Por Heidy Sánchez

El pasado 30 de junio la Personería de Bogotá solicitó a la Alcaldía Mayor instalar una mesa de trabajo para revisar el Sistema Distrital Bogotá Solidaria, creado por la administración en marzo de 2020 en el marco de la pandemia y que ha recaudado recursos económicos significativos a través de distintas entidades del Distrito con el fin de atender a la población más pobre y vulnerable en tiempos de crisis. 

Si bien la Personería revisará el cumplimiento de objetivos, actuaciones administrativas y la respuesta a la ciudadanía, nos parece importante tener en cuenta en esta mesa de trabajo los resultados del seguimiento e investigaciones que la Contraloría de Bogotá, como entidad de control, ha hecho al Sistema Bogotá Solidaria y donde se han identificado no solo hallazgos administrativos sino también algunos con indicios de presuntas irregularidades económicas en los cortes de 2020, 2021 y 2022.

De estas investigaciones la Contraloría identifica hallazgos sobre la transparencia, temporalidad y trazabilidad en los reportes públicos de la contratación vía SECOP II; inconsistencias en las transferencias y atención a jóvenes, vejez e infancia; inconsistencias y fallas en la planeación precontractual, en estudios      financieros, en ejecución presupuestal y en el cumplimiento de metas; igualmente, hallazgos administrativos sobre la verificación entre personas planeadas a beneficiar y las reportadas o criterios empleados para la focalización de beneficiarios que no fueron aplicados; falta de información sobre giros a personas que lo requerían o tenían una expectativa y otros hallazgos que se reportan por diferencias en novedades de ejecución de recursos, soportes presentados en los diferentes convenios, tareas de supervisión y verificación. Hallazgos que el Distrito no pudo desvirtuar en sus respuestas ante la Contraloría y que está en la obligación de aclarar.

En ese sentido, queremos llamar la atención para que los diferentes organismos de control y la ciudadanía pidan cuentas al Distrito sobre varios elementos que en ejercicio del control político desde el Concejo de Bogotá hemos denunciado respecto al Sistema de Bogotá Solidaria, tales como:

  1. La falta de claridad y cambios constantes en las bases de datos y su trazabilidad, ya que para establecer los beneficiarios se acude a un cruce de información entre programas nacionales, distritales y trabajo de campo que no permite identificar fácilmente la base real de datos, su vigencia y actualizaciones; lo cual dio como resultado que muchas familias en condición de pobreza y vulnerabilidad no pudieran acceder a estas ayudas del Distrito.
  2. Producto del cruce de datos, se establecieron criterios de bancarización o contacto telefónicos para informar el acceso a los subsidios, desconociendo que buena parte de la población de estratos 0, 1 y 2, tiene baja bancarización y poco acceso a telefonía móvil.
  3. En el informe de auditoría interna de la Secretaria Distrital de Hacienda (SDH) se evidenció que existen, en el tiempo de vigencia del programa Bogotá Solidaria, diferencias significativas entre los montos destinados a girar para familias y las transacciones efectivas logradas. Esto significa que las bases de datos tienen problemas de inconsistencia y no es claro si los dineros girados exitosamente llegaron a las familias que lo requerían y, de no ser así, si los bancos devolvieron estos recursos o qué sucedió con ellos. Por ejemplo, en 2020 dicho informe evidencia y solicita aclaración con respecto a los valores señalados por los traslados / dispersión a los operadores (entidades financieras), debido a que se identifica una significativa diferencia de $179.000 millones ya que a la oficina de control interno de SDH informa traslados a dichas entidades por $232.000 millones, mientras la Veeduría Distrital identifica en el mismo periodo a estas mismas entidades traslados por un monto de $411.000 millones.

Igualmente, consideramos relevante la supervisión de los recursos girados por cada entidad a un fondo común como base del programa Bogotá Solidaria, pues son recursos de las alcaldías locales vinculados a los Fondos de Desarrollo Local y de otras entidades que tenían una destinación original en los territorios y que no necesariamente sus poblaciones fueron atendidas. Por otra parte, la supervisión de dichos recursos quedó diluida en el comité directivo del programa y los ordenadores de gasto del origen de los recursos. Hoy ya finalizada la emergencia sanitaria encuentran que la misionalidad de sus entidades ha quedado comprometida y, por lo tanto, es necesario que el Distrito precise las responsabilidades de los recursos, su planeación, vigilancia, liquidación y control, como también aclare el futuro, la regularidad y la población a beneficiar del programa Bogotá Solidaria.

Es necesario recalcar que la renta básica mensual en Bogotá no existe y nunca existió, como eufemísticamente la administración distrital pretendió informar a la ciudadanía. Lo que hubo fue una centralización de subsidios del Distrito que se complementó con apoyos de distintas naturalezas que desde el Plan de Desarrollo se denominó Ingreso Mínimo Garantizado. A pesar de esto, hay que señalar que las ayudas resultaron para atender a 3.357.585 personas en condición de pobreza monetaria y 1.108.836 personas en condición de pobreza extrema en 2020, que si bien han tenido reducción en 2021 siguen representando el doble de personas

pobres y pobres extremas con respecto al 2019, lo cual confirma que las medidas tomadas no han cumplido del todo los objetivos.

En todo caso, es un balance necesario que por un lado dejará aprendizajes fundamentales y por otro, permitirá evaluar la eficiencia y transparencia de este programa tan importante en la ciudad, lo cual da elementos necesarios para desarrollar un debate de ciudad y para el país en perspectiva del diseño e implementación de una verdadera y necesaria renta básica garantizada.

Como concejala de la ciudad, colocamos y aportamos estos elementos ante la opinión pública y las autoridades para que se sumen esfuerzos en la fiscalización, seguimiento de los recursos y los derechos que la ciudadanía más vulnerable tiene. Asimismo, solicitamos incorporar a la Contraloría Distrital y armonizar los informes que salgan de la comisión mixta con Personería y que nos presenten ante la comisión accidental de seguimiento del Concejo de Bogotá informe sobre las situaciones evidenciadas.