Por: Horacio Duque *
Donald Trump ha llegado al extremo de afirmar que su gobierno ha conseguido tantas cosas que, si se piensa bien, ni siquiera deberían celebrarse elecciones. La declaración, lejos de ser una simple extravagancia verbal del mandatario estadounidense, adquiere un significado político inquietante cuando se examinan las maniobras que adelantan el presidente, sus aliados republicanos y sectores de las instituciones estatales para modificar las condiciones de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
Lo que está en juego es el control de la Cámara de Representantes y del Senado, dos instituciones fundamentales para la continuidad del proyecto político del trumpismo. Perder las mayorías parlamentarias significaría enfrentar mayores obstáculos legislativos, investigaciones sobre las actuaciones del Ejecutivo y un fortalecimiento de los controles políticos sobre la Casa Blanca.
De ahí que Trump y sus aliados hayan desplegado una ofensiva para asegurar ventajas electorales mediante la modificación de los distritos, las restricciones al derecho al voto, las presiones sobre las autoridades electorales y el cuestionamiento anticipado de la legitimidad de los resultados.
El problema no consiste solamente en que Trump pretenda ganar las elecciones. La cuestión de fondo es que determinadas actuaciones de su gobierno y de sus aliados buscan modificar las reglas de la competencia política para reducir las posibilidades de una derrota republicana.
Esta situación recuerda los acontecimientos del 6 de enero de 2021, cuando una multitud de seguidores de Trump asaltó el Capitolio para impedir la certificación de la victoria presidencial de Joe Biden. Aquellos acontecimientos demostraron hasta dónde podía llegar el desconocimiento de los resultados electorales y la resistencia a la transferencia pacífica del poder.
El posterior indulto presidencial a numerosos participantes en el asalto al Capitolio constituye otro elemento relevante para comprender la relación del trumpismo con las instituciones democráticas.
Hoy, cinco años después, las preocupaciones sobre la continuidad de esas prácticas reaparecen ante las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.
La manipulación de los Distritos electorales.
Una de las principales maniobras promovidas por Trump consiste en el rediseño anticipado de los Distritos electorales para favorecer al Partido Republicano.
Esta práctica, conocida como gerrymandering[1], permite modificar las fronteras de los distritos para concentrar a los votantes de la oposición en determinadas circunscripciones o dispersarlos entre territorios donde sus posibilidades de elegir representantes resultan menores.
En Estados Unidos, los 435 integrantes de la Cámara de Representantes son elegidos mediante Distritos territoriales. Por consiguiente, la manera como se distribuyen los electores puede modificar considerablemente la representación parlamentaria, incluso cuando las preferencias políticas generales de la población permanecen relativamente estables.
Trump impulsó esta estrategia desde 2025, cuando presionó a los dirigentes republicanos de Texas para modificar el mapa electoral antes del período ordinario de redistribución que sigue al censo nacional.
En Texas, las autoridades republicanas aprobaron un nuevo mapa con el propósito de favorecer a su partido en cinco escaños adicionales. La iniciativa desencadenó una intensa confrontación política y la resistencia de legisladores demócratas. Análisispolítico
Posteriormente, la ofensiva se extendió a Florida, Carolina del Norte, Tennessee, Luisiana y otros estados.
En Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis promovió una redistribución territorial orientada a favorecer a los republicanos en cuatro escaños adicionales. En Tennessee, la nueva delimitación dividió Memphis, ciudad con una importante población afroamericana, entre varios distritos con predominio republicano.
El efecto de estas modificaciones puede ser particularmente grave para las comunidades negras y latinas, cuya capacidad de representación política depende, en determinadas regiones, de la configuración de los distritos electorales.
La maniobra resulta evidente: no se trata de convencer a nuevos electores mediante propuestas políticas, sino de modificar anticipadamente las condiciones territoriales en las que sus votos serán contabilizados para elegir representantes.
Aunque los demócratas también han impulsado rediseños partidistas, especialmente en California, ello no elimina el problema de fondo: la utilización de las fronteras electorales como instrumento para asegurar ventajas políticas debilita el principio de representación democrática.
La Corte Suprema y el debilitamiento del derecho al voto.
A esta ofensiva se agrega una decisión de enorme trascendencia adoptada por la Corte Suprema de Estados Unidos el 29 de abril de 2026.
Mediante una votación de seis magistrados contra tres, la mayoría reaccionaria y oscurantista resolvió el caso Louisiana contra Callais, modificando sustancialmente la interpretación de la Sección 2 de la Ley del Derecho al Voto de 1965.
Esta legislación constituye una de las conquistas históricas del movimiento por los derechos civiles encabezado por Martin Luther King y las organizaciones afroamericanas que enfrentaron la segregación racial.
Durante décadas, la ley permitió cuestionar disposiciones electorales que perjudicaban la participación política de las minorías raciales, incluso cuando resultaba difícil demostrar una intención discriminatoria expresa.
La nueva interpretación de la Corte restringe considerablemente estas protecciones al exigir pruebas más rigurosas de discriminación racial intencional en la configuración de los distritos.
En el caso de Luisiana, la controversia surgió porque las autoridades estatales habían establecido inicialmente un mapa con un solo Distrito de mayoría afroamericana, pese a que la población negra representa aproximadamente un tercio de sus habitantes.
Después de una intervención judicial se creó un segundo distrito de mayoría negra, que permitió la elección del congresista demócrata Cleo Fields en 2024.
Sin embargo, la mayoría oscurantista de la Corte Suprema consideró que la utilización predominante de criterios raciales para configurar ese distrito resultaba incompatible con la Constitución.
Aunque la sentencia no derogó la Ley del Derecho al Voto, sí restringió profundamente uno de sus instrumentos fundamentales para combatir la discriminación electoral.
La magistrada Elena Kagan, acompañada por Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, cuestionó la decisión por sus consecuencias sobre las garantías históricas de representación de las minorías.
Desde una perspectiva crítica, la sentencia constituye un grave retroceso respecto de las conquistas democráticas alcanzadas durante las luchas contra la segregación racial.
Sus consecuencias pueden favorecer los intereses republicanos en varios estados del sur, donde las modificaciones territoriales afectan especialmente a las comunidades afroamericanas.
No es necesario afirmar que la Corte haya participado en una conspiración electoral para advertir el significado político de sus decisiones. Basta examinar cómo determinadas interpretaciones constitucionales pueden facilitar mapas electorales que reducen la representación de sectores históricamente discriminados.
La coincidencia entre las iniciativas republicanas de redistribución territorial y el debilitamiento judicial de las protecciones electorales constituye uno de los aspectos más graves de la actual coyuntura estadounidense.
La ofensiva contra el voto afroamericano.
Las consecuencias de estas modificaciones se observan especialmente en los estados del sur.
En Tennessee, la división territorial de Memphis ha sido cuestionada porque fragmenta una comunidad afroamericana con una importante capacidad de representación política. Análisispolítico
En Luisiana, la eliminación del segundo distrito de mayoría negra representa una modificación significativa de las condiciones que habían permitido ampliar la representación afroamericana en el Congreso.
En Alabama, las controversias judiciales sobre los mapas electorales también han girado alrededor de la posibilidad de que la población negra pueda elegir representantes de su preferencia.
En Misisipí, las iniciativas de redistribución han generado preocupación por sus posibles efectos sobre distritos representados por dirigentes demócratas afroamericanos, entre ellos Bennie Thompson, quien presidió la comisión parlamentaria que investigó los acontecimientos del 6 de enero de 2021.
En todos estos casos aparece una cuestión fundamental: el derecho al voto no puede reducirse a la posibilidad formal de depositar una papeleta.
También supone que los ciudadanos tengan oportunidades efectivas de participar en la elección de sus representantes, sin que las autoridades manipulen arbitrariamente las fronteras electorales para disminuir su influencia política.
La historia estadounidense demuestra que la discriminación racial no siempre se ha ejercido mediante la prohibición abierta del sufragio. También ha operado mediante requisitos administrativos, restricciones institucionales y diseños territoriales que reducen la representación de determinadas comunidades.
Por ello, el debilitamiento de la Ley del Derecho al Voto tiene consecuencias que trascienden las elecciones de noviembre y afectan las garantías democráticas y civiles conquistadas durante décadas de movilización popular.
Las presiones sobre las autoridades electorales.
Otro componente de la ofensiva trumpista está relacionado con el cuestionamiento de los funcionarios encargados de organizar y supervisar las elecciones.
El caso del condado de Fulton, en Georgia, resulta especialmente ilustrativo.
Durante las elecciones presidenciales de 2020, Trump y sus aliados promovieron acusaciones de fraude contra las autoridades electorales de ese territorio, donde existe una importante población afroamericana.
Dos funcionarias, Ruby Freeman y Shaye Moss, fueron objeto de graves acusaciones públicas que posteriormente quedaron desacreditadas. Ambas denunciaron amenazas, hostigamientos y ataques contra su seguridad personal.
Las nuevas actuaciones del Departamento de Justicia relacionadas con los registros y funcionarios electorales de Fulton han reactivado las preocupaciones sobre la utilización de las instituciones federales para presionar a quienes administran los procesos electorales.
A ello se suma la organización de equipos republicanos de observación y vigilancia electoral bajo la denominación de iniciativas de integridad electoral. Análisiselectoral
La vigilancia ciudadana y partidista de las elecciones es legítima cuando respeta las leyes y los derechos de los votantes. Sin embargo, puede convertirse en un instrumento de intimidación cuando se utiliza para hostigar a electores, cuestionar sin pruebas a los funcionarios o dificultar el ejercicio del sufragio.
El riesgo adquiere especial importancia en comunidades afroamericanas y latinas que históricamente han enfrentado restricciones y prácticas discriminatorias como ocurre en estos momentos.
Las acusaciones reiteradas de fraude electoral, cuando carecen de pruebas suficientes, también pueden preparar el terreno político para desconocer resultados desfavorables.
¿Y si los republicanos pierden las elecciones?
Las preocupaciones no terminan con la jornada electoral del 3 de noviembre.
El exjuez federal conservador J. Michael Luttig ha advertido sobre la posibilidad de que Trump y sus aliados intenten desconocer una eventual mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.
Su análisis plantea una hipótesis especialmente delicada: que dirigentes republicanos utilicen procedimientos internos del Congreso para cuestionar las credenciales de representantes elegidos y dificultar su incorporación a la nueva legislatura.
La fecha decisiva sería entonces el 3 de enero de 2027, cuando debe instalarse el nuevo Congreso.
Conviene precisar que se trata de una advertencia sobre un riesgo constitucional, no de un fraude que ya se haya producido.
Sin embargo, los antecedentes de 2020 y 2021 explican por qué semejante posibilidad merece atención.
La Constitución estadounidense reconoce a cada Cámara atribuciones para examinar las elecciones y credenciales de sus integrantes. Pero esas facultades no deberían convertirse en instrumentos para desconocer arbitrariamente la voluntad popular.
La advertencia de Luttig apunta precisamente a ese peligro: que las instituciones encargadas de garantizar la representación democrática sean utilizadas para impedir que los resultados electorales produzcan sus consecuencias políticas legítimas.
La disputa por el Senado presenta características diferentes. Sus integrantes son elegidos mediante votaciones estatales, de manera que la manipulación de los Distritos congresionales no modifica directamente su elección.
En este caso, las controversias sobre el acceso al voto, la administración electoral, las presiones sobre los funcionarios y el reconocimiento de los resultados adquieren una importancia particular.
El endurecimiento del trumpismo.
Estas maniobras se producen en un contexto de creciente radicalización de sectores del Partido Republicano y de consolidación del liderazgo caudillesco de Trump.
Trump ha intervenido en las disputas internas de su partido, respaldando candidatos identificados con sus posiciones y enfrentando a dirigentes republicanos que han cuestionado algunas de sus decisiones.
Los casos de Bill Cassidy, Thomas Massie y Brad Raffensperger muestran las tensiones existentes entre la lealtad personal al mandatario y las posiciones de otros dirigentes conservadores.
Este proceso expresa una transformación política de fondo: el fortalecimiento de una corriente que subordina crecientemente la identidad republicana al liderazgo de Trump.
Su discurso nacionalista, sus políticas migratorias restrictivas, sus enfrentamientos con las instituciones judiciales y sus reiterados cuestionamientos a los resultados electorales han generado un intenso debate sobre las tendencias autoritarias de su proyecto político.
Para sus críticos, estas características revelan una postura de ultra derecha y fascista que amenaza principios fundamentales de la democracia constitucional.
La cuestión central es determinar hasta qué punto la concentración del poder presidencial y la disciplina partidista pueden debilitar los mecanismos institucionales que permiten la alternancia política.
Una democracia bajo presión.
El politólogo y columnista Thomas B. Edsall ha llamado la atención sobre las consecuencias de la resistencia de Trump a aceptar la posibilidad de una derrota electoral.
Su planteamiento permite comprender que el deterioro democrático no comienza necesariamente con la cancelación de las elecciones.
También puede desarrollarse mediante la transformación progresiva de las reglas electorales, el debilitamiento de los controles institucionales, la intimidación de los adversarios y el cuestionamiento de los resultados cuando estos no favorecen al gobierno.
En ese contexto, las elecciones del 3 de noviembre constituyen una prueba significativa para los derechos democráticos.
Las maniobras republicanas de redistribución territorial, las decisiones de la mayoría conservadora de la Corte Suprema y las presiones sobre las autoridades electorales forman parte de un escenario de confrontación política en el que se discuten las condiciones mismas de la representación democrática.
La gravedad de la situación exige distinguir entre las actuaciones documentadas, sus consecuencias institucionales y el riesgo de futuras maniobras destinadas a desconocer la voluntad popular.
¿Se robará Trump las elecciones?.
La pregunta que encabeza este artículo no admite todavía una respuesta definitiva. Las elecciones no se han celebrado y sus resultados permanecen abiertos.
Pero existen razones para examinar críticamente las actuaciones de Trump y sus aliados republicanos.
La manipulación partidista de los distritos electorales, las restricciones a las garantías de representación de las minorías, las campañas de deslegitimación de los funcionarios electorales y los antecedentes de desconocimiento de los resultados presidenciales de 2020 constituyen señales de alarma.
La democracia estadounidense enfrenta así una contradicción profunda: mientras proclama la soberanía popular y la igualdad política, permite que las fuerzas partidistas intervengan decisivamente en la configuración de las reglas que determinan la representación de los ciudadanos.
El problema adquiere mayor gravedad cuando esas intervenciones afectan a comunidades históricamente discriminadas y cuando los dirigentes políticos se resisten a reconocer la legitimidad de sus adversarios.
La verdadera dimensión de esta confrontación no se limita a determinar qué partido controlará la Cámara de Representantes y el Senado.
Lo que está en discusión es si las elecciones continuarán siendo un mecanismo efectivo para cambiar a quienes ejercen el poder o si las instituciones podrán ser utilizadas para restringir progresivamente esa posibilidad.
La democracia no desaparece solamente cuando se cierran las urnas. También puede deteriorarse cuando se permite votar, pero se manipulan las condiciones de la competencia o se pretende desconocer la decisión de los electores.
Ese es el peligro que debe examinarse frente a las maniobras electorales de Trump y sus socios republicanos en vísperas del 3 de noviembre.
[1] El gerrymandering es una modalidad de manipulación electoral mediante la cual se rediseñan arbitrariamente los distritos para favorecer a un partido político, concentrando o fragmentando el voto de sus adversarios y alterando las condiciones de representación democrática.
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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación que incluye: Maestría en Relaciones Internacionales,Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos Contemporáneos.
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