Por Jesús Adonis Martínez

Caracas, 20 nov (PL) La Ley Habilitante aprobada al presidente venezolano, Nicolás Maduro, está llamada a ser decisiva en la actual cruzada anticorrupción en un complejo escenario económico, pero sus probables efectos apuntan más allá de la coyuntura.

Tras cumplir el requisito constitucional de la anuencia de las tres quintas partes de los diputados (99 votos), la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó esta herramienta que faculta al jefe de Estado para dictar por 12 meses decretos con rango, valor y fuerza de ley en las materias delegadas.

O sea, Maduro podrá legislar de manera expedita para poner coto a la enfermedad crónica de la corrupción administrativa y para encontrar una ruta hacia la estabilidad de las lógicas económicas internas.

Tras su promulgación, el gobernante afirmó que la Habilitante será una ley «para la paz y la prosperidad económica».

Servirá -dijo- para proteger a los sectores más humildes e, igualmente, para defender los intereses y derechos económicos y sociales de la clase media.

Según Maduro, permitirá, por ejemplo, sostener el ajuste de precios (a la baja) que se lleva a cabo en las últimas semanas a partir de la aplicación de una operación cívico-militar de fiscalización que ya alcanza a diversos sectores comerciales a escala nacional (electrodomésticos, automotriz, textiles, calzado, ferretería).

En medio de lo que el Gobierno califica como una guerra económica atizada por factores de derecha a fin de desestabilizar el país, las autoridades toman medidas de choque contra la especulación y el acaparamiento, pero la nueva Habilitante, sin dudas, permitirá radicalizar la apuesta.

Maduro anunció que decretará de inmediato una nueva legislación de Costos, Ganancias y Protección de Precios, así como una Ley de Comercio Exterior -incluidos un Centro Nacional y una corporación que regirán la actividad- para controlar las importaciones y promover las exportaciones.

El Ejecutivo nacional está persuadido de que sectores importadores y comerciales obtienen divisas al cambio oficial (6,3 bolívares por dólar) y luego no cumplen sus compromisos para solventar las necesidades internas o inducen una escalada inflacionaria mediante prácticas especulativas.

De hecho, el mandatario ha manifestado su convencimiento de que la actual crisis económica se debe a la búsqueda de objetivos políticos por parte de algunos actores adversos a su gestión y el proyecto que esta encarna. En este punto, las miradas trascienden el horizonte inmediato.

Maduro ha renovado una y otra vez sus críticas a un modelo económico, basado en el rentismo petrolero, que todavía beneficia a la llamada burguesía parasitaria.

Claro que salir de esa lógica económica reclama un esfuerzo integral que supera el marco formal de una legislación, sin embargo, a juzgar por las declaraciones del Presidente acaso la Ley Habilitante pudiera sentar ciertas bases para otra vuelta de tuerca en el curso de la revolución bolivariana.

Hace un par de semanas Maduro invocó las palabras del gran Albert Einstein y su (otra) teoría sobre las crisis y la fecundidad de estas para generar soluciones que permitan avanzar luego al carro del progreso.

El dignatario insiste en que la actual «crisis inducida por la guerra económica» debe ser aprovechada para dar el salto hacia un modelo productivo y diversificado que sea la base para una nueva sociedad en Venezuela.

Llamó, en consecuencia, a romper de una vez «el estancamiento en que hemos caído en la transición hacia el socialismo».

En cuanto a la lucha contra la corrupción, el jefe de Estado adelantó que se elevará el rigor de normas y penas, y, sobre todo, que la autoridad no parará mientes en colores y alineaciones políticas a la hora de juzgar a los culpables.

Pero aquí también Maduro avista una meta más ambiciosa: la regeneración ética de la política y la sociedad venezolanas.

El pasado 8 de octubre el mandatario venezolano solicitó oficialmente ante el Parlamento la Ley Habilitante, cuando clamó por hacer irreversible la vía venezolana al socialismo y apostó por la ruta hacia una nueva época republicana.

«La institucionalidad está amenazada por un alto grado de entropía que no hemos podido revertir», admitió.

Reconocer las dificultades, los límites del presente, suele ser un buen punto de partida hacia cualquier parte.