Por GONZALO GUILLÉN

Necesité tres meses de litigio y perseverancia para que las Fuerzas Militares se vieran obligadas por la Corte Suprema de Justicia a revelarme que la magistrada y al mismo tiempo mayor del Ejército Cristina Eugenia Lombana Velásquez–a quien Daniel Coronell llama “la calladita”–, también es una mentirosa.

Esta es la historia:

El pasado 9 de abril pregunté por derecho de petición al Presidente de la Corte Suprema de Justicia (Álvaro Fernando García Restrepo) si su oscura magistrada Cristina Lombana Velásquez es oficial activa de las Fuerzas Armadas de Colombia, a qué fuerza pertenece y qué grado posee. También pregunté quién es el jefe militar de ella y cómo maneja la ineludible obediencia debida a sus superiores castrenses, siendo al mismo tiempo magistrada. Pregunté, por último, si en Colombia un militar en servicio activo puede ser miembro de un tribunal civil.

Suponía yo que todas las respuestas a estas sencillas preguntas la Corte Suprema las poseía de primera mano y podía contestármelas de inmediato. Entre otras cosas, porque hace muy poco tiempo la incorporó a la nueva sala de instrucción penal, creada con base en la reforma legal que instauró la doble instancia para los aforados, que no existía en ese organismo. Imposible que no supiera a quién era que estaba empleando.

En su primera respuesta, el presidente de la Corte Suprema resultó con que no tenía ni la menor idea de lo que yo le estaba preguntando y ordenó que fuera el Comandante de las Fuerzas Militares quien contestara mi claro y pequeño cuestionario, compuesto por cinco sencillas e inequívocas preguntas.

Mi carta fue remitida por el Presidente de la Corte Suprema al Mayor General Luis Fernando Navarro Jiménez, Comandante General de las Fuerzas Militares, y este, por su parte, en carta del 25 de abril, me avisó que mis preguntas las había pasado a la Ayudantía General del Comando General.

Se cumplieron todos los términos que imponen la Constitución Nacional y la ley para contestar un derecho de petición sin que me dieran las respuestas a las que tengo pleno derecho como ciudadano colombiano que soy.

En una segunda carta mía, le dije al Presidente de la Corte que bien podría ser verdad que cuatro de las preguntas podría responderlas el Comandante de las Fuerzas Militares. Pero no la quinta, que le correspondía contestarla a él. Es esta: “¿En Colombia los militares en servicio activo pueden hacer parte de los tribunales civiles?”. La respuesta a este punto llegó en una nueva carta del Presidente de la Corte en la que se negó a contestarme específicamente porque –alegó– el armazón judicial colombiano “no la faculta [a la Corte Suprema] para emitir conceptos ni fungir como órgano de consulta”. Fue un argumento cualquiera de última hora. Inicialmente había ordenado que la respuesta a ese punto también me la debía dar el Comandante de las Fuerzas Militares.

A esta negativa, sacada del cubilete de mago del Presidente de la Corte, se sumó el hecho de que el Comandante de las Fuerzas Militares considerara que podía violar mi derecho a obtener las respuestas solicitadas y no respondió nada.

Empero, el 6 de mayo pasado, con la generosa asesoría legal de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, instauré una acción de tutela en la Corte Suprema contra la propia Corte Suprema. Mi primera sorpresa fue que mi demanda fue aceptada para ser tramitada, pues estoy acostumbrado a la desidia y a la denegación de justicia constantes e impunes.

El caso lo estudió como ponente el magistrado de la Sala Civil Luis Armando Tolosa Villabona, quien planteó que mis derechos fueron vulnerados y dispuso que se le otorgara al Comandante de las Fuerzas Militares un plazo impostergable de 48 horas para contestarme. La Sala votó en favor de esa posición este viernes 11 de julio.

Así, el Coronel Jairo Antonio Castillo Colorado, director de Personal del Ejército Nacional, ese mismo día se vio obligado a contestarme de manera inmediata en nombre del Comandante General. Pero solamente me respondió cuatro preguntas sobre la condición de oficial activa de la magistrada Lombana Velásquez y se abstuvo de decir si ella como militar puede ser miembro de un tribunal civil.

El Coronel Castillo Colorado confirmó oficialmente que la magistrada Lombana “se encuentra activa en el Ejército Nacional como oficial en el grado de Mayor Abogada (sic)” y ”se encuentra en comisión Administrativa según Resolución Ministerial No. 7182 de fecha 5 de octubre de 2018, ‘Por la cual se destina en comisión en la Administración Pública a una Oficial Superior del Ejército Nacional’”.

Agregó el coronel Castillo Colorado: “como se expuso en el punto anterior la citada Oficial se encuentra en comisión en la Administración Pública — Corte Suprema de Justicia Sala Especial de lnstrucción de la Sala de Casación Penal”.

A mi pregunta sobre quién es el jefe de la magistrada Lombana Velásquez, respondió que, “el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas es el Señor Presidente de la República IVAN DUQUE MARQUEZ”. Y agregó el coronel: “Es de tener en cuenta que la línea de mando al interior de las Fuerzas Militares es en cabeza del Señor Presidente de La República; Ministro de Defensa Nacional; Comandante General de las Fuerzas; Comandante del Ejército; así sucesivamente atendiendo cada Comando, Direcciones, Unidades en su orden, para el caso en particular el superior inmediato”. Las carencias casi infantiles para redactar del coronel Castillo Colorado, mal que bien, dejan saber que el jefe de la magistrada Lombana Velásquez es el presidente de la república, pero, curiosamente, no explica de manera específica quién es el “superior inmediato de la mayor Lombana”. Obviamente, no puede serlo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien carece de mando, grado y funciones militares.

El coronel Castillo Colorado sintió la necesidad de aclarar lo siguiente al final de la carta que fue obligado a enviarme este 11 de julio por mandato judicial: “Comisión: es el acto de autoridad competente por el cual se asigna a un Oficial, Suboficial o Alumno de la escuela de formación de oficiales y suboficiales con carácter transitorio a una Unidad o repartición Militar, o a una unidad entidad oficial o privada, para cumplir misiones especiales del servicio (sic)”.

Significa esto que el papel de la mayor Lombana en la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia es una “misión especial del servicio” militar, lo que resulta simplemente aterrador y amenazante, además de inicuo para la sociedad civil y no dudo que inmoral y abusivo.

Ya hemos visto que parte de esa “misión del servicio militar” que le fue comisionada a esa mayor consiste en tratar de poner a salvo al senador Álvaro Uribe Vélez en los diversos casos penales que la Corte tiene contra él (todos engavetados), pero se niega a ventilarlos sin explicación alguna. Uno de ellos es por constreñir a un testigo (Juan Guillermo Monsalve) para intentar obligarlo a cambiar su versión sobre el prontuario criminal del propio Uribe y su hermano Santiago en acciones criminales con el paramilitarismo, por lo cual está llamado a indagatoria que la Corte Suprema, cundida de miedo y cobardía, se niega a programar.

La señora Lombana Velásquez optó por engañar al país anunciando que renunció a su cargo y rango militares para adquirir la condición de civil y continuar de esa manera agazapada en la Corte Suprema.

El pasado 10 de junio, en efecto, la mayor anunció que había renunciado a las Fuerzas Militares, lo que es abiertamente falso y mentiroso, de acuerdo con la carta del coronel Castillo Colorado.

Algo que no fue respondido en todo este proceso que inicié para obtener unas respuestas, es mi pregunta sobre cómo la mayor Lombana Velásquez maneja en su calidad de magistrada la obediencia militar obligatoria que le debe a sus superiores jerárquicos, a la cabeza de los cuales está el presidente de la república. En esto se debe tener en cuenta que en Colombia la disponibilidad de los militares a cumplir órdenes superiores es de 24 horas al día y de siete días a la semana.

Cuando los militares imparten justicia sobre los civiles es porque no hay separación de poderes del estado. No existe seguridad jurídica. Así delinquen las tiranías.