POR: CRISTINA DE LA TORRE

 De acuerdo con la Fiscalía y la Dijin, al menos 17 personas, entre ellos altos ejecutivos, tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, apoderamiento de hidrocarburos y falsedad en documento privado, por presuntamente orquestar un esquema delictivo que permitía la exportación de crudo venezolano que estaba sancionado por Estados Unidos, aprovechando el petróleo que era robado por el ELN del oleoducto Caño Limón Coveñas.

(EL COLOMBIANO – 26 JULIO 2023)

¡Oh hipocresía inmarcesible! Ni los gremios económicos en sus gastados mohines de dignidad ofendida, ni el ELN en los suyos, han dicho mu sobre revelaciones de la Dijin que sacuden al país: enemigos ante la galería, empresarios de renombre y guerrilleros se alían sin embargo en la sombra para robarle crudo a Ecopetrol por valor de 80 millones de dólares al año. Callan las asociaciones de negocios mientras los jefes elenos exigen trato político y manutención para sus hombres. Como si no les bastara con la tajada que sacarán de los 130 millones de dólares que Ecopetrol pierde cada año por ataques a sus oleoductos dirigidos por esa guerrilla, según revela el presidente de la compañía. Entre 2021 y 2022, Ecopetrol encontró más de 250 conexiones ilegales, donde los criminales se surten del crudo.

Pero, mientras el establecimiento se muere de la risa, un hecho excepcional confirma la regla: investigado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, la Fiscalía pone preso a Nicolás Petro, el hijo del presidente. Y éste, que a la primera sospecha le pidió a la Fiscalía investigarlo, declara ahora que no presionará a la justicia para favorecerlo. Petro es un mandatario que, a diferencia de otros, no escurre el bulto pretextando persecución política. Y también el primero en ejercer a contrapelo de las elites, que se lucran sin pena y con gloria de la corrupción.

Las denuncias de última hora sobre el asalto al patrimonio de Ecopetrol se suman a la de Andrés Idárraga, jefe de Transparencia de Presidencia, que nos cubre de vergüenza: la impunidad en delitos de corrupción asciende en Colombia al 94%. Por abuso o desviación de poder, el robo de bienes públicos, el soborno, el peculado por apropiación y la extorsión pululan. Fruto de un Estado débil, del clientelismo, del narcotráfico, del general desprecio por la ley. Y de la eliminación de controles sobre la economía que vino con la privatización de funciones públicas montada sobre la creencia de que sujetos como Hernando Silva Bickenbach, adalid de los cacaos del crudo y primo de la esposa del expresidente Pastrana, eran más confiables que el Estado. Su empresa, y otras 40, tendrán que responder como pujante red de contrabando que (gracias a los buenos oficios del ELN) extrae petróleo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, lo embarca para darle visos de legalidad y luego se lo revende al Estado colombiano. ¡Aviones!

Si hablan estos hechos de corrupción por robo descarado de bienes públicos, en otros escenarios ha hecho esto su agosto. Como en la financiación privada de campañas electorales, que el elegido retribuye después con puestos, contratos y concesiones del poder. Del humilde clientelismo que canjea el voto por un cupo de escuela para el niño se ha saltado a una riada de candidatos financiados por mafias y dineros non sanctos o por contratistas que terminan apropiándose el erario.

Sostiene transparencia por Colombia que el punto nodal de la corrupción es la contratación pública. El entonces contralor Carlos Felipe Córdoba hablaba de mallas complejas de contratistas que acaparan las inversiones del Estado: sólo una de ellas llegó a concentrar adjudicaciones por $60 billones. Con aquella vinieron la privatización de la política y su carga de corrupción: la alianza financiador de campaña, elegido y contratista puso en jaque a la democracia.

Golpe mortal a la lucha contra la corrupción: el Consejo de Estado le perdona a Odebrecht su multa de $715 mil millones, postre en este banquete de ladrones de cuello blanco que se volvió ADN del poder. Soluciones: toma la delantera la dignidad de un presidente como Gustavo Petro. Y a esta debería seguirle un levantamiento general de la sociedad contra los malandros y sus protectores, que entre drinks se roban el país a carcajada batiente.

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