El ALBA-TCP condenó la política injerencista de EE.UU. y ratificó su compromiso con los postulados de la “Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz” de la CELAC.

Los Estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) exigieron este martes la liberación de la tripulación venezolana y la aeronave Boeing 747, secuestrada desde el pasado 8 de junio en Argentina.

En un comunicado emitido por dicho bloque regional sus estados miembros se sumaron a la exigencia del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respecto al avión y sus tripulantes, quienes participaban en diversas tareas de ayuda humanitaria en la región en respuesta a desastres naturales.

Respecto al avión, propiedad de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea venezolana Conviasa, soslayaron además en el documento que “esta retención ilegal e ilegítima constituye una vulneración a los derechos humanos básicos de la tripulación, como la libertad de movimiento y el respeto a la dignidad personal”.

A lo que añade que igualmente emerge como una medida coercitiva unilateral aplicada a Venezuela en medio de maniobras de incumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

El mecanismo de integración ratificó su inquebrantable compromiso con los postulados de la “Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz” de la CELAC, ante cualquier acción que pretenda quebrantar el espíritu de cooperación y amistad entre los pueblos de naciones hermanas.

El reclamo y condena al secuestro por parte del ALBA-TCP se suma al de varias instituciones, personalidades de diversa índole y pueblo venezolano contra la política intervencionista de Estados Unidos de apropiarse del avión y su tripulación compuesta de 19 personas, entre pilotos venezolanos e iraníes.

La cual, de conjunto con una decisión del poder judicial argentino, el cual realizó acusaciones sin fundamento a los tripulantes de la aeronave, derivó en la incautación y allanamiento de la misma, con la participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, siglas en inglés) de Estados Unidos (EE. UU.); en base a un tratado de asistencia jurídica mutua rubricado en 1991 entre Washington y Buenos Aires.