Por Adalys Pilar Mireles
Bogotá, 17 sep (PL) Cuando restan etapas para finalizar los diálogos pacificadores, la iniciativa gubernamental de crear una herramienta que agilice desde el parlamento la implementación de los venideros acuerdos despierta polémica en Colombia.
Equipos gubernamentales y de las insurgentes FARC-EP platican en Cuba desde 2012 para hallar una salida concertada al prolongado conflicto armado interno, que dura más de medio siglo.
Tal paso -mecanismo legislativo para la paz- considerado por algunos analistas como precipitado, es defendido por el Ejecutivo con el argumento de evitar improvisaciones y garantizar fórmulas para una aplicación expedita de los pactos, que aún no fueron rubricados pues según los preceptos rectores de las conversaciones en La Habana, nada está acordado hasta que todo quede consensuado.
La idea es crear una comisión parlamentaria integrada únicamente por congresistas, para que desarrolle de forma democrática y ágil, con términos más cortos y en menor número de debates la normativa legal requerida para poner en práctica los acuerdos derivados de las pláticas, explicó el mandatario Juan Manuel Santos al presentar el proyecto, que en próximos días será debatido en el Congreso.
Asimismo -dijo- tal procedimiento concedería facultades muy precisas y por un tiempo definido al Presidente de la República para impulsar o expedir decretos con fuerza de ley.
Queda la sensación de que el Ejecutivo en lugar de concentrarse en resolver esos dos cuellos de botellas (cerrar negociación y que la ciudadanía apruebe en las urnas el pacto final) se está apresurando al crear ese instrumento para ejecutar eventuales convenios, no refrendados por la población, subrayó el diario El Nuevo Siglo.
Tras lograr consensos en los puntos de reforma rural integral, drogas ilícitas y participación política, las delegaciones gubernamentales y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) discuten ahora temas controversiales como las fórmulas de la justicia transicional y el propio fin de la confrontación -cese el fuego bilateral, desarme y desmovilización-.
Sin terminar aún tales debates ni definir la variante mediante la cual el pueblo validará los resultados de los análisis, restando -además- el inicio de reuniones formales con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), involucrado igualmente en la contienda, tal recurso es visto por ciertos sectores como un esfuerzo sin aparente justificación y anticipado.
Junto a las dudas, voces como las del senador Iván Cepeda y otros activistas rechazan el llamado Acto legislativo para la paz (ALP) debido al carácter unilateral de la propuesta, la cual excluirá de los futuros análisis en el parlamento a las FARC-EP.
El problema de esa legislación no sólo compete al Congreso sino a ambas partes de la mesa de conversaciones, escribió Cepeda en su cuenta de Twitter, tras abogar por incluir al grupo rebelde en dichos espacios de reflexión.
La implementación, verificación y refrendación contempladas en el sexto punto de la agenda de pláticas, no son asuntos que conciernen solamente al Ejecutivo, su tratamiento requiere compromisos mutuos, acuerdo, por ello nos sorprende la noticia sobre la presentación del proyecto de (ALP), subrayó la víspera las FARC-EP.
Desde La Habana, sede de las pláticas, ese movimiento insurgente rechazó tal decisión y advirtió que en una conversación a favor de la distensión, la unilateralidad y la imposición, son atajos que no deben tomarse, porque conducen al fracaso.
En tanto la reciente proposición gubernamental resulta incomprendida por una parte de la sociedad, que mira con expectativa e incertidumbre el desarrollo del proceso pacificador en la capital cubana y espera el comienzo de diálogos con el ELN.
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Prensa Bolivariana 