Al intentar analizar de manera somera los 10 años del Acuerdo de paz de la Habana 2016, celebrado entre el gobierno de JM Santos y el secretariado de las Farc, lo que se impone en el caos teórico intencionado, inducido por el actual gobierno del ciudadano estadounidense/colombiano Abelardo de la Espriella, es una mirada científica estructuradora de largo alcance, que abarque los aspectos relevantes de la contradicción materialista constitutiva de toda sociedad en movimiento, es decir en su historia: la base económica y su supraestructura correspondiente.
Hacia atrás, como hacia adelante, y un buen punto de referencia analítico para comenzar a debatir, es precisamente, el extenso informe de una de las instituciones creadas por ese mismo acuerdo, la Comisión de la Verdad, titulado “No matarás. Bogotá. Junio. 2022. 656 páginas”, ignorado como negado por aquellas clases sociales contrainsurgentes dominantes, que se han lucrado históricamente de la guerra civil fragmentada de desgaste (como fue caracterizado en dicho informe la metamorfosis del histórico conflicto interno colombiano) y hoy, están interesadas en continuarlo indefinidamente hasta hacerlo irresoluble del todo.
Lo que comenzó con la simple ejecución por parte de una conjura oligárquica falangista y los servicios secretos de los EEUU del tribuno liberal J.E Gaitán, aquel fatídico 9 de abril de 1948, en el marco de la ideología anticomunista panamericana de la guerra fría, hoy, después de 78 años ininterrumpidos de conflicto armado interno bipartidista y contrainsurgente, de millones de muertos y desplazados, migración masiva, fuga de capitales y cerebros; pérdidas económicas incalculables, concentración repugnante de la riqueza social y de la tierra, guerra de guerrillas antisistémicas, narco paramilitarismo oficial líquido y fragmentado, fasci di combattimento, fraccionamiento territorial incompatible, daños sociales enormes, miseria, desigualdad y atraso; polarización político social irreconciliable, descredito internacional, carteles de narcotraficantes; Plan Colombia contrainsurgente, reingeniería militarista, falsos positivos, terror y victimización masivos de la población civil, perdida de la soberanía, república bananera, aumento del narcotráfico; enriquecimiento de una nueva clase social mafiosa militarista lanzada a capturar todo el Estado para su único beneficio, desplazando y reemplazando sin vuelta atrás a las otras clases dominantes tradicionales de Colombia. Además, la pesada herencia de un Estado en crisis orgánica y de hegemonía crónicas, prácticamente fallido, cuya existencia (en cuestión) se limita al aparato hipertrofiado y costosísimo de coacción jurídico-militar aplaudido por los otros dos gigantescos aparatos ideológicos: la gran prensa y las iglesias católicas y evangélicas. Hoy, reitero, la guerra civil fragmentada se ha convertido en una guerra proxy geoestratégica, parte integral del denominado Tecnofascismo Global en expansión por todo el planeta.
El profesor de ciencia politica Francisco Toloza, en un provocador y sugestivo análisis “politológico”, la pistola al cinto del Bloque de Poder de Colombia en la revista Raya 26 septiembre 2026; hace una momentánea tipología de la lenta metamorfosis, agrandamiento y generalización militar de la contrainsurgencia temprana de la policía chulavita del gobierno falangista de Laureno Gómez (1950-53), que siguió a la ejecución de J E Gaitán: “Los pájaros, los planchadores, los penca ancha, los contrachusmeros, etc”, que se amparaban bajo las banderas de Cristo Rey, y se han transformado “milagrosamente” en las cinco quimeras del momento geopolítico actual:
…”En el debate actual una política integral de desmantelamiento del paramilitarismo debe integrar a cada una de sus cinco exponentes actuales: i) grupos neoparamilitares análogos a las antiguas AUC como los autodenominados EGC y ACSN; ii) la terciarización paramilitar urbana que termina encuadrando dentro de funciones contrainsurgentes con niveles relativos de autonomía a bandas criminales en disputa de grandes ciudades como Medellín y su área metropolitana, Barranquilla, Buenaventura o Tuluá; iii) la mercenarización exacerbada y crecimiento del complejo militar económico colombiano, incluyendo formas legales e ilegales, con importación de grupos y personal, pero también con una exportación in crescendo de carne de cañón para guerras internacionales o acciones delincuenciales; iv) el resurgimiento del histórico “bandolerismo contrainsurgente” en el que se instrumentalizan remanentes armados o rearmados de origen rebelde como arietes contrainsurgentes, como sucediera con Los Limpios en el Frente Nacional, o el EPL en la región de Urabá; y v) la promoción de los nuevos “fasci di combattimento”, estructuras de choque de inspiración fascista, puestas al día en el resurgimiento de grupos de extrema derecha a nivel mundial, que en Colombia cierran filas con el nuevo gobierno y que ya vienen realizando acciones violentas en universidades y otros espacio”…. https://revistaraya.com/francisco-toloza/1856-la-pistola-al-cinto-del-bloque-de-poder-en-colombia.html
Claro que existen varios “balances” minuciosos de los 10 años del Acuerdo de la Habana 2016, hechos por Ong proclives y profesionales empeñosos de la nueva generación neoliberal, dedicados a hacer análisis eficientistas “costo/beneficio” de aquel pacto, que muestra, en términos generales, un saldo en rojo:
Solo 445.000 hectáreas de tierra entregados como “Reforma Agraria”. 11.000 combatientes desarmados y desmovilizados, y el secretariado de la organización transformado en dirigencia de un partido político con representación parlamentaria. 84.000 familias “incluidas” en el programa nacional de sustitución de cultivos. Creación institucional del tribunal de Justicia Transicional (jep). El Informe de la Comisión de la Verdad.
Versus: Vacío territorial ocupado rápidamente por nuevos grupos armados o reciclados. Cerca de 500 ex combatientes desarmados ejecutados por las estructuras contrainsurgentes descritas y aumento de las víctimas civiles. Ampliación del fraccionamiento territorial. Aumento sin precedentes de los cultivos ilegales; de la producción; de la exportación de narcóticos; de los mini carteles y franquicias; de las rutas de exportación y de la industria transnacional de los narcóticos, con la consecuente actualización y ampliación del falso relato contrainsurgente del “narcoterrorismo” y la victimización desmesurada de la población civil de los territorios en disputa. El Acuerdo firmado, durante los gobiernos de Santos, Duque y Petro, en lugar de unir a los colombianos los enfrentó y polarizó ideológica y políticamente en partidarios y adversarios. El famoso plebiscito de la «gente que votó emberracada» así lo demostró.
A lo cual, hoy, se le debe agregar el fracaso de Estado, del costoso, improvisado, desordenado y torcido intento de la “la Paz Total” durante los 4 años del gobierno de Petro (2022-2026), que terminó implementado , a través de sus comisionados de paz una especie de “progresismo contrainsurgente” y desacreditando la solución politica al conflicto interno, así como la concepción popular de larga data de realizar una Constituyente para trasformar el modelo de Estado contrainsurgente dependiente vigente, y consolidar un nuevo “Consenso hegemónico” como centro de dicha solución política, dándole espacio a la narrativa falangista cristiano-evangélica de curas y pastores de la clique de Abelardo de la Espriella, quien al parecer se encamina decididamente No a realizar un simple reacomodo de clases dentro del Bloque de Poder Contrainsurgente dominante (BPCi), sino a implementar el proyecto avalado por los pastores cristianos que asesoraron el Pacto de Ralito (2003) de realizar un remplazo total de la tradicional aristocracia sabanera llamada tradicionalmente por el pueblo la “oligarquía bogotana” etc, cuyo ejemplo paradigmático es la poderosa familia Santos, detentadores y usufructadores del Estado durante más de un siglo, desde 1913, cuando el fundador de la “casa Santos” don Eduardo Santos Montejo, funcionario privilegiado del ministerio de relaciones exteriores compró el poderoso diario El Tiempo, desde donde pudo llegar a la presidencia de la república en 1937 hasta 1942.
Pero no es solo los Santos. Es todo un reemplazo completo de una clase caduca y aristocrática que ha sabido cabalgar y pelechar tanto tiempo sobre la guerra civil colombiana sin romperse ni mancharse. Reemplazo por una clase lumpenburgués, mafiosa íntimamente ligada al militarismo colombiano, que se ha ido enriqueciendo aceleradamente en las regiones y territorios con los negocios ilícitos, la llamada economía subterránea, las exorbitantes ganancias de la guerra, la militarización y la mercenarización de la exportación de ex soldados como carne de cañón para otras guerras proxy, y se fue consolidando y aglutinando a finales del siglo XX a partir del surgimiento del MAS, los Pepes, las AUC y el liderazgo de los hermanos Castaño Gil en Antioquia, Mancuso en el Sinú y Jorge 40 en el valle de Upar, y ahora, bajo la estricta y cuidadosa tutela de los organismos antinarcóticos y el gobierno de los EEUU, bajo el remozado liderazgo unificador de Abelardo de la Espriella y su clique de curas y pastores, se dispone, como digo al comienzo, a implementar con todas las letras, una guerra proxy geoestratégica, parte del denominado Tecnofascismo Global en expansión por todo el planeta. El porvenir visto desde atrás.
Imagen: El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, recibe solemnemente del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz con los rebeldes de las FARC, en Bogotá (Colombia). Foto Felipe Caicedo (AP)
Fuente: Internet.
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*Alberto Pinzón Sánchez. es un médico cirujano y antropólogo colombiano, reconocido como uno de los analistas más profundos del conflicto social y armado en su país. Su trayectoria combina el rigor científico con un activismo intelectual incansable por la paz, lo que lo llevó a integrar la histórica Comisión de Personalidades (Notables) durante los diálogos del Caguán (1998-2002), donde aportó propuestas clave para la humanización del conflicto. Debido a su pensamiento crítico y su defensa de los derechos humanos, se vio obligado al exilio en Europa, desde donde continúa su labor como ensayista y columnista. Sus escritos destacan por un enfoque interdisciplinario que disecciona la geopolítica regional, las estructuras del poder estatal y la necesidad de una solución política negociada. Es una voz de referencia para entender la historia contemporánea de Colombia, siempre abogando por transformaciones estructurales que garanticen la justicia social y el fortalecimiento del Estado social de derecho.♦
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