Bogotá, 13 ago (Prensa Latina) El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en Colombia comienza hoy su reunión tradicional llamada gran minga en defensa de la vida y el territorio, convocada tras los frecuentes asesinatos de varios miembros de esas comunidades.

La minga es una oganización social ancestral de los 102 pueblos nativos de este país en defensa de sus derechos y orientada a la construcción de la ciudadanía.

El CRIC, previamente declarado en estado de emergencia y asamblea permanente, remarcó la víspera que los últimos hechos violentos demuestran una agresión directa no solamente contra líderes, sino también un ataque militar contra la guardia indígena y las comunidades en general que representan un obstáculo para los intereses del narcotráfico y los poderes tradicionales de la oligarquía.

Frente a esto, somos las mismas comunidades reunidas en minga, las llamadas a defender y reafirmar la misión de preservar la integridad y autonomía del territorio, desde la familia y los seres espirituales que nos orientan.

En tal sentido, el Consejo convocó a todas las comunidades indígenas, demás sectores populares, organizaciones sociales del país y a la comunidad internacional, a participar de esta iniciativa en defensa de la vida y el territorio.

Asimismo, instó al gobierno nacional a cumplir con los múltiples acuerdos pactados, entre ellos los consignados en el capítulo étnico de los Acuerdos de Paz.

Actualmente, en nuestros territorios padecemos las consecuencias de un modelo político y económico excluyente impuesto por sucesivos gobiernos.

El CRIC se refirió a la falta de tierras productivas para las comunidades, la falta de infraestructura y la complicidad de la fuerza pública con estructuras mafiosas del narcotráfico, ‘en una estrategia sucia contra los movimientos sociales del país’.

En un contexto de persistente violencia contra los miembros de las comunidades originarias, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se reunió la víspera en el Cauca con autoridades territoriales, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y autoridades nativas.

A nosotros nos duele cuando matan a un indígena, a un líder social, un líder comunitario, un defensor de derechos humanos. Nos duele y sabemos que el Estado está en la obligación de garantizar su protección. Por eso, aquí estamos, expresó Gutiérrez.

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