Por: Cicerón Flórez Moya

Los 16 magistrados que actualmente integran la Corte Suprema de Justicia decidieron superar las diferencias entre ellos, que se habían convertido en barrera dentro de la corporación para la toma de decisiones esenciales correspondientes a su normal funcionamiento, y eligieron al jurista Francisco Barbosa Fiscal General de la Nación. Ese acto es importante porque desmonta el bloqueo predominante, perturbador, sin duda, dados los efectos negativos que genera con respecto al orden institucional del país. Esa decisión debe restituir la fluidez en el funcionamiento de una entidad esencial en el engranaje de la justicia.

Pueda ser que la normalidad no resulte efímera y la Corte retome su dinámica funcional, alejada de los desatinos en que incurrieron varios de sus magistrados en el afán del enriquecimiento ilícito, con detrimento de la ética pública y de la integridad de la justicia.

Salir de ese laberinto será una gran contribución a la reconstrucción de la confianza en una rama del poder público con tanto peso en el Estado de derecho, que es también el soporte de la democracia y de la paz.

La respetabilidad de la Corte está en relación directa con la pronta y cumplida justicia que tanto importa para todos los colombianos.

En cuanto a la elección del Fiscal General de la Nación, es sin duda un alivio. Lo que sigue es la prueba para el investido con esa dignidad, Francisco Barbosa. Tendrá que demostrar no solamente su idoneidad en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo sino también su talante, su capacidad de independencia frente a los intereses partidistas u otras parcialidades.

El nuevo Fiscal llega a ese cargo con el antecedente de su estrecha vinculación personal al presidente Iván Duque, a quien asesoró en las objeciones del Gobierno a la ley de la Jurisdicción Especial de Paz, a pesar de que antes tuvo postura favorable al proceso de paz que llevó al acuerdo con las Farc.

Le corresponde al jurista Barbosa poner en limpio su nueva responsabilidad. Es decir, sacarla de las dudas y actuar sin ataduras que le puedan mermar su legitimidad, como le ocurrió en el desempeño del cargo a Néstor Humberto Martínez, por sus relaciones con empresas que quedaron enredadas en los líos de corrupción de Odebrecht.

La Fiscalía es un ente fundamental en la administración de justicia y por consiguiente su manejo debe estar libre de toda sospecha. Hay que apartarla de la borrasca que la tocó por actos en que estuvieron involucrados algunos de sus servidores.

Cuando la criminalidad y la corrupción alcanzan en el país niveles alarmantes, sumados a conductas desviadas de funcionarios oficiales, corresponde a la Fiscalía obrar con suficiente fortaleza y en tiempo oportuno para ahorrarle al país más desajustes. Tiene que mostrar resultados que dejen la evidencia de que se procede con rectitud y acierto, como lo requiere una justicia pronta y cumplida.

El buen desempeño de quien será el nuevo Fiscal de la Nación debe representar el rescate y fortalecimiento de la justicia.

Puntada

El caso de la exsenadora Aida Merlano deja la demostración de la ligereza con que se manejan en Colombia asuntos que debieran ser tratados con la sabiduría de un verdadero estadista.

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