Por Jair de Souza*

La jueza colombiana Sandra Heredia acaba de condenar en primera instancia al expresidente de extrema derecha Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Álvaro Uribe es un aliado visceral de las políticas de Estados Unidos en su país y en todos los demás lugares. Desde hace mucho tiempo, la mayoría de los estudiosos de los conflictos sociales colombianos lo considera el más expresivo defensor y promotor de las bandas paramilitares que operan como instrumentos de los grupos oligárquicos de Colombia y son responsables de los asesinatos de decenas de miles de líderes y luchadores sociales que se atreven a confrontar sus designios. Además, su implicación con las organizaciones de narcotraficantes colombianos también es una sospecha en la que creen casi todos los analistas.

Sin embargo, a pesar de toda esta trayectoria, inmediatamente después de su condena por las instituciones jurídicas constitucionalmente habilitadas para ello, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una nota para condenar la decisión de la Justicia Colombiana, caracterizándola como “un acto de persecución política”, ya que, para él, “el único delito del expresidente ha sido luchar incansablemente y defender a su patria”.

¿Alguien ha logrado detectar alguna similitud con lo que el jefe de Marco Rubio dijo tan pronto como se confirmó el enjuiciamiento del patriarca del bolsonarismo por el Superior Tribunal de Justicia brasileño? Claro que la pregunta ha sido hecha en tono de ironía. ¡Sería imposible no haberse dado cuenta de esto!

Pero, lo que realmente nos interesa y preocupa es el significado detrás de la actitud en estos dos casos recientes. Sin que tengamos que realizar grandes esfuerzos de memoria, podemos recordar que hasta hace poco tiempo la intervención del imperialismo estadounidense en los países latinoamericanos priorizaba el apoyo a ciertas autoridades del Sistema Judicial con el propósito de que estas eliminaran del juego político a los líderes que no les fueran serviciales.

En referencia a lo que citamos en el párrafo anterior, aún tenemos frescas las marcas de la actuación de la pandilla Lava-Jato en Brasil, con el objetivo de deponer el gobierno de Dilma Rousseff, encarcelar a Lula y posibilitar la elección de uno de los más abyectos lacayos al servicio de sus intereses en nuestra nación. Sin embargo, esta metodología no se ha limitado a nuestro país, varios de nuestros vecinos también han sido víctimas de planes similares. Además de Brasil, intervenciones de “lawfare” pro-estadounidense han ocurrido en Perú, Argentina, Paraguay, Ecuador, etc.

Por lo tanto, parece que estamos ante una inversión de su lógica operativa. Ahora, con el objetivo de preservar a los políticos completamente subordinados a su mando, los representantes del alto escalón gubernamental de los Estados Unidos han decidido entrar en acción para desacreditar a jueces y sistemas jurídicos que se atrevan a aplicar el rigor de la ley contra sus aliados locales.

Quizás, los casos recientes de Brasil y Colombia estén señalando una inversión de sentido en la interferencia del imperialismo en la continuidad de su ‘lawfare’. ¿Cómo denominar esta nueva variante? ¿Sería ‘lawfare’ al revés?

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*Jair de Souza, Economista egresado de la UFRJ, Máster en Linguistica, también de la UFRJ. Analista político. Brasil. 

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