Caracas, 19 jun (PL) El gobierno de Venezuela rechazó hoy una campaña mediática en su contra orquestada por la derecha local e internacional en torno al viaje a Caracas de un grupo de legisladores brasileños.
De acuerdo con un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, la estadía de los parlamentarios con el objetivo de respaldar a lidere opositores vinculados con acciones violentas en 2014 forma parte de planes desestabilizadores.
El grupo de diputados, dirigidos por el senador Aecio Neves, excandidato presidencial y contrario al gobierno de Dilma Rousseff, denunció supuestas faltas de libertades en Venezuela y anunció que comenzarán acciones para impulsar el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
«Llama la atención que figuras de la derecha extrema, partícipes en golpes de Estado en Venezuela, participaron de toda la agenda de estos factores de oposición internacional», precisa el texto.
Ante este nuevo escenario perturbador a la estabilidad y la paz en el país, y que además busca generar conflicto entre países hermanos, el Gobierno venezolano reitera sus lazos de amistad y cooperación, basados en el respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos, agrega el la nota diplomática.
La primera gran mentira mediática fue señalar falsamente que el Gobierno venezolano había negado el permiso de sobrevuelo para esta comitiva, cuando ni siquiera se había presentado solicitud formal alguna, precisó el informe.
También mintieron, según ese texto, cuando afirmaron que la seguridad e integridad física de estos senadores estuvo comprometida.
El pasado miércoles también el Comité de Víctimas de la Guarimba (acciones violentas de 2014) y el Golpe Continuado condenó el apoyo a la derecha de los senadores brasileños encabezados por Neves.
En un comunicado el grupo rechazó el respaldo de esos políticos brasileños a los autores materiales e intelectuales de las acciones extremistas del pasado año.
Además, censuró la intromisión de los senadores -quienes visitan este país- en el proceso legal abierto contra opositores venezolanos como Leopoldo López, principal acusado de impulsar las manifestaciones del año pasado.
El Comité exigió que se dejara de utilizar el tema de los derechos humanos como instrumento político para intentar justificar y legitimar actos que constituyen delitos y verdaderos hechos de violencia.
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