Asunción, 15 nov (PL) Miles de campesinos del norte del país, trabajadores de los principales aeropuertos y empleados de puertos privados mantienen hoy medidas de fuerza que inciden directamente en el panorama social paraguayo.
Los labriegos mantuvieron hasta la víspera el control de importantes carreteras en el departamento de San Pedro pero los dos intentos de buscar solución a sus demandas mediante el diálogo con el gobierno fracasaron y entonces anunciaron reunirán 20 mil personas en las vías el próximo lunes.
Las familias rurales piden la condonación de sus deudas porque no pueden honrarlas por las afectaciones a sus cosechas debido a las sequías, entre otras causas y quieren ayuda oficial a la agricultura familiar además de evitar que acreedores se apoderen de sus terrenos y viviendas.
El gobierno ofreció solamente una reprogramación de los adeudos y se negó a aceptar en la mesa de conversaciones a varios líderes campesinos acusándolos de mantener viejas deudas impagas, lo cual no fue aceptado por los protestantes.
Un elemento nuevo fue el anuncio por las organizaciones campesinas de que recibieron el apoyo de 17 intendentes (alcaldes) de la zona y de los gremios docentes, lo cual les impulsó a incluir en sus demandas la devolución a los maestros de los descuentos sufridos tras su última huelga.
Por su parte, los aeroportuarios reafirmaron anoche, reunidos frente a la principal terminal aérea, que paralizarán todos los aeropuertos del país a partir del próximo miércoles y durante 10 días, sin permitir entrada o salida de cualquier avión.
Sus reclamos son el cumplimiento del contrato colectivo y rechazo a la privatización de los dos aeropuertos internacionales situados en Asunción y Ciudad del Este como se proponen las autoridades pues entienden que ello irá acompañado con despidos masivos.
El gobierno, mediante el ministerio del Trabajo, amenazó con declarar ilegal el paro e incluso con el despido de parte de los huelguistas, posición que mantiene rota hasta el momento cualquier negociación.
Por último, los trabajadores portuarios iniciaron jornadas de protesta ante el despido sin previo aviso de 200 empleados de dos puertos privados y la detención de 11 de sus compañeros quienes protestaban por esa decisión empresarial, reclamando su liberación y vuelta al trabajo de los cesanteados.
Las próximas horas serán decisivas para todas las partes y especialmente el gobierno se verá obligado a desplegar toda su estrategia en busca de evitar el agravamiento de esos conflictos sociales.
Prensa Bolivariana 