Por Sinay Céspedes Moreno

Quito, 28 feb (Prensa Latina) El Caso Sobornos, que enjuicia al expresidente de Ecuador Rafael Correa, toma hoy otro giro con la reciente denuncia pública del exmandatario sobre un posible fraude procesal por parte de la Fiscalía del Estado.

La acusación, hecha en su cuenta en Twitter, hace referencia al proceso en su contra, en el que también están implicados el exvicepresidente de la república Jorge Glas, funcionarios de su gobierno y una decena de empresarios, por el supuesto aporte de fondos para actividades proselitistas del oficialista Movimiento Alianza PAIS, de 2012 a 2016, lo cual rechazan.

‘Archivos de ‘Sobornos’ NO fueron sacados de ninguna computadora de Laura Terán, sino hackeados y ADULTERADOS por #ElPeorGobiernoDeLaHistoria y Diana Salazar, fraude procesal que la debe llevar a la cárcel’, afirmó Correa en la red social.

Asimismo, añadió que la empresa colombiana Adalid realizó las pericias técnicas pertinentes.

Esa información, que según el exmandatario fue alterada, es una de las principales pruebas de las cuales se valen quienes pretenden encarcelarlo, para intentar culparlo por el delito de cohecho.

La denuncia ocurre en momentos en que en la Corte Nacional de Justicia se acogen testimonios y pruebas de acusadores y acusados, así como de los testigos citados en el caso.

La víspera, la defensa del exgobernante pidió que se incluyera como prueba esa información, contenida en un disco, lo cual fue rechazado por el tribunal a cargo, ‘por improcedente’.

A criterio de Fausto Jarrín, del equipo legal de Correa, la negativa atenta al derecho a la defensa de su representado y es una nueva muestra de que es un perseguido político del actual Gobierno.

‘El ‘imparcial’ tribunal acaba de negar ésta, la prueba madre del fraude procesal, por ‘extemporánea’. No podíamos esperar otra cosa. Me dicen que ya está hasta la sentencia escrita. Iremos a instancias internacionales, y tarde o temprano responderán’, aseguró el exdignatario al conocer el dictamen de los jueces sobre el pedido de admitir la nueva evidencia.

Pese a la decisión del tribunal, las dudas sobre la veracidad del caso crecen y se unen a otros precedentes de irregularidades en el caso, que ya en las redes sociales algunos dejaron de llamar ‘Sobornos’, para denominarlo ‘Bochornos’.

Al posible fraude procesal se suman además, fuertes críticas a la perito Alexandra Mantilla, quien reconoció en una entrevista que su imparcialidad y capacidad de ser neutral, podrían ponerse en duda, al retwittear mensajes contra Rafael Correa.

También dijo que su investigación se basó en información recibida a partir de cuadernos escritos por la exasesora del expresidente Pamela Martínez, los cuales dieron lugar a la apertura de la investigación, sin importar si era cierta o falsa.

Para muchos, el caso Arroz Verde, devenido caso Sobornos, es a todas luces, una trama insertada en los numerosos intentos de condenar, por alguna vía, al exjefe de estado, a quien hasta el momento, no le han podido probar ninguna de las denuncias en su contra.

Persecución política, lawfare o guerra judicial, son algunos de los términos que se manejan en la cruzada desatada contra quien dirigió este país sudamericano por 10 años (2007-2017) conocidos como la Década Ganada, por los logros económicos y sociales, a nivel nacional.

El objetivo final, según el propio Correa, politólogos y organizaciones sociales y de derechos humanos, es evitar, a toda costa, su participación en las elecciones generales y legislativas que tendrán lugar el venidero 7 de febrero de 2021.

Esos comicios podrían representar el regreso de la Revolución Ciudadana al poder y el fin de una etapa, que debió ser continuidad de lo avanzado en los 10 años anteriores, pero en cambio, puso distancia, desde la entrada en el Palacio de Carondelet, del presidente, Lenín Moreno, en mayo de 2017.

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