Aprobada la Ley de sometimiento o de Guerra total (sustituta de la Paz total) para propiciar el gran negocio de las oficinas de abogados de los narcos arrepentidos o “descocidos” (dirán en los patios de la Picota), el tema central de fin de año será la Ley de rescate o ajuste fiscal en los términos del recetario neoclásico a la FMI.
A propósito, se cumplen más de 50 años de la publicación de La crisis fiscal del Estado, de James O’Connor, una obra de enorme actualidad para analizar las justificaciones del gobierno de Abelardo frente a los aumentos del IVA al café, otros productos de la canasta familiar y a la salud; así como el anunciado tijeretazo al Estado, que amenaza el empleo público y los programas sociales, incluyendo los subsidios (230 mil pesos) destinados a millones de adultos mayores, que no se pagaron en agosto y septiembre.
Recojo acá algunas reflexiones de Albino Prada sobre la obra de O’Connor, particularmente oportunas para comprender el debate fiscal colombiano.
O’Connor sostenía en los setenta que la crisis fiscal del Estado se originaba en una tendencia estructural del gasto público a crecer más rápidamente que los ingresos. Una contradicción que se profundizó en Estados Unidos durante las décadas posteriores, cuando los déficits fiscales recurrentes provocaron un incremento considerable de la deuda pública, que pasó del 33 % del PIB en 1975 al 107 % en 2023.
Sin embargo, el problema no radicaba exclusivamente en el crecimiento del gasto estatal, sino en la insuficiencia crónica de los ingresos tributarios. Una verdadera anorexia fiscal, determinada por los privilegios impositivos concedidos a las grandes fortunas y corporaciones, mientras el Estado asumía obligaciones crecientes para sostener la acumulación capitalista.
De esta manera, la crisis fiscal termina trasladándose a las generaciones futuras mediante el endeudamiento, el pago de intereses y las restricciones presupuestales. Los principales afectados son los trabajadores y sectores populares, mientras las grandes empresas y los grupos financieros conservan sus privilegios.
El resultado es un Estado subordinado a los acreedores financieros, cuyas prioridades terminan condicionando el gasto público. Crecen las transferencias destinadas a favorecer la acumulación privada y los compromisos financieros, mientras se restringen los recursos para la salud, la educación, la protección social y otros bienes públicos.
O’Connor resumía esta contradicción mediante una tesis fundamental: la socialización de los costos y la apropiación privada de los beneficios alimentan la crisis fiscal del Estado.
Desde comienzos del presente siglo, estas tendencias se han profundizado. Por una parte, se mantienen los privilegios tributarios de las grandes fortunas y corporaciones; por otra, aumentan los gastos financieros y militares, mientras se contienen las inversiones sociales.
La reducción de las tarifas marginales del impuesto sobre las rentas más elevadas, que en Estados Unidos descendieron considerablemente desde los años setenta, son una expresión de esa orientación regresiva de la política fiscal.
A ello se suma la transformación del capitalismo monopolista analizado por O’Connor en un capitalismo dominado crecientemente por el capital financiero, las grandes corporaciones globales y los mecanismos internacionales de endeudamiento.
La globalización financiera, los paraísos fiscales, la deslocalización industrial y la competencia tributaria entre Estados han debilitado la capacidad de los gobiernos para obtener ingresos suficientes y desarrollar políticas redistributivas.
Las crisis de 2008 y de la pandemia agravaron estas contradicciones, incrementando el endeudamiento público y fortaleciendo la influencia de los grandes grupos financieros sobre las decisiones estatales.
En este contexto adquiere especial relevancia el apéndice que O’Connor incorporó en 1982 a su obra original de 1973, cuando examinó la ofensiva neoliberal de Reagan.
Su análisis permite establecer conexiones con la agenda de Donald Trump, particularmente en materia de reducción de impuestos a los sectores más ricos, expansión del gasto militar, debilitamiento de los programas sociales y disminución del empleo.
Tanto Reagan como Trump representan proyectos orientados a fortalecer la acumulación capitalista mediante la reducción de las obligaciones sociales del Estado. Más gasto militar y menos bienestar social.
Se trata de una estrategia que también busca dividir a los sectores populares, enfrentando a quienes reciben determinadas prestaciones sociales con aquellos que consideran excesivos esos beneficios.
O’Connor advertía, además, sobre las tendencias autoritarias que podían acompañar la crisis del capitalismo norteamericano y los intentos de recuperar su hegemonía internacional. Una reflexión que adquiere renovada importancia frente a las transformaciones políticas de hoy.
La lectura de La crisis fiscal del Estado permite comprender por qué una economía con enormes capacidades productivas, como la estadounidense, no logra traducir plenamente su riqueza en bienestar colectivo y desarrollo social.
No obstante, como señala Albino Prada (ver https://www.sinpermiso.info/textos/la-crisis-fiscal-del-estado-cincuenta-anos-despues ), el análisis de O’Connor presenta una limitación: el protagonismo atribuido al capital monopolista deja en segundo plano el creciente dominio del capital financiero sobre el Estado.
Hoy ese dominio se expresa mediante los bancos centrales, las primas de riesgo, los mercados de deuda y las disciplinas presupuestales impuestas a los gobiernos. En este escenario, las finanzas condicionan las decisiones estatales y restringen los márgenes de las políticas sociales.
El contraste con China resulta significativo. Mientras en Estados Unidos el poder financiero ejerce una influencia determinante sobre las políticas estatales, en China el Estado conserva instrumentos decisivos de control sobre el sistema financiero, lo que ha contribuido a su expansión económica y tecnológica.
Estas reflexiones resultan especialmente pertinentes para Colombia y para el debate sobre la denominada Ley de Rescate Fiscal del gobierno de Abelardo de la Espriella.
La pregunta fundamental no consiste solamente en determinar cuánto debe recaudar el Estado o cuánto debe reducir su gasto, sino quiénes deben financiar sus obligaciones, quiénes reciben los beneficios de la política fiscal y sobre cuáles sectores sociales recaen los cosos del ajuste.
El aumento de los impuestos al consumo, los mayores aportes a la salud, la reducción del empleo público y los recortes a los programas sociales expresan una orientación que traslada el peso de la crisis fiscal hacia los trabajadores, las clases medias y los sectores populares.
Mientras tanto, las reducciones tributarias a las empresas y los beneficios concedidos a los grandes capitales pueden profundizar la insuficiencia estructural de los ingresos públicos.
En lugar de corregir las desigualdades fiscales, esta orientación amenaza con reproducir las contradicciones que O’Connor identificó hace más de medio siglo.
Por eso, el debate sobre la Ley de Rescate Fiscal no puede limitarse a los argumentos gubernamentales sobre el déficit, la deuda y la estabilidad macroeconómica. Debe incorporar una discusión de fondo sobre la distribución de la riqueza, la justicia tributaria, el papel del Estado y la protección de los derechos sociales.
La crisis fiscal del Estado no es simplemente un problema de contabilidad pública. Es, ante todo, una expresión de las contradicciones económicas, sociales y políticas del capitalismo contemporáneo.
♦♦♦
*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación que incluye: Maestría en Relaciones Internacionales,Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos Contemporáneos.
𝕏@horacio_DG /✉horacioduquegiraldo@gmail.com♦
𝕏 @PBolivaria / ✉ pbolivariana@gmail.com♦
Deja una respuesta