Lima, 29 dic (PL) Un mausoleo que cobijaba restos de ocho presuntos alzados, muertos en la represión de un motín carcelario en 1986, fue demolido hoy bajo fuerte resguardo policial y pese a la protesta de familiares de los difuntos.

La construcción con capacidad para medio centenar de ataúdes, ubicada al fondo del cementerio en el que proliferan las tumbas informales, fue destruida con maquinaria pesada por orden del alcalde del municipio del distrito popular de Comas, Miguel Saldaña.

Previamente, los féretros de ocho integrantes del grupo armado Sendero Luminoso, parte de los 133 ultimados en 1986, cuando tropas de elite de la marina sofocaron a sangre y fuego la rebelión, fueron trasladados a nichos dispersos en el camposanto.

Los nichos vacíos estaban reservados para otros caídos senderistas y presumiblemente para los miembros de la cúpula encabezada por el hoy anciano Abimael Guzmán y su esposa, Elena Iparraguirre, quienes cumplen prisión perpetua desde 1992.

La medida, según Saldaña, fue tomada debido al riesgo de que el mausoleo se convierta en un lugar de culto para el senderismo, que hace casi tres décadas recibió la consigna de su jefe, Abimael Guzmán, de dejar las armas y pasar a la legalidad, lo que no ha sido aceptado por las autoridades.

Los familiares fueron impedidos de ingresar al cementerio, en cuyas puertas protestaban con improvisados carteles en los que se leían lemas como el de ‘Abajo la política de venganza y persecución’ y ‘La demolición continúa el genocidio’, alusión ésta a la matanza, por la que siguen enjuiciados 34 marinos y no se descarta que sea incluido el presidente de entonces, Alan García.

Los familiares, indignados por la acción, facilitada por un decreto que permite trasladar retos humanos sin la autorización de los deudos, la calificaron de ilegal, porque un tribunal estaba a punto de dictaminar sobre un habeas corpus contra la demolición.

Una mujer, familiar de uno de los caídos, dijo que no comparte las ideas ni las acciones del difunto, pero sí reclama el derecho de las familias, de que sean sepultados juntos, porque compartieron la prisión y murieron juntos.

El Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, un pequeño grupo ligado al senderismo, protestó por la medida y la denunció por las redes sociales.

Mientras ese grupo busca su legalización, una facción senderista que lleva más de tres décadas en un agreste territorio del centro del país, opera con acciones armadas esporádicas contra tropas enviadas a combatirla, en una zona en la que hay también intensa actividad del narcotráfico.

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