Por Claudia Flórez Sepúlveda / VOZ
En Urumita, sur de La Guajira, nació en junio de 2024 la primera Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) del país. En esa misma plaza, el ministro Indalecio Dangond firmó su derogatoria. El gesto resume el proyecto del gobierno de Abelardo De La Espriella: la tierra que alimenta estorba; lo que vale es lo que hay debajo.
La Guajira tiene la mayor inseguridad alimentaria del país: el 59,7% de los hogares, más del doble del promedio nacional. Aun así, el gobierno de Abelardo de la Espriella levantó la protección sobre cerca de 80.000 hectáreas en ocho municipios. Su documento de derogatoria reconoce que más del 40% de esa área tenía títulos mineros encima, y que en Barrancas y Fonseca casi todo el suelo protegido estaba concesionado. Con la APPA vigente, la Agencia Nacional de Minería firmó un bloque de cobre en La Jagua del Pilar y adjudicó otro en Urumita. Primero se repartió el subsuelo; después se removió el estorbo.
El 12 de octubre el Gobierno también eliminó las APPA de la Sabana Centro de Cundinamarca, casi 16.000 hectáreas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio. Y ya publicó los borradores para quitarlas en Córdoba, en Chucurí (Santander) y en el suroeste antioqueño. En esta última región, que reúne 19 municipios cafeteros como Jericó, Andes, Támesis y Jardín, el propio Ministerio contó que casi una de cada tres hectáreas protegidas ya tiene encima un título minero o está apartada por la Agencia Nacional de Minería para ofrecerla en futuras subastas.
El 22 de octubre, el Ministerio de Minas borró los quince Distritos Mineros Especiales, creados para que regiones mineras de once departamentos, con más de cinco millones de hectáreas, diversificaran su economía con otras actividades. Además, quiere pasar de 17 a 28 los minerales que llama “estratégicos”, los cuales reciben trámites más rápidos y beneficios para su exploración. Y firmó con Estados Unidos un acuerdo para buscar tierras raras, minerales usados en baterías, motores eléctricos y aparatos electrónicos, los cuales estarían sobre todo en Vichada, Vaupés y Guainía, departamentos habitados por pueblos indígenas.
En Chaparral, Tolima, se firmó un contrato de cobre en el mismo municipio donde 4.930 familias conquistaron su Zona de Reserva Campesina. En la Serranía del Perijá se entregaron más de diez mil hectáreas cerca de comunidades yukpa, cuyo territorio el Estado sigue sin delimitar pese a una orden de la Corte Constitucional. La seguridad jurídica que pregona el Gobierno es para el inversionista, nunca para quien siembra.
El discurso oficial promete la seguridad para el inversionista, no para quien siembra. Frente a un modelo que convierte la naturaleza en mercancía, la tarea es organizarse, movilizarse y exigir el cumplimiento de lo conquistado.
El Pacto Histórico y la bancada debemos, además de adelantar los debates de control político, acompañar a los procesos territoriales y sus organizaciones en la resistencia para defender el país de las mayorías del pueblo colombiano.
♦♦♦
*Claudia Flórez Sepúlveda es una bióloga, líder social y dirigente política colombiana, reconocida por ser la primera mujer en asumir la Secretaría General del Partido Comunista Colombiano (PCC), cargo que ocupa desde diciembre de 2022. Es Licenciada en Biología por la Universidad Pedagógica Nacional y Magíster en Desarrollo Rural por la Pontificia Universidad Javeriana. Se desempeñó como directora del Semanario VOZ, el medio de comunicación oficial y de difusión del PCC.♦
𝕗𝕓 ClaudiaFlórez / 𝕎 Claudia Flórez Sepúlveda ♦
𝕏 @PBolivaria / ✉ pbolivariana@gmail.com♦
Deja una respuesta