si se investigación, terminan por dejar pasar el hecho, no castigar y en todo caso, sin obligar a devolver un peso de lo robado.

El Presidente Iván Duque los ha llamado a los corruptos “Ratas de alcantarilla”, pero más allá de eso y del show, no ha trascendido en ninguna condena o sanción política para funcionarios que, aun siendo parte de su control, permanecen en sus cargos como si nada, como sucede con denuncias de medios de comunicación sobre Ministerios y entidades de carácter nacional. La Contraloría, así como la fiscalía General y la procuraduría han anunciado investigaciones, pero como en el pasado, éstas se quedarán traspapeladas, y los corruptos seguirán actuando a sus anchas y en el peor de los casos, algún familiar suyo o una persona que a nombre suyo seguirá asaltando los recursos públicos.

Así las cosas, con el descaro que hemos visto en esta crisis de la pandemia, podemos asegurar que corrupción e impunidad de nuestros gobernantes, serán plagas con las que tendremos que vivir por muchos años más.

Una plaga no menos grave, está anclada en nuestra “cultura” o al menos es lo que se dice para justificar una práctica inaceptable y frente a la cual la sociedad tendrá que hacer muchos esfuerzos para lograr su extirpación, el patriarcalismo, a través del cual se han agredido, segregado, negado derechos y aun violado y asesinado a miles de mujeres en nuestro país. Esta práctica machista que sutil o abiertamente, es la generadora de múltiples violencias contra las mujeres, la cual se ejerce de varias formas: Física, psicológica, sexual, económica y social, está instalada en las mentalidades de la sociedad llegando al punto de normalizar y naturalizar las discriminaciones y las violaciones contra las mujeres. Es urgente que, desde la institucionalidad, la sociedad y los individuos se hagan mayores esfuerzos para superar lo que cada día se ha convertido en una práctica criminal en nuestro país.
Las denominadas violencias de género, agreden cada año en nuestro país a miles de mujeres e incluso se extiende hasta el ejercicio de violencia contra personas diversas sexualmente y aún son alarmantes las cifras de violencia contra niñas menores de cinco años y adultos mayores, en lo que se denomina la violencia intrafamiliar. Esta violencia es mayoritariamente ejercida por el hombre adulto de la casa, que a partir de la falsa creencia que es él quien determina la autoridad y el poder, al que nada se le puede cuestionar o contradecir y que, de hacerse, éste se cree con el “derecho” de violentar a las mujeres y otros (autoritarismo) miembros del hogar.

En Colombia, existe el patriarcalismo y se desarrolla desde las leyes, los actos de gobierno y aun en la justicia, en la escuela, en el hogar y aunque hay avances en la superación de estas prácticas y la sociedad colombiana lejos está de superar la discriminación y violencia contra las mujeres y las diversidades sexuales.

Las cifras de violencia contra las mujeres causan preocupación y dan cuenta de la falta de eficacia de las políticas públicas para prevenirla y de la incapacidad en la justicia para sancionarla. Cada año en Colombia según denuncias y datos de medicina legal, se presentan en promedio 120.000 casos de violencia contra las mujeres cada año, de las cuales entre 500 y 800 corresponden anualmente a casos de feminicidio, también son alarmantes las muertes por suicidio en un promedio de 700 casos cada año. De las denuncias presentadas cerca de 20.000 corresponden a casos de violencia sexual anualmente. Toda esta violencia tiene un común denominador, la impunidad pues sobre estos casos cerca del 80% terminan sin sanción a los agresores.

También es preocupante como persisten prácticas de acoso sexual, violaciones y agresión física, “justificadas” en la idea machista de que un hombre “tiene derecho sobre el cuerpo de la mujer”, en todo caso, es necesario reconocer que la violencia contra las mujeres va en franco ascenso cada vez más.

Y La violencia de género y violencia intrafamiliar, ha aumentado en estas épocas de cuarentena según las denuncias que se conocen a través de los medios de comunicación y las comisarías de familia y datos de la policía nacional, estas cifras indican que durante el período de la cuarentena la policía recibió un promedio de cien llamadas diarias que denunciaban casos de violencia en los hogares, duplicando el promedio diario antes de la cuarentena, en la ciudad de Bogotá la línea por pura recibió un promedio de 470 llamadas diarias durante los primeros 25 días de la cuarentena, mientras que antes de la cuarentena se recibía un promedio de 180 llamadas diarias, lo que pone en evidencia la intolerancia, el patriarcalismo y la ausencia de eficacia de las medidas para contrarrestar este tipo de prácticas al interior de los hogares.

La violencia contra la comunidad LGBTI, también es preocupante que, de acuerdo a los datos de Colombia diversa, unos promedios de 100 personas son asesinadas cada año, desde 2014 es sólo por ostentar una orientación sexual diferente. Alguna de esta violencia es incluso causada por agentes de la fuerza pública como se conoció recientemente en las medidas de control durante la cuarentena.

Como se observa, muchas son las preocupaciones que deben tender las autoridades y en general a sociedad, si de proteger los derechos a las mujeres y generar ambientes seguros para ellas se trata, hay que instaurar una política pública con mejores y mayores herramientas que las que hasta ahora se conocen. Igualmente es necesario intensificar la pedagogía través de los medios masivos de comunicación, así como, desarrollar los ajustes legislativos que permitan tener penas más efectivas para quienes estén comprometidos en prácticas de violencia de genero e intrafamiliar

4. Persisten entre nosotros por supuesto otras, como por ejemplo la contaminación del medio ambiente provocada entre otros elementos por el aumento desmedido del parque automotor, incluido el transporte público entre ellos el tras milenio que aún tiene amplia flota de buses cuyo combustible sigue siendo él disel, y además de algunas industrias tienen eran altas proporciones de emisiones contaminantes, igual se siguiera siendo vertimientos sólidos y químicos sobre las aguas de las fuentes idílicas en la ciudad de Bogotá, continúa desarrollándose la explotación de las canteras sin las adecuadas medidas de protección del medio ambiente, y como se conoció la última semana ocurrió una nueva tragedia en el botadero Doña Juana, donde ocurrió un derrumbe, lo que causó de inmediato una contaminación del aire y la proliferación de vectores transmisores de enfermedades respiratorias y cutáneas, porque entre otras cosas sencillas y un de un mal manejo de estos residuos y porque aún falta mucha pedagogía para que la ciudadanía aprenda a reciclar en la fuente.

También preocupa las altas tasas que existe en la sociedad colombiana, de acceso a la salud entre otras cosas porque la privatización de esta, ha ido en desmedro de la ampliación de cobertura, mejora en la calidad, adecuados tratamientos y contratación del personal médico sin respeto a su estabilidad y sus derechos laborales. Situación similar se presenta en la educación, donde el personal docente no tiene las suficientes garantías para el ejercicio profesional, además de la piel y de culto al que existen y se han hecho evidente durante la crisis generada por el COVID 19, del acceso una parte importante de los estudiantes en ciudades como Bogotá al uso de tecnologías de la información y la comunicación lo que impedido un adecuado desarrollo de las cajas medios virtuales además de insuficiencias en la entrega oportuna y adecuada de los recursos para los refrigerios y las comidas calientes.
Otros males que nos atacan permanentemente, son la indiferencia social, acompañada de una alta tasa de analfabetismo escolar y político, la intolerancia, la delincuencia social, las enfermedades mentales los altos índices de consumo de alcohol y sustancias y cortinas especialmente entre la población más joven los altos índices de embarazo entre adolescentes, el maltrato animal, entre otros, que generan importantes tasas de violencia.

Resulta claro que el país enfrenta grandes desafíos y la pandemia del coronavirus, los ha hecho más evidentes, han estado con nosotros y nosotras afectando a amplias capas de población vulnerando permanentemente sus derechos y en muchas ocasiones llevando a la población a niveles insospechados de pobreza, tal como hemos conocido durante los 40 días de aislamiento social, que en Bogotá tiene indicadores cercanos al 50% de la población económicamente activa, que depende de la economía informal, lo cual da cuenta de los graves problemas vulnerabilidad y acceso a un ingreso estable y digno, así como, a la seguridad social, pensión, riesgos laborales, vacaciones, entre otros derechos laborales.

Durante estos días, del desarrollo de la pandemia, hemos escuchado muchas reflexiones, sobre los cambios qué debe asumir el comportamiento humano después de superar la crisis, también hemos escuchado notas editoriales de importantes periódicos del mundo donde se habla del fracaso del capitalismo, se ha hablado sobre la protección al medio ambiente, sobre el consumismo, sobre la importancia de recuperar las relaciones familiares y en fin una serie de temas, que seguramente pasarán a un rápido olvidó, una vez la humanidad descubra la cura o desarrolle la vacuna contra esta terrible enfermedad, lo cual seguramente sucederá en no muchos días y de la cual también, con mucha seguridad, las grandes empresas farmacéuticas, se olvidarán de la solidaridad que proclaman y hablan hoy y convertirán esto en un nuevo negocio que nos llenará de grandes riquezas.

Por esta razón, es importante que desde los sectores alternativos y de izquierda, se tenga en cuenta el papel que va a jugar la movilización social, la protesta en las calles y la lucha organizada, en primer lugar para reclamar los derechos que por cuenta de las medidas adoptadas por los gobiernos, se han perdido para los trabajadores y los sectores más empobrecidos, como por ejemplo el establecimiento de sistemas de seguridad social a cargo del estado y no en manos de mercantilistas y traficantes de las necesidades de la salud. La prestación de los servicios de salud debe retornar como una obligación indelegable a los estados sociales de derecho o democraticos .

Así mismo, se deben animar las luchas que permitan el establecimiento de mejores condiciones para el ejercicio del derecho al trabajo, empezando por sistema de contratación duradera y estable, el término de la tercerización laboral, el derecho de asociación y la negociación colectiva, salario digno, desmonte la ley 100 de 1993 entre otras garantías de trabajo digno.

Pero sin duda alguna, las banderas que deben retomar los sectores alternativos son las que tienen que ver con la derrota al capitalismo y el modelo neoliberal, la bandera de lucha inmediata en este camino es exigir el no pago de la deuda externa de los países más pobres.

Tal y como se ha evidenciado durante esta crisis generada por la pandemia del Covid 19, la humanidad requiere un modelo alternativo de sociedad basado en la solidaridad, en la garantía de derechos plenos para todos y todas, por supuesto esto sólo lo logrará con la lucha social a partir de la organización y la concientización de los trabajadores y los sectores populares que tienen que seguir desarrollando la batalla contra los capitalistas, que sólo han pensado y lo seguirán haciendo en cuanto se les permita, en agrandar sus beneficios en medio de cualquier situación como lo ha constatado la humanidad en esos días.

También es responsabilidad de las organizaciones sociales políticas alternativas, desarrollar mejores procesos de formación política que permitan elevar la conciencia de la sociedad, entorno a distintos problemas, como la derrota del patriarcalismo, la protección del medio ambiente y el desarrollo de la solidaridad consciente, que nos permitirá construirnos como mejores seres humanos.

Estas, entre otras batallas, derrotaran todas las plagas que el capitalismo ha provocado en detrimento del ser humano.

Sólo la lucha popular organizada y consciente construirá un mejor mundo.

Bogota 4 de mayo de 2020