José A. Amesty Rivera* /12/11/2026
Costa Rica atraviesa hoy tiempos de muchos contrastes; nos hablan de crecimiento económico, estabilidad, inversión extranjera y buenos números, y pudiéramos decir que es cierto, por ejemplo, la economía del país centroamericano, creció un 4,6 % en 2025 y el Banco Central calcula que crecerá un 3,2 % en 2026; pero también hay que decir que el crecimiento viene perdiendo fuerza; en septiembre de este año, la actividad económica creció un 2,4 % respecto al mismo mes del año anterior.
Entonces, cabe preguntarse, ¿este crecimiento se siente en el bolsillo de la gente? ¿Se nota en la mesa de las familias, en los salarios, en los barrios y en las comunidades?
Porque una cosa son los números que presentan los economistas y otra muy distinta es la vida diaria de la población. Hay miles de personas sin trabajo, cientos de miles que sobreviven en la informalidad y muchas familias que hacen malabares para llegar a fin de mes. Hay jóvenes que no encuentran oportunidades, pequeños productores/as que apenas sobreviven y trabajadores/as, cuyo salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas.
El problema no es solamente cuánto crece la economía, sino quiénes se benefician de este crecimiento y quiénes siguen quedándose atrás.
Costa Rica no llegó a tener educación pública, salud, pensiones y derechos laborales por casualidad; detrás de estas conquistas hubo luchas de trabajadores/as, campesinos/as, estudiantes y sectores populares que entendieron que un país más justo no se construye dejando que cada quien resuelva sus problemas como pueda.
La jornada de ocho horas, la huelga bananera de 1934, las reformas sociales de los años cuarenta, la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, la Universidad de Costa Rica, las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, son parte de esta historia; también lo son la abolición del ejército y la construcción de instituciones que ayudaron a ampliar las oportunidades para miles de familias.
Nada de esto cayó del cielo; fueron conquistas de la gente, resultado de luchas y decisiones políticas que pusieron el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares.
No se trata de decir que aquella Costa Rica era perfecta; había pobreza, desigualdad y muchas injusticias, pero sí debemos recordar, que hubo una época en que el país apostó por la solidaridad, la educación, la salud y la responsabilidad del Estado frente a las necesidades de su gente.
Hoy estas conquistas enfrentan grandes dificultades, como: La Caja tiene enormes listas de espera, la educación pública arrastra problemas serios, las universidades necesitan recursos y muchas familias sienten que los servicios públicos ya no responden como antes. Por esto preocupa que se hable tanto de reducir el Estado y tan poco de cómo garantizar que funcione mejor para la población.
La llegada de Laura Fernández a la Presidencia, en mayo de 2026, abre una etapa política, marcada por la continuidad del proyecto que encabezó Rodrigo Chaves. Su gobierno habla de crecimiento, competitividad, modernización, seguridad e inversión. Son temas importantes, pero habrá que ver qué significan en la vida concreta de la gente.
Modernizar el Estado no puede significar quitarle servicios a la población. Mejorar la economía no puede ser sinónimo de beneficiar solamente a los grandes negocios. Y ganar unas elecciones no significa tener permiso para gobernar sin controles, sin rendir cuentas o sin respetar a quienes piensan diferente.
La democracia no consiste únicamente en votar cada cuatro años, también significa tener instituciones que funcionen, libertad para opinar, respeto a los derechos y posibilidades reales de participar en las decisiones del país.
Otro problema que golpea a Costa Rica es la inseguridad; el narcotráfico, los homicidios y la violencia están metidas en nuestros barrios y afectando la tranquilidad de las familias. La gente tiene miedo y tiene razón en exigir respuestas, pero no basta con hablar de mano dura, cárceles y castigos, hay que combatir a las organizaciones criminales, investigar y hacer cumplir la ley, pero también abrir oportunidades para los jóvenes, fortalecer las escuelas, recuperar los espacios públicos y generar empleos dignos.
Porque cuando a una comunidad se le abandona, cuando no hay trabajo ni oportunidades, otros terminan aprovechándose de esta situación.
Frente a todo esto, Costa Rica necesita volver a discutir qué país queremos y para quién lo estamos construyendo.
Desde una mirada de izquierda democrática y popular, no se trata simplemente de estar en contra del gobierno de turno, ni de vivir recordando el pasado. Se trata de construir una propuesta distinta, que ponga en el centro a la gente y sus necesidades.
Necesitamos una economía que produzca riqueza, pero que también la reparta con mayor justicia; que quienes más tienen contribuyan de manera justa, que los salarios alcancen para vivir, que haya oportunidades para la juventud, que la educación y la salud públicas sean derechos de calidad y que las comunidades rurales y las regiones más pobres, no sigan siendo las olvidadas del país.
También necesitamos recuperar la organización popular; que los trabajadores/as, los campesinos/as, las mujeres, los estudiantes, las comunidades y los pequeños productores/as tengan voz y participen en las decisiones; la gente no puede ser importante solamente cuando llegan las elecciones.
Y la izquierda tiene aquí una responsabilidad; debe aprender de su propia historia, reconocer sus errores, dejar de lado las divisiones y volver a escuchar a la gente; menos discursos entre nosotros/as y más trabajo junto a las comunidades; menos promesas y más propuestas concretas. No basta con criticar, hay que demostrar que otra forma de gobernar y de construir sociedad es posible.
Costa Rica tiene una historia de solidaridad y conquistas sociales que no podemos olvidar, pero tampoco podemos vivir solamente de los recuerdos. El futuro exige defender lo que hemos conquistado y construir nuevas oportunidades para las generaciones que vienen.
Al final, la pregunta sigue siendo sencilla, ¿de qué nos sirven los buenos números de la economía si tantas familias siguen viviendo con angustia, si el salario no alcanza, si la atención médica tarda y si los jóvenes no encuentran un camino para salir adelante?
Costa Rica no puede ser solamente un buen negocio para algunos/as, tiene que ser un país donde la riqueza que producimos se convierta en bienestar, derechos y oportunidades para todos/as.
Porque este país no es propiedad de los gobiernos, ni de los grandes grupos económicos; también pertenece a quienes madrugan, trabajan, producen, estudian, cuidan a sus familias y sostienen todos los días esta sociedad.
Y esta Costa Rica, la de la gente trabajadora, la de las mayorías populares, merece ser escuchada y tener un lugar en la construcción del país que queremos.
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*José A. Amesty Rivera es un teólogo, reverendo, escritor y analista político e internacional de origen venezolano, ampliamente reconocido en el ámbito del periodismo de opinión y el análisis geopolítico de izquierda en América Latina. Es un firme defensor de la Teología de la Liberación y de las causas sociales en la región. Es un activo colaborador y administrador de plataformas de comunicación alternativa como La Voz Bolivariana Internacional y la Red en Defensa de la Humanidad (REDH).Enfoca su cobertura crítica de los giros políticos en el Cono Sur y Centroamérica, analizando fenómenos que van desde el ascenso del neoliberalismo hasta las dinámicas de los procesos electorales regionales.♦
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