La compraventa del voto es apenas una arista de lo que encontrará la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que por primera vez se fija en Colombia con observadores a largo plazo. Mientras, acecha la sombra desde Venezuela de Aida Merlano, una excongresista de derecha, prófuga, que fue condenada por compra de votos y que sabe demasiado.

BOGOTÁ19/02/2022 23:01 ACTUALIZADO: 20/02/2022 13:11

CONSTANZA VIEIRA | @CONSTANZAVIEIRA

Aida Merlano es el alter ego, la heroína, el ejemplo a seguir en el barrio de invasión de un pueblito de pescadores en las afueras de Barranquilla, capital del Caribe colombiano y donde desemboca el río Magdalena, la arteria fluvial que brota en los Andes y recorre el país de sur a norte.

«Puede estar escondida aquí, en cualquier casa del barrio», le dijo a esta reportera un habitante afro en octubre de 2019, cuando la excongresista Merlano acababa de protagonizar una fuga cinematográfica en Bogotá, estando ya presa y condenada a 11 años, después de un juicio relámpago en 2018. «Aquí todo el mundo la recibiría en su casa, a mucho honor», añadió el hombre, amistoso y sonriente.

Merlano, barranquillera atractiva y vivaz de 41 años, llegó a donde llegó trabajando desde los 15 años en el oficio que le aprendió a su papá: comprarle el voto al pueblo en las elecciones. A ella no se le pasaba por la cabeza que eso pudiera ser ilegal. Este año, en Colombia se celebran elecciones legislativas el 13 de marzo y presidenciales el 29 de mayo.

Están orgullosos de Aida Merlano. Es una de ellos. Creció en otro barrio de invasión, en Barranquilla, llamado Buenos Aires, donde hace medio siglo no había acueducto y apenas iban a poner electricidad. Llegó a ser representante a la Cámara por su departamento (Atlántico), en nombre del Partido Conservador.

Viste ropa de marca y lleva carteras de lujo y cuando fue allanada la sede de su campaña al Senado, en marzo de 2018, la Fiscalía le incautó sus joyas personales, que incluían muchos diamantes regalados, en parte (ahora se sabe), por su entonces amante Alex Char: dos veces alcalde de Barranquilla y actual precandidato presidencial puntero por la coalición de derechas Equipo por Colombia. Para algunos analistas, Char es uno de los varios candidatos por los que apuesta el ultraderechista expresidente Álvaro Uribe, mientras espera la lista corta de aspirantes a la presidencia que dejen las primarias del 13 de marzo.

Después de su fuga, Merlano reapareció cuando fue recapturada en Venezuela en enero 2020. Primero confesó ante autoridades venezolanas en una audiencia televisada cómo funciona la industria de la compra del voto en Colombia: dijo que su huida de la cárcel fue organizada por los Char para matarla, que los hombres que la ayudaron a fugarse se convirtieron en sus captores y que uno de ellos la violó.

Que Merlano y Char fueron amantes durante seis años se conoció por infidencia de ella a principios de febrero, mes y medio antes de las primarias, pero eso a nadie le importó; ni a la esposa oficial del precandidato.

También quedó semidesnudo el fraude sistemático en las elecciones de Colombia, que lleva dos generaciones y cuyos resultados todo el mundo suele reconocer, comenzando por la mayoría de los propios colombianos y por las misiones de observación electoral. Por cuenta de las revelaciones Merlano, el precandidato presidencial Alex Char, comprometido hasta el cuello, podría quedarse con los crespos hechos.

La poderosa familia Char, dueña de una cadena de supermercados, de un banco y del equipo Junior de Barranquilla, entre muchos otros negocios, venía cocinando su candidatura presidencial hace tiempo, y hace cuatro años dio el paso fundamental de estrechar lazos con el expresidente Uribe, dejando colgado de la brocha al liberal de derecha Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Juan Manuel Santos y quien aspiraba a la presidencia en 2018.

Ahora, Aida Merlano, ya ante la Justicia colombiana, acusa al Clan Char y a otra familia influyente de Barranquilla, los Gerlein (del Partido Conservador y privilegiados contratistas de obras públicas), de destinar el equivalente de más de cuatro millones de euros para la compra de votos en las anteriores elecciones para el Congreso y presidenciales, en 2018, cuando salió elegido el derechista Iván Duque.

Técnicamente, ella está presa en el país bolivariano y a la espera de que Colombia la pida en extradición a las autoridades venezolanas. El hecho de que Colombia no solicitado aún su extradición genera suspicacias, puesto que uno de los comprometidos por la confesión de Merlano es justamente el presidente Duque.

Merlano logró hacerse oír este mes mediante videoconferencia por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, a la que esta vez le ha entregado pruebas de cuáles son los políticos que se hacen elegir a través de la industria de la compra del voto.

Las evidencias parecen convincentes, pues, como resultado, la Corte Suprema está compulsando copias de la confesión de Merlano a la Fiscalía General o a la Comisión de Acusaciones del Congreso, según el fuero de los señalados por ella: por ejemplo el Nobel de Paz Juan Manuel Santos (presidente 2010-2018); su antecesor Álvaro Uribe (2002-2010); el actual presidente Duque (2018-agosto 2022); el ya mencionado Germán Vargas Lleras; el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez, activo maquinador contra el acuerdo de paz con las FARC aunque fue postulado a ese cargo en su momento por Santos presidente; Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial de Uribe y ahora otra vez aspirante, envuelto en la corrupción de Odebrecht; tres miembros del Clan Char: Alex, su hermano Arturo expresidente del Senado y el poderoso padre de ambos, exsenador Fuad Char; otro poderoso examante de Merlano, el ingeniero civil y contratista de obras públicas Julio Gerlein, exsocio de Odebrecht y hermano de Roberto Gerlein, líder conservador de la Costa Atlántica y senador durante 40 años, recientemente fallecido, entre otros.

Los audios anexados como prueba por Aida Merlano indican que en 2018 el ingeniero Gerlein aportó 12.000 millones de pesos (2,7 millones de euros) y la Casa Char otros 6.000 millones de pesos (1,3 millones de euros) a la maquinaria electoral que administraba Merlano. Los aportes se hicieron en efectivo, pero sobre todo a través de una red de contratistas y de empresas ficticias que se ganan licitaciones estatales hechas a su medida para excluir a otros licitantes, o que simplemente son contratadas a dedo mediante contratación directa.

Tampoco G., de unos 32 años, parece haber vivido cosa distinta que votar al mejor postor. Seria, meticulosa y disciplinada, ella es ama de casa, madre de dos hijos y también vecina de aquel barrio de invasión de las afueras de Barranquilla. En octubre le preguntó con asombro a esta reportera: «Señora Koni, ¿es cierto lo que me contaron? ¿es verdad que usted nunca, pero nunca ha vendido el voto?»

A G. y a sus vecinos los apacienta todo el cuatrienio un autonombrado líder barrial, que puede ser hombre o mujer -y con frecuencia son varios- cada cual en llave con algún cacique político, aunque también en este ámbito se ven infidelidades. Ser un líder así es un empredimiento propio. A cambio de docenas o según, de cientos de votos, obtienen contratos de pocas semanas o meses o empleos de salario mínimo, para sí mismos o sus allegados, en servicios generales de las oficinas públicas. Ellos hacen que no sea cierto que la política sólo aparece en elecciones. Son liderazgos que no dan puntada sin dedal, picotean prestigio con pequeñas asistencias entre elección y elección, como gestionar que se pavimente la calle prometida en campaña o ayudar a conseguir los distintos subsidios que se han ido multiplicando en este siglo a medida que los gobiernos neoliberales desmontan los derechos.

En todo caso, la «asistencia» sí se reactiva de manera palpable un par de meses antes de la fecha electoral. Comienzan a remozarse algunas fachadas y los tejados se remiendan. Normalmente, al votante se le da un adelanto por el voto, antes de elecciones. La paga puede ser en dinero o en especie, como materiales de construcción, de lo cual se encarga un coordinador de líderes que trabaja cuatro o cinco meses por un salario nada despreciable que le entrega la campaña política.

Cuando se necesita, hay paga por asistir a manifestaciones, a donde la gente es llevada en buses contratados para el efecto, a veces con refrigerio y hasta con almuerzo incluido en una metrópoli donde (dato reciente, ya afectado por la pandemia) la mitad de la población no tiene con qué comer una de las tres comidas diarias.

Para el día de elecciones, y en acuerdo con el coordinador de la campaña no importa de qué partido, el líder electorero (el que se encarga de la compra de votos) ha tenido el cuidado de inscribir a su clientela en un puesto de votación determinado.

Si la cuota de votantes se cumple el día de las elecciones y las cifras cuadran en el puesto de votación, el líder electorero paga al votante el resto de la suma pactada o su equivalente en especie. Si el cliente es un drogadicto llevado y el líder también tiene un negocio de microtráfico, le cambia una gruesa papelina de bazuco por un certificado electoral, el papel impreso con su nombre y número de identificación que le entregan al votante los jurados de la mesa de votación luego de votar.

Al menos de dientes para afuera hay una suerte de código de honor: un voto prometido al mejor postor es como la palabra empeñada. Los líderes electoreros les dicen a sus votantes comprados que (aunque el voto es secreto) tienen mecanismos para saber quién no votó según el compromiso. Cómo evadir esos controles, si es que existen, es la gran pregunta que se hacen en este 2022 varios vecinos del pueblito de G.. La razón que aduce un vecino es que quisiera esta vez votar por un amigo, y claro está que cabe mencionar que no todos los candidatos contratan con la industria compravotos.

También es cierto que no todo el mundo en los barrios más pobres de Barranquilla y su área metropolitana vende su voto. Como don Migue, el que vendía agua de coco en un puesto a la orilla de la carretera en «La Y de los Chinos», un cruce en la autopista de Barranquilla a Cartagena. Don Migue, un caribeño correctísimo de más de 70 años que poco antes de la pandemia tuvo que dejar su venta callejera luego de ser atropellado por un auto que casi lo manda para el otro mundo, llevaba por entonces más de dos décadas sin votar: desde que un político le propuso que le compraba el voto y él le contestó: «Usted conmigo se equivoca», y se marchó; y en general, de tanto ver «tanta porquería en elecciones», parafraseando al poeta colombiano León de Greiff, don Migue se incrustó en el abstencionismo, de donde no volvió a salir.

Las elecciones más compradas son las del poder local y regional, las alcaldías, la gobernación, cargos que multiplican su influencia mediante la contratación. Luego sigue el Congreso. «Por presidente casi no compran el voto, o no lo compran», le dijo a la reportera otro vecino, carpintero constructor de 35 años. Esto se contradice con unas grabaciones ordenadas por la Justicia en otro caso y que accidentalmente captaron conversaciones de la entonces asistente de Uribe en su oficina del Senado, Caya Daza, con El Ñeñe Hernández, un lavador del narcotráfico que según las grabaciones compró votos para la elección de Duque.

La industria de la compra del voto es uno de los secretos mejor guardados de Colombia y al mismo tiempo es un secreto a voces. Cuenta con un aparataje enorme y se mueve en todos los sectores sociales en este país con 38.819.901 potenciales electores.

La estratagema de concentrar la compra del voto en determinadas mesas para poder controlar mejor a los votantes también se aplica a determinadas ciudades y determinadas regiones: el voto se compra sobre todo en Barranquilla y Cartagena de Indias, Sincelejo y Montería, capitales departamentales de la región caribe, Bogotá, Cali (al occidente), el puerto de Buenaventura sobre el Pacífico, y la ciudad andina de Pereira, según un «coordinador de líderes» entrevistado en el programa de Youtube Palabras Mayores por el cirujano colombiano residente en España Pablo Bohórquez.

Lo aquí relatado es apenas una arista de lo que viene a encontrar la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), que llegó en enero con una avanzada y el 12 de febrero comenzó el despliegue de observadores a todas las regiones de Colombia.

Un primer contingente de 34 ciudadanos comunitarios y de Suiza y Noruega son «observadores de largo plazo» porque viajan con semanas de anticipación y permanecen en las zonas que se les asignan hasta el final del proceso electoral. La misión podría prolongarse hasta junio, si hay segunda vuelta en las presidenciales. A ellos se adicionan 40 observadores «de corto plazo» para reforzar la observación durante las fechas electorales y una delegación del Parlamento Europeo, así como observadores de las embajadas de la UE en Colombia.

La observación de la MOE UE abarca aspectos como la administración electoral, el marco legal, los medios de comunicación y las redes sociales. Los observadores se reúnen con la autoridad electoral regional, los candidatos, los responsables de los partidos y otros representantes de la sociedad civil, en una metodología que ha sido probada durante 20 años en más de 200 elecciones en 60 países.

Es la primera vez que la MOE UE opera en Colombia, por invitación de la Organización Electoral nacional como es lo reglamentario. La misión está dirigida por el europarlamentario español Javi López y el jefe adjunto es José Antonio de Gabriel.