dilma1Por Leovani Garcia Olivarez

Brasilia, 10 abr (PL) El gobierno de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, cumple hoy 100 días, en medio de una complicada situación económica, que implica recortes de gastos y ajustes fiscales, así como el sustento de los programas sociales.

Tras asumir el 1 de enero último su segundo mandato, Rousseff inició otros cuatros años en el poder con una economía en desaceleración, una compleja situación financiera y un multicolorido Congreso, integrado por representantes de 28 partidos políticos.

El nombramiento del banquero ortodoxo Joaquim Levy como titular de Hacienda y la implementación de medidas que restringen el acceso a derechos laborales, como los subsidios por desempleo y por muerte del trabajador, generaron asimismo descontento popular.

A esto se suma una arremetida de la derecha conservadora, que en medio de este desfavorable clima interno, intentó responsabilidad a la reelecta jefa de Estado del escándalo de corrupción en Petrobras, que envuelve a exdirectivos de esa petrolera, ejecutivos de empresas privadas y políticos.

Para la gobernante, los coyuntura actual determina la necesidad de realizar ajustes, recortes en el presupuesto y apretarse el cinturón con miras a lograr una reanimación de la economía a finales de este año y retomar la senda del crecimiento.

El más reciente informe del Banco Central (BC) revela una expansión del 0,1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) el año pasado, lo cual confirmó la pausa en el desarrollo.

Según el ministro de Hacienda, uno de los ítems que más cayó en 2014 fue la inversión y uno de los objetivos del gobierno ahora es justamente reajustar gastos, en aras de recuperar la confianza y garantizar la entrada de capitales.

No vamos a crecer si no hay inversiones y por eso debemos ofrecer seguridad, equilibrio fiscal y adoptar medidas de ajuste en este orden para contar con fondos suficientes y pagar todas las cuentas, aseveró.

Además de los recortes en los egresos públicos, se suman los incrementos en los impuestos, lo cual disparo el precio de los combustibles, de la energía eléctrica y de otros servicios.

La oposición aprovechó este complicado escenario para dramatizar la atmósfera política, fustigar al gobierno con miras a desacreditar a la mandataria, lo cual propició la aparición de protestas y voces a favor de un impeachment a Rousseff.

Estos acontecimientos devinieron en un incremento del descontento popular, que hicieron caer hasta un 12 por ciento el respaldo a la presidenta brasileña y con un rechazo al ejecutivo, que llegó al 62 por ciento, según últimos sondeos.

Datos macroeconómicos revelan que la inflación se acerca al ocho por ciento por la desmedida alza del precio de los alimentos, al tiempo que el desempleo se elevó entre diciembre, enero y febrero pasados hasta un 7,4 por ciento, el mayor nivel desde 2003.

En medio de este adverso panorama, la administración federal ratificó que los recortes en gastos no afectarán las políticas sociales ni los programas como Bolsa de Familia, y Mi casa Mi vida, que favorecen a millones de ciudadanos.

La prorroga en febrero último de la legislación que asegura los incrementos anuales del salario mínimo corroboró asimismo los intereses de Rousseff de reactivar la economía sin tratar de perjudicar a los ciudadanos.

Sin embargo, las disconformidades del gobierno con un sector mayoritario de legisladores en el Congreso produjeron trabas en la aprobación de medidas gubernamentales, así como la sanción de otras que alteran el clima político y causan confusión entre la ciudadanía.

Esta situación motivó cambios en el gobierno y la entrega al vicepresidente de la nación, Michel Temer, también líder del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de la Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI) de la Presidencia.

Entre otras funciones, esa dependencia se encarga de articular la política del ejecutivo y de las relaciones con el Parlamento, este último controlado por miembros de PMDB, con lo cual la jefa de Estado espera resolver sus diferencia con diputados y senadores.

Los primeros 100 días del segundo mandato de la reelecta dignataria fueron duros, pero según analistas, los venideros presagian complejas jornadas en las cuales se debe maniobrar con juicio para garantizar estabilidad y reanimación económica.

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