Por: Horacio Duque*
Las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos representan una prueba decisiva para la democracia norteamericana. No se trata solamente de establecer quién controlará la Cámara de Representantes y el Senado, sino de determinar si el Congreso recuperará su capacidad de controlar los abusos del poder presidencial y establecer límites al proyecto político de Donald Trump, caracterizado por tendencias autoritarias que sus críticos identifican con el neofascismo de hoy.
El trumpismo ha convertido al Partido Republicano en un instrumento de confrontación con las instituciones democráticas, los derechos de las minorías, las libertades civiles y las conquistas sociales de la clase obrera estadounidense. Su nacionalismo excluyente, su hostilidad frente a los inmigrantes y su resistencia a los controles institucionales presentan rasgos que permiten establecer comparaciones críticas con las experiencias históricas del fascismo.
Durante estos dos años, Trump ha impulsado una creciente concentración del poder presidencial, mientras la mayoría republicana del Congreso ha respaldado numerosas decisiones de la Casa Blanca, debilitando su función de fiscalización.
Por eso, una eventual victoria demócrata tendría consecuencias políticas de enorme importancia.
¿Cuántos estadounidenses votarán el 3 de noviembre?
Estados Unidos cuenta con una población cercana a los 350 millones de habitantes y una población potencialmente habilitada para votar que puede estimarse en alrededor de 220 millones de ciudadanos adultos, aunque esta cifra no equivale al número de electores efectivamente registrados.
En las elecciones legislativas de medio mandato, la participación suele situarse alrededor del 50 % de la población habilitada. Si esa tendencia se mantiene, podrían participar aproximadamente 110 millones de electores, aunque la cifra definitiva dependerá de la movilización ciudadana.
Un dato particularmente importante es el voto anticipado. Según las cifras preliminares que circulan en vísperas de los comicios, alrededor de 41 millones de estadounidenses ya habrían votado, mediante sufragio presencial anticipado o por correo. Esta cantidad debe confirmarse con los registros electorales oficiales, pero permite apreciar la importancia de las modalidades de votación anteriores al 3 de noviembre. Análisiselectoral
El voto por correo, utilizado ampliamente en Estados Unidos, constituye una modalidad legal de participación. Sin embargo, Trump ha cuestionado reiteradamente su confiabilidad, a pesar de que las acusaciones generalizadas de fraude en las elecciones presidenciales de 2020 no fueron demostradas.
En este escenario, la participación ciudadana y la aceptación de los resultados serán elementos decisivos para la legitimidad de las elecciones.
¿Qué sucedería si los demócratas ganan la Cámara y el Senado?
En la Cámara de Representantes están en disputa los 435 escaños, mientras que en el Senado se renueva aproximadamente un tercio de sus integrantes.
Si los demócratas conquistan ambas mayorías, podrán recuperar el control presupuestal, impulsar investigaciones sobre posibles irregularidades administrativas y financieras, examinar los conflictos de interés del Gobierno y ejercer un control más riguroso sobre las decisiones presidenciales.
El control del Senado también les permitiría bloquear determinados nombramientos judiciales y altos cargos propuestos por Trump.
Sin embargo, el derecho de veto presidencial seguiría representando un obstáculo considerable. Para superar ese veto se requieren mayorías de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.
¿Podrían los demócratas destituir a Trump?
Esta posibilidad existe constitucionalmente, aunque exige condiciones políticas difíciles de alcanzar.
La Cámara de Representantes puede iniciar un juicio político o impeachment contra el presidente y aprobar los cargos mediante mayoría simple.
Posteriormente, el Senado debe celebrar el juicio correspondiente. Para condenar y destituir al presidente se requiere el voto favorable de dos tercios de los senadores presentes. Si participan los 100 senadores, serían necesarios 67 votos.
Por consiguiente, una mayoría demócrata en ambas cámaras no bastaría automáticamente para destituir a Trump. Sería indispensable obtener también el respaldo de un número considerable de senadores republicanos.
No obstante, una mayoría demócrata en la Cámara podría abrir investigaciones y promover un nuevo proceso de juicio político si considera que existen fundamentos constitucionales suficientes.
La posibilidad de investigar y exigir responsabilidades al presidente sería una de las consecuencias más importantes de un cambio en las mayorías parlamentarias.
El poder de los legisladores estatales y la manipulación electoral.
Uno de los aspectos más importantes del sistema político estadounidense es el enorme poder que tienen las legislaturas de los estados.
Los congresos estatales intervienen en la regulación de los procedimientos electorales, las condiciones de votación y la configuración de los distritos para elegir representantes a la Cámara federal.
En numerosos estados, estas legislaturas tienen la facultad de aprobar nuevos mapas electorales, aunque deben respetar la Constitución, las leyes federales y las decisiones judiciales aplicables.
Esta competencia ha sido utilizada mediante el denominado gerrymandering, una práctica que consiste en modificar los límites de los distritos para favorecer a un partido político.
Su mecanismo es relativamente sencillo: concentrar a los electores adversarios en pocos distritos o fragmentarlos entre varios territorios, reduciendo sus posibilidades de obtener representación parlamentaria.
Las legislaturas republicanas han utilizado esta herramienta en distintos estados, mientras que también existen antecedentes de su utilización por autoridades demócratas.
El problema adquiere especial importancia cuando los nuevos mapas afectan la representación de comunidades afroamericanas y otras minorías.
Además, las legislaturas estatales participan en la regulación del voto anticipado, el sufragio por correo y otros procedimientos electorales. Sin embargo, no disponen de un poder ilimitado: sus decisiones están sujetas a controles constitucionales y judiciales.
Actualmente, la disputa por el control de estos congresos estatales tiene una importancia estratégica que trasciende las elecciones legislativas de 2026 y se proyecta sobre las presidenciales de 2028.
El control de las legislaturas estatales permite influir no solamente en las políticas regionales, sino también en las reglas mediante las cuales los ciudadanos eligen a sus representantes nacionales.
La Corte Suprema y las restricciones al derecho al voto.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema ha desempeñado un papel importante en la transformación de las reglas electorales estadounidenses.
Sus decisiones sobre financiación de campañas, supervisión federal de procedimientos electorales y representación política de las minorías han provocado fuertes controversias sobre la protección efectiva del sufragio.
Las comunidades afroamericanas, especialmente en los estados del sur, han enfrentado históricamente restricciones administrativas y mapas electorales que disminuyen su capacidad de elegir representantes.
La Ley del Derecho al Voto de 1965 constituyó una conquista fundamental del movimiento por los derechos civiles. Las decisiones judiciales que han limitado algunos de sus mecanismos de protección son consideradas por organizaciones defensoras del sufragio como retrocesos para la igualdad política.
Una democracia no puede considerarse plenamente representativa cuando las reglas electorales permiten que la distribución territorial de los votantes pese más que su voluntad política.
¿Aceptará Trump una derrota republicana?
Esta es una de las grandes preguntas que rodean las elecciones del 3 de noviembre.
Los antecedentes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y los intentos de desconocer la victoria presidencial de Joe Biden explican las preocupaciones sobre la conducta que podría asumir Trump ante una derrota de su partido.
El peligro no reside únicamente en las controversias anteriores a la votación, sino también en la posibilidad de que se cuestionen sus resultados mediante denuncias infundadas, presiones institucionales o disputas sobre la certificación de los representantes elegidos.
No puede afirmarse anticipadamente que estas maniobras vayan a producirse o que exista un fraude consumado. Pero los antecedentes justifican una vigilancia rigurosa de las autoridades electorales, los tribunales y la sociedad civil.
El neofascismo no siempre necesita clausurar las elecciones. También puede intentar vaciarlas de contenido mediante la manipulación de sus reglas, el debilitamiento de los organismos de control y el desconocimiento de resultados adversos.
El desafío de los demócratas frente al fascismo líquido.
Si los demócratas recuperan el Congreso, su responsabilidad no debería limitarse a administrar una mayoría parlamentaria.
Tendrían que restablecer la independencia del poder legislativo, investigar posibles abusos gubernamentales y promover reformas que fortalezcan el derecho al voto, la transparencia electoral y la responsabilidad de los funcionarios públicos.
También deberán enfrentar debates pendientes sobre el funcionamiento de la Corte Suprema, las reglas del Senado y la protección de los derechos laborales y sindicales.
Pero existe un desafío adicional: recuperar la confianza de amplios sectores populares que consideran insuficientes las respuestas del establecimiento político tradicional.
En este escenario, las corrientes progresistas vinculadas con Bernie Sanders plantean debates sobre la necesidad de reformas sociales e institucionales más profundas.
El trumpismo expresa una modalidad contemporánea de fascismo que combina nacionalismo radical, hostilidad hacia los inmigrantes, confrontación con los adversarios políticos y ataques a las instituciones que limitan el poder presidencial.
La expresión «fascismo líquido» permite caracterizar críticamente un autoritarismo que no necesariamente elimina de inmediato las instituciones democráticas, sino que intenta subordinarlas progresivamente a un proyecto político caudillesco.
Obviamente, no queremos equiparar mecánicamente el Estados Unidos actual con los regímenes fascistas europeos del siglo XX, sino de identificar las oscuras tendencias que amenazan las libertades, los derechos sociales y el pluralismo político.
Las elecciones del 3 de noviembre permitirán conocer la nueva composición del Congreso, pero no resolverán por sí solas las tensiones que atraviesan la democracia estadounidense.
Una eventual mayoría demócrata podría abrir una etapa de mayor control sobre la Casa Blanca, nuevas investigaciones parlamentarias e incluso un juicio político contra Trump, aunque su destitución exigiría una mayoría extraordinaria en el Senado.
La disputa de fondo no consiste solamente en derrotar electoralmente al trumpismo, sino en impedir que la concentración del poder, la discriminación política y el desprecio por los controles constitucionales se conviertan en prácticas permanentes del Estado estadounidense.
Porque la democracia no se defiende únicamente en las urnas. También se defiende garantizando que sus resultados sean respetados, que las minorías conserven sus derechos y que ningún presidente pueda situarse por encima de la Constitución.
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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación que incluye: Maestría en Relaciones Internacionales,Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos Contemporáneos.
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