Bogotá, 6 oct (PL) La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunció la amenaza de los grupos paramilitares y empresarios contra 10 reclamantes de tierras en Curvaradó, en el Chocó colombiano.

En un comunicado difundido en internet, la Comisión señaló que desde el martes último arreciaron los hostigamientos y señalamientos contra habitantes oriundos de las comunidades de Pedeguita y Mansilla, que intentan retornar tras ser despojados de sus hogares.

En los predios ocupados hay control y operaciones paramilitares y exparamilitares que visten de civil y portan armas, agrega el texto.

La Comisión recordó que estas comunidades desde hace más de un año y medio acordaron con el Gobierno varias medidas para evitar que los empresarios continuaran controlando las tierras y destruyendo sus bienes.

Una de ellas fue el nombramiento de un inspector especial para ordenar el desalojo de los empresarios. Desde hace ocho meses, añade el texto, el inspector «dejó de actuar mientras los empresarios continuaron consolidando su poder con ingreso de centenares de cabezas de ganado, destruyendo bienes y amenazando de muerte».

Las comunidades denunciaron la inacción ante las operaciones paramilitares que se desarrollan sin reacción alguna de la fuerza pública presente en el territorio.

«El paraempresariado, como lo califican analistas, continúa buscando mecanismo de legalización de sus actuaciones con la creación de contratos de arriendo, que desconocen el derecho de consulta y el derecho a la restitución, buscando proteger sus inversiones ganaderas y palmeras», sostiene el comunicado.

Decenas de líderes de restitución de tierras han sido asesinados en diversas regiones de Colombia en los últimos meses. En Curvaradó, varias familias perdieron sus predios y ahora luchan por salvar sus vidas.

El 28 de marzo pasado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos instó al Estado a implementar medidas eficaces para proteger a activistas y defensores rurales.