Por Miguel Urbán Crespo*

-Durante el año pasado, una sucesión de revueltas juveniles sacudieron países tan diferentes como Nepal, Marruecos, Madagascar, Indonesia o la India. Movilizaciones contra la corrupción, el deterioro de los servicios públicos, el desempleo, la precariedad y una creciente desigualdad social. Protestas que, en algunos casos, provocaron la caída de gobiernos y que, en otros, consiguieron abrir importantes crisis políticas. Buena parte de ellas se agruparon bajo la etiqueta mediática de las revueltas de la generación Z, aunque sus causas, desarrollos y resultados sean considerablemente diferentes. Una denominación que si bien permitía identificar el protagonismo de una nueva generación, también corría el riesgo de ocultar las contradicciones sociales y políticas que atravesaron estas movilizaciones.

Un fenómeno que parecía localizado fundamentalmente en países del Sur global, comienza ahora a encontrar sus propias expresiones en Europa. Desde los institutos franceses hasta las acampadas por la vivienda en España y Portugal, pasando por las movilizaciones estudiantiles italianas, las protestas contra la austeridad en Bélgica o las revueltas contra la corrupción en Albania. No estamos ante movimientos idénticos, ni necesariamente conectados, pero sí comparten un malestar que parece extenderse a escala internacional: la imposibilidad de una parte creciente de la población, –especialmente la juventud– de acceder a unas condiciones materiales mínimas para desarrollar un proyecto de vida.

Aunque sea pronto para aventurar que estemos asistiendo a la apertura de un nuevo ciclo internacional de luchas sociales, las similitudes entre muchas de estas protestas invitan a plantear esa hipótesis. No sería la primera vez que movilizaciones surgidas en contextos muy diferentes terminan alimentando un mismo clima internacional de contestación social. Ocurrió en 2011, cuando las primaveras árabes abrieron un ciclo de revueltas que tuvo sus expresiones en el movimiento de los indignados en España, las protestas contra la austeridad en Grecia, la Geração à Rasca portuguesa o el movimiento Occupy Wall Street. Aquella oleada estuvo marcada por las consecuencias de la Gran Recesión y por una profunda crisis de legitimidad de las instituciones políticas. Su expresión más reconocible fue la impugnación de la representación política y la exigencia de una democracia real.

Quince años después, el contexto ha cambiado considerablemente. También parecen hacerlo las formas en las que se expresa el malestar social. Si entonces la crítica al sistema político y la exigencia de una democratización de las instituciones constituían algunos de los principales elementos aglutinadores de las protestas, hoy las reivindicaciones materiales y los conflictos de clase parecen ocupar un lugar mucho más explícito. La vivienda, los salarios, la educación pública, la sanidad o el encarecimiento de la vida aparecen como elementos vertebradores de unas movilizaciones que, en buena parte de Europa, comienzan a cuestionar directamente quién se beneficia del actual modelo económico.

Porque ya no hablamos de jóvenes que no encuentran trabajo o que se ven obligados a emigrar. Sino de una generación que ha crecido encadenando crisis económicas, una emergencia climática cada vez más evidente, una pandemia, guerras y una creciente mercantilización de prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Tener un trabajo no garantiza poder acceder a una vivienda, emanciparse o disponer de unos servicios públicos que aseguren unas condiciones mínimas de bienestar. Incluso en países donde los indicadores macroeconómicos muestran una evolución relativamente positiva, una parte importante de la población comprueba que el crecimiento económico no se traduce necesariamente en una mejora de sus condiciones de vida.

Unas protestas que además surgen en un contexto político de avance internacional de la extrema derecha, derrotas sociales y retroceso de las izquierdas. En este periodo, las fuerzas reaccionarias han conseguido presentarse como las principales representantes del malestar popular, transformando buena parte de la inseguridad económica y la frustración social en gasolina electoral para sus propuestas xenófobas y racistas. Esta es probablemente una de las diferencias más importantes respecto al ciclo de 2011.

En este sentido, uno de los rasgos más esperanzadores de las movilizaciones actuales en Europa, es que el malestar provocado por la precariedad, la desigualdad y la pérdida de expectativas también puede encontrar una expresión política diferente a la protesta reaccionaria. Frente a quienes señalan al inmigrante como responsable de la falta de vivienda, los sindicatos de inquilinas señalan al rentismo. Frente a quienes explican el deterioro de los servicios públicos mediante una supuesta competencia entre nacionales y extranjeros, los estudiantes franceses denuncian las políticas de austeridad y las prioridades armamentísticas presupuestarias del Estado.

En esta disputa para explicar el origen del malestar social y qué soluciones aparecen como posibles, el conflicto social consigue romper la lógica de guerra entre los últimos y los penúltimos por los recursos escasos para comenzar a dirigir la mirada hacia arriba, en clave de conflicto de clases y no de choques de identidades. Las movilizaciones abren la posibilidad de reconstruir solidaridades colectivas a partir de las condiciones materiales compartidas.

De hecho, en España el movimiento de vivienda ha conseguido desplazar, aunque sea temporalmente, una conversación pública dominada por los discursos reaccionarios sobre la inmigración, para poner el foco en las condiciones materiales de vida de la clase trabajadora. Porque la crisis de la vivienda no puede separarse de la cuestión de clase. El alquiler es una de las formas más importantes de expropiación de riqueza a la clase trabajadora, por cuanto una parte sustancial del salario termina transferida directamente a los propietarios inmobiliarios. La lucha por la vivienda se convierte así en una lucha por la distribución de la riqueza y permite conectar conflictos que durante demasiado tiempo han permanecido separados. En este sentido, la convocatoria de la huelga general el próximo 11 de noviembre jugará un papel central a la hora de trasladar el conflicto de la vivienda al conjunto del mundo del trabajo.

En Francia, esa posibilidad ya comienza a expresarse mediante la confluencia entre la revuelta estudiantil, las organizaciones sindicales y sectores del movimiento de los chalecos amarillos. Las movilizaciones iniciadas en los institutos han terminado desbordando sus reivindicaciones educativas para convertirse en una protesta general contra la austeridad y el deterioro de las condiciones de vida que se expresa en el rechazo al macronismo. La incorporación de la CGT y de diferentes colectivos laborales demuestra que las reivindicaciones juveniles pueden transformarse en un elemento aglutinador de un malestar social mucho más amplio.

En Italia también aparecen elementos de esa posible confluencia. Las protestas estudiantiles contra el deterioro de la educación y el encarecimiento de la vida coinciden con movilizaciones sindicales que reclaman mejores salarios, servicios públicos e impuestos más justos. La convocatoria de huelga general de la CGIL para el 20 de noviembre, coincidiendo con las movilizaciones educativas europeas, plantea la posibilidad de articular las reivindicaciones juveniles con las del movimiento obrero organizado. También en Portugal las protestas por la vivienda coinciden con movilizaciones sindicales contra la pérdida de poder adquisitivo. Son señales todavía incipientes, pero apuntan a una cuestión central: la posibilidad de que la juventud actúe como catalizadora de un malestar social que atraviesa a sectores mucho más amplios de la población.

Conviene, en cualquier caso, evitar una interpretación mecánica. Las revueltas no producen necesariamente transformaciones inmediatas, ni la indignación social se convierte automáticamente en organización política. Aun así, si algo están demostrando estas protestas, es que la iniciativa política no pertenece exclusivamente a las fuerzas reaccionarias. Que, incluso después de años de derrotas sociales y retrocesos de las izquierdas, pueden surgir acontecimientos capaces de alterar escenarios que parecían estabilizados. No porque las movilizaciones produzcan automáticamente mayorías electorales de izquierdas –un aviso para quien lo fía todo al 29N– sino porque permiten disputar el sentido común reaccionario de las neurosis identitarias desde la construcción de una mestiza identidad de clase.

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Miguel Urbán Crespo (Madrid, 1980) es un activista político, ensayista y eurodiputado de izquierdas español. Histórico militante de los movimientos sociales europeos y del internacionalismo solidario, fue cofundador de Podemos en 2014, formación que representó en el Parlamento Europeo durante una década, integrándose en el Grupo de la Izquierda (GUE/NGL).𝕏@MiguelUrban / 𝔹𝕤 @miguelurban.bsky.social♦
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