El viernes 13 de septiembre de 2019, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013 –de la cual forma parte el Equipo Jurídico Pueblos, presentó ante la Corte Constitucional, respuesta al VI Informe Semestral del Gobierno Nacional al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.

En su escrito, la Comisión argumenta que el Gobierno sigue sin presentar en sus informes un diganóstico de las problemáticas que aquejan a la población reclusa. Asimismo concluye que las actividades reportadas en el VI Informe, no parece estar enmarcada en una estrategia de superación del estado de cosas inconstituiconal, ni da cuenta de la garantía de los mínimos asegurables definidos por la Corte en el Auto 121 de 2018.

Al respecto, dice que Comisión que “se evidenció de manera generalizada la incorporación de múltiples resultados y actividades por parte del Gobierno Nacional que no tenían ninguna pertinencia con la superación del estado de cosas inconstitucional, y que en algunos casos ni siquiera corresponden a la problemática referenciada. Por ello se recomienda que en los próximos informes el Gobierno Nacional procure incorporar información relevante y adecuada a los problemas analizados”.

De otro lado, se llamó nuevamente la atención al Gobierno Nacional y demás entidades del Estado, para asumir compromisos ciertos en la transformación de la política criminal en Colombia, evitando el populismo y el punitivismo, que han tenido un alto costo al sistema penitenciario del país en la última década.

Vale recordar que sobre este asunto, el Equipo Jurídico Pueblos, publicó un reciente informe en el que evidencia que los proyectos de ley que han tenido curso en el último año en el Congreso de la República así como las últimas normas aprobadas, presentan tendencias muy problemáticas a privilegiar el derecho penal como respuesta a las conflictividades sociales, a incrementar los términos del juzgamiento y las penas, al punto que hoy se retoma la figura de la cadena perpetua para algunos delitos: Informe sobre Política Criminal «El que disienta la paga»: Ver Documento

De otro lado, la Comisión de Seguimiento, reiteró su llamado a incorporar en todas las fases de la política criminal, un enfoque diferencial transversal, evidenciando a lo largo de todo su informe, la existencia de poblaciones vulnerables en prisión (mujeres, niños/as, población LGBTI, personas con discapacidad, indígenas, afro), que cuentan con necesidades y afectaciones especiales, que deben ser atendidas adecuadamente por el Estado.

También conminó al Gobierno Colombiano a incorporar un paradigma de integración social en el tratamiento penitenciario y un enfoque de derechos humanos, que permita hacer frente y superar los factores de prisionalización y de-socialización propios de la concepción de la cárcel como institución para la segregación y la mortificación del sujeto.

Finalmente, la Comisión de seguimiento advirtió que la batería de indicadores propuesta por el Gobierno para medir los avances en la superación del estado de cosas inconstitucional y verificar la garantía de goce efectivo de derechos de la población reclusa, presenta aún serias deficiencias, entre las cuales señala que no han sido suficientemente conceptualizados los derechos a garantizar y existe poca claridad de los mecanismos para asegurar la objetividad de las mediciones. Aun así, se advierte la importancia de comenzar a recolectar información a través de los indicadores propuestos, menos problemáticos.

Este nuevo informe de la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, brinda imporantes elementos y recomendaciones que evidencian las dificultades, y a la vez que ofrece alternativas viables para un adecuado seguimiento al estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario.

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