Horacio Duque * /18/11/2026
El ajuste fiscal planteado por la actual facción ultraderechista que lidera la presidencia de la Republica, en cabeza del actual Jefe de la Casa de Nariño, doctor Abelardo de la Espriella, tiene una enorme carga de profundidad en sus objetivos estratégicos de reorganización de la hegemonía política, de las instituciones de la misma, del modelo de acumulación y del ejercicio de la violencia.
El núcleo próximo a Abelardo (Restrepo y Gómez Martínez el Min Hacienda) diseñó un esquema fiscal volcado sobre los impuestos indirectos como el IVA (al café y los alimentos), gravámenes a la salud, cargas a la clase media y exoneraciones tributarias a grandes capitales. Más hábil, Uribe Vélez y el Centro Democrático, se apartaron de tal esquema y apuntaron a una reorganización radical del Estado, con la reducción de ministerios y la venta masiva de entidades publicas como ya lo habían hecho en el 2002. Saben que meter más IVA era jugar con candela y con la estabilidad de las instituciones oligárquicas. Uribe no pico el anzuelo con lo de las Hojas de vida solicitadas por el Ministro de Hacienda y armó su escandalo para subirle reputación a su planteamiento como en efecto ocurrió.
Una vez organizada la Comisión de ponentes y consolidada la propuesta de Ajuste fiscal lo que queda claro es que la idea central se encamina a organizar un Estado mínimo según los códigos del ultra liberalismo neofascista.
Así, para las fuerzas de Izquierda y para el Pacto Histórico el reto consiste en desnudar y derrotar ese objetivo central de las roscas oligárquicas que deben bloquearlo con la movilización popular y la profundización de la lucha de clases y de masas tal como se ha dado en Brasil y en Estados Unidos de manera reciente con el triunfo de Lula y la derrota de Trump.
En ese sentido, la propuesta de reducir radicalmente el tamaño del Estado, impulsada por Abelardo de la Espriella y respaldada por el uribismo mediante iniciativas legislativas y pronunciamientos de sus representantes, constituye una expresión contemporánea de las doctrinas neoliberales que promueven el recorte de la intervención pública en la economía, la desregulación y la ampliación de la acumulación privada.
No se trata simplemente de eliminar ministerios, reducir nóminas oficiales o disminuir el gasto público. Lo que está de por medio es el papel del Estado en la organización de la sociedad, la distribución de la riqueza, la protección del trabajo y la garantía de los derechos ciudadanos. Estamos ante una disputa política e ideológica sobre la naturaleza del Estado y sus funciones en una sociedad profundamente desigual que se reflejara en las movilizaciones populares previstas para este 19 de noviembre cuando las masas regresaran a la plaza pública en un proceso creciente y expansivo de resistencia revolucionaria.
La teoría neoliberal del Estado mínimo.
La doctrina del Estado mínimo tiene antecedentes en el pensamiento liberal clásico, pero adquirió una nueva dimensión con el neoliberalismo del siglo XX. Entre sus principales referentes se encuentran Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises, James Buchanan y Robert Nozick.
Nozick, en su obra Anarquía, Estado y utopía (1974) , defendió un Estado limitado a garantizar la seguridad, proteger la propiedad privada y hacer cumplir los contratos. Hayek cuestionó la planificación centralizada y defendió el orden espontáneo del mercado; Friedman promovió la libertad económica, la competencia y la reducción de determinadas intervenciones gubernamentales.
Aunque existen diferencias entre estos pensadores, sus planteamientos han estimulado una tendencia que considera que el mercado constituye el mecanismo fundamental de organización económica y que el Estado debe reducir sus funciones empresariales, redistributivas y regulatorias.
Sin embargo, el Estado mínimo no significa necesariamente un Estado débil para todas sus funciones. Puede reducir su intervención social y laboral mientras conserva e incluso fortalece sus capacidades coercitivas, fiscales, judiciales, policiales y de protección de la propiedad privada.
El proyecto uribista: de 19 a ocho ministerios.
En Colombia, esta orientación tiene una expresión concreta en las propuestas del Centro Democrático y de sus representantes.
El representante a la Cámara Daniel Briceño ha defendido la reducción de los 19 ministerios existentes a ocho grandes estructuras administrativas. Su fórmula contempla fusionar sectores como Salud, Educación, Trabajo, Cultura, Deporte, Ambiente y Prosperidad Social en un denominado Ministerio de Capital Humano. También propone integrar Agricultura, Minas, Comercio, Transporte, Tecnología y Vivienda en un aparato de Desarrollo Económico .
La propuesta busca reducir gastos de funcionamiento y eliminar lo que sus promotores consideran duplicidades administrativas. Briceño ha estimado que la supresión o reorganización de determinadas entidades podría generar ahorros cercanos a los 22 billones de pesos, y que la reducción ministerial aportaría otros seis o siete billones.
Al tiempo, los senadores uribistas Julia Correa y Juan Caicedo promovieron un proyecto de ley para otorgar al presidente Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses, con el propósito de crear, fusionar, transformar o suprimir entidades y modificar sus estructuras administrativas. Sus promotores estiman un ahorro equivalente al 2 % del PIB, aproximadamente 42 billones de pesos.
El señor Uribe Vélez constituye un antecedente de esta orientación. Durante sus gobiernos (2002-2010) se fusionaron ministerios y se reorganizaron numerosas entidades estatales, bajo el argumento de reducir la burocracia y racionalizar el gasto público.
La diferencia es que ahora se plantea una transformación de mayor alcance: reducir el número de ministerios a ocho y concentrar competencias sectoriales muy diferentes en grandes estructuras administrativas.
La cuestión fundamental consiste en establecer si semejante reorganización mejoraría efectivamente la capacidad del Estado o si terminaría debilitando las políticas públicas de salud, educación, trabajo, agricultura, ambiente y protección social.
Milei y el experimento ultraliberal argentino.
Las reformas de Javier Milei en Argentina constituyen un referente internacional de esta orientación. Su programa combina ajuste fiscal, reducción del gasto público, desregulación económica, privatizaciones y modificaciones de las relaciones laborales.
La Ley Bases de 2024 amplió las posibilidades de reorganización administrativa y estableció cambios económicos y laborales. Las reformas posteriores profundizaron la discusión sobre el alcance de las garantías de los trabajadores y la intervención estatal.
El gobierno reaccionario de Milei sostiene que estas medidas permiten estabilizar las finanzas públicas, reducir la inflación y estimular la inversión privada. Sus críticos advierten sobre los costos sociales, la contracción de determinadas políticas públicas y el debilitamiento de las protecciones laborales.
Existen semejanzas entre la orientación económica de Milei y las propuestas del uribismo colombiano: reducción del gasto, reorganización administrativa, desregulación y mayor protagonismo del capital privado. Sin embargo, no son programas idénticos y deben examinarse sus respectivas condiciones institucionales y económicas.
Lenin y la crítica marxista del Estado.
El análisis leninista permite profundizar esta discusión y establecer una diferencia fundamental entre el Estado mínimo neoliberal y la concepción marxista de la transformación y eventual extinción del Estado.
En El Estado y la revolución (1917), Lenin desarrolla las tesis de Marx sobre el carácter de clase del Estado. Sostiene que este no es una institución neutral situada por encima de los conflictos sociales, sino una estructura de poder vinculada históricamente con la dominación de unas clases sobre otras.
Para Lenin, el Estado capitalista garantiza las condiciones políticas y jurídicas de reproducción de las relaciones de producción existentes. Su aparato burocrático, militar y coercitivo no puede comprenderse al margen de las relaciones de propiedad y de la lucha de clases.
Pero él no propone simplemente un Estado pequeño, menos ministerios o una administración pública reducida. Su planteamiento es radicalmente diferente: la transformación revolucionaria del Estado burgués, su sustitución por un poder político de los trabajadores y la construcción de condiciones históricas para la desaparición de las clases sociales y la progresiva extinción del Estado como instrumento de dominación.
Esta última tesis supone una transformación de las relaciones de propiedad y de poder. No significa entregar al mercado privado las funciones sociales del Estado ni reducir las garantías de la población trabajadora.
Aquí reside la diferencia esencial: mientras el neoliberalismo busca limitar las funciones redistributivas y sociales del Estado para ampliar el espacio del mercado, el leninismo plantea superar las relaciones de explotación y las estructuras de dominación de clase que históricamente han dado origen al Estado.
Trabajadores, campesinos y derechos sociales.
Las consecuencias de un ajuste estatal dependen de su diseño concreto. Sin embargo, una reducción indiscriminada del gasto y de las capacidades institucionales puede afectar especialmente a los sectores que dependen de los servicios públicos y de las garantías laborales.
Para los trabajadores, los riesgos incluyen el debilitamiento de la inspección laboral, la precarización del empleo, las restricciones a la negociación colectiva y la reducción de mecanismos de protección social.
Para los campesinos, la concentración de competencias en grandes ministerios o la disminución de capacidades institucionales puede afectar los programas de reforma agraria integral, acceso a tierras, asistencia técnica, infraestructura rural, comercialización y fortalecimiento de la economía campesina.
También pueden verse comprometidas las políticas dirigidas a mujeres, jóvenes, víctimas del conflicto armado, comunidades indígenas y afrodescendientes y poblaciones históricamente excluidas.
La reducción de una entidad no representa necesariamente una mejora administrativa. Lo decisivo es establecer qué funciones desaparecen, cuáles se trasladan, qué capacidades técnicas se pierden y cómo se garantiza la continuidad de los derechos ciudadanos.
El Estado social de derecho y la democracia.
La Constitución colombiana de 1991 estableció un Estado social de derecho basado en la dignidad humana, la solidaridad, la participación y la prevalencia del interés general.
La democracia no se agota en las elecciones. Requiere condiciones materiales para ejercer las libertades y participar efectivamente en las decisiones públicas. La educación, la salud, la seguridad social, los derechos laborales y la participación ciudadana necesitan instituciones capaces de garantizar su cumplimiento.
Desde esta perspectiva, el peligro de una reducción indiscriminada del Estado consiste en conservar formalmente los derechos mientras se debilitan los instrumentos materiales que permiten ejercerlos.
Asimismo, la concentración de facultades extraordinarias en el Ejecutivo plantea interrogantes sobre el control parlamentario, el balance de poderes, la deliberación pública, las libertades democráticas y la participación de los sectores afectados por las reformas.
Una disputa por la hegemonía y el sentido del Estado.
La discusión sobre el Estado mínimo es, en definitiva, una controversia sobre la organización del poder económico y político, sobre la hegemonía, el gobierno y la gobernanza.
Gramsci permite comprender esta confrontación como una disputa por la hegemonía: no solamente se busca reorganizar la administración pública, sino también construir un consenso social alrededor de la idea de que el mercado debe sustituir progresivamente al Estado en numerosas funciones sociales, entre otras la de construir los consentimientos colectivos.
La pregunta que debe plantearse la ciudadanía y los trabajadores no es simplemente cuántos ministerios necesita, sino qué capacidades públicas requiere para enfrentar la desigualdad, proteger el trabajo, fortalecer la economía campesina, garantizar los derechos sociales y profundizar la democracia.
No se trata de defender indiscriminadamente toda la burocracia existente. Se trata de impedir que, bajo el argumento de la austeridad, se desmonte la capacidad del Estado para garantizar derechos y corregir las desigualdades estructurales que golpean a millones de colombianos y a los trabajadores.
La verdadera discusión no es solamente entre un Estado grande y uno pequeño, sino entre un Estado subordinado a la lógica de la acumulación privada y un Estado con capacidades democráticas, sociales y redistributivas al servicio del interés general y del bien común.
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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación que incluye: Maestría en Relaciones Internacionales,Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos Contemporáneos.
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