Por: Cicerón Flórez Moya

Si la Constitución tuviera aplicación Colombia sería una nación sin las estrecheces de todo orden que generan recurrentes situaciones de emergencia a su población. La democracia dejaría de ser una ficción y la vida tendría todas las garantías de protección y los derechos consagrados como normas fundamentales.

En el Título I de la Carta (“De los principios fundamentales”) se dispone:

“Artículo 1. Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general.

“Artículo 2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.”

“Artículo 3. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece.”

“Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura”.

Esas normas le dan a Colombia una identidad democrática y están dictadas en la perspectiva de una sociedad en la cual prevalezcan la libertad y la justicia, con equidad e igualdad de posibilidades. Sin embargo, las desconocen quienes están obligados a garantizar su vigencia.

Las desigualdades en la sociedad colombiana son el resultado de políticas públicas contrarias a la letra y el espíritu de la Constitución, un descarrilamiento que requiere correctivo inmediato para poner al país en un rumbo correcto y salvarlo de tantas frustraciones y crisis de efectos negativos para todos.

En su libro “Los procesos electorales, fundamento de la democracia”, Jaime Buenahora señala la enorme brecha en la sociedad colombiana por la distorsión consentida con respecto al Estado Social de Derecho que dispone la Constitución de 1991. “La democracia que interpretamos como una filosofía de vida, como una manera de concebir la dinámica social, tiene que satisfacer al mismo tiempo las necesidades espirituales y materiales de los individuos, generándoles oportunidades, razón por la cual el respeto por las libertades fundamentales y la aplicación de los derechos económicos y sociales tienen que entrelazarse formando un todo de compatibilidad y complementación”, dice.

Puntada

Convertir la ayuda humanitaria a Venezuela en un pulso de hostilidades es pervertirla. No puede ser un recurso en la lucha por el poder.

Cicerón Flórez Moya

ciceronflorezm@gmail.com