ARIADNA ELJURI / ULTIMAS NOTICIAS
En 2021, la Defensoría de Bolivia informó que en las masacres se cometieron delitos de lesa humanidad.
El fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, imputó a Jeanine Áñez, expresidenta de facto, exfuncionarios gubernamentales, altos mandos policiales y militares involucrados en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.
En la solicitud, la Fiscalía solicita 30 años de cárcel por los hechos que dejaron un saldo de 10 personas fallecidas.
Según el fiscal, la solicitud de la condena se da luego de que se presentara un informe que recogía 450 pruebas y 11 informes técnicos de la investigación del caso.
En este informe —señala el fiscal— también se registran 25 dictámenes de peritos, 126 entrevistas a la Fuerzas Armadas y 30 entrevistas a funcionarios policiales, cita Prensa Latina.
La fiscalía además entrevistó a 50 víctimas de la masacre.
Cabe recordar que en enero pasado ya se había expuesto los argumentos del caso, y se había solicitado la activación del proceso de responsabilidad de Añez en la masacre, por haber ejercido el cargo de presidenta de facto.
La exsenadora será sometida, entonces, a un proceso ordinario, que solo requiere de una acusación de la Fiscalía para proceder al juicio en un tribunal de sentencia.
Investigación sobre las masacres
Según la investigación preliminar, citadas por el despacho de prensa, el 19 de noviembre de 2019, policías y militares reprimieron a civiles en El Alto, donde se registraron 31 personas heridas por proyectiles de arma de fuego y 10 murieron baleadas.
Por este hecho, el Ministerio Público amplió la imputación contra Áñez por la firma del Decreto Supremo 4078, conocido como de la Muerte, que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional tras el golpe de Estado de 2019.
En marzo de 2021, la Defensoría del Pueblo de Bolivia publicó un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata en el que concluye que el Gobierno de Jeaniñe Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en “asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil”.
El informe presentado en ese momento señala que las 20 muertes en Sacaba y Senkata se constituyen en masacres “al haberse cometido el delito de asesinato de forma sistemática en contra de población civil y bajo el conocimiento, órdenes e instrucciones dictadas desde el Gobierno transitorio, características que configuran un delito de lesa humanidad”.
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