Por: Libardo Muño
La Comisión Internacional de Derechos Humanos, CIDH, se pronunció a favor de la niñez de la comunidad wayuu, en la Guajira, para que de manera perentoria se les asegure el acceso a la alimentación, la salud integral y al agua potable, en las localidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
La decisión de la CIDH se interpretó en esta región del Caribe colombiano como un hecho histórico, que conmina al Estado a presentar dentro de quince días un informe sobre las medidas solicitadas y a llevar un reporte periódico del avance de las normas que se adopten.
El líder wayuu Javier Rojas Uriana, es el autor de la solicitud a la CIDH, con fecha de febrero 19 de 2015, con la colaboración de Carolina Sáchica, abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.
En ocho años, 4.000 niños wayuu murieron por los estragos en su organismo de la falta de calorías, por el hambre proteínica, por el consumo de aguas impuras y contaminadas, mientras unas compuertas restringen el paso del Río Ranchería por su cauce natural, para beneficio de la mina de carbón de la Drummond.
La CIDH exige una visión real, que se haga pública, sobre los verdaderos beneficios de la minería de carbón a cielo abierto y su relación con un programa de alimentación, si es que existe, para darle al niño guajiro «una vida digna, prioritaria e indefinida».
«Sí hay un requisito de gravedad en la solicitud enviada a la CIDH para amparar a los niños wayuu», dijo Rojas. La CIDH logró comprobar que La Guajira es un departamento con el más elevado índice de desnutrición en Colombia, sobre todo en la media y alta guajira.
No cabe duda de que toda la Guajira es el escenario de una crisis humanitaria, en 2015, 26 niños wayuu murieron por hambre y enfermedades que hubieran podido evitarse con atención oportuna, el Estado no tiene presencia en su territorio, la población guajira que dispone de agua, electricidad y alcantarillado no llega al 40%-
La corrupción política de dirigentes nativos de la Guajira es el otro monstruo de mil cabezas que agrava la crisis humanitaria de esta región, según se desprende del hecho de que varios exalcaldes y exgobernadores son delincuentes prófugos de la justicia. Unos 40 operadores que trabajaban con el ICBF no volverán a ser contratados, como consecuencia de la investigación de la Fiscalía en el manejo de presupuestos y de bienes de consumo en los programas de atención a la niñez.
pbolivariana@gmail.com
Follow @pbolivariana
Prensa Bolivariana 