En días recientes, Santa Marta, los municipios cercanos a esta y territorios de la Sierra Nevada fueron afectados por un paro armado, amenazas, restricciones a la movilidad y hechos de violencia atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), organización criminal conocida históricamente como Los Pachenca.
El episodio volvió a poner sobre la mesa una pregunta que trasciende la coyuntura: ¿es posible desmantelar definitivamente esta organización y acabar con el poder criminal que durante años ha ejercido en Santa Marta y la Sierra Nevada?
La respuesta exige comprender de dónde vienen Los Pachenca.
Del paramilitarismo a Los Pachenca.
Los orígenes de esta estructura se encuentran en la larga historia de violencia paramilitar de la Sierra Nevada.
Durante décadas operaron allí estructuras encabezadas por Hernán Giraldo Serna, que terminaron conformando las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira. Posteriormente, estas fueron incorporadas al Frente Resistencia Tayrona, integrado al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La desmovilización de las AUC, producto de las negociaciones adelantadas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, transformó profundamente el escenario armado colombiano. En 2006 se produjo la desmovilización del Frente Resistencia Tayrona.
Pero la desaparición formal de las estructuras paramilitares no significó la desaparición automática de las economías ilegales, las redes criminales, los corredores del narcotráfico ni las disputas por el control territorial.
Después de las desmovilizaciones surgieron nuevas organizaciones armadas. Algunos antiguos combatientes, mandos medios y redes territoriales se incorporaron a estructuras criminales posteriores.
En ese escenario aparecieron Los Pachenca.
La organización comenzó a consolidarse entre 2012 y 2013. En esta última etapa adquirió especial relevancia Jesús María Aguirre Gallego, alias “Chucho Mercancía” o “Chucho Pachenca”. Tras su muerte, en 2019, la estructura avanzó en su transformación y adoptó la denominación Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada ACSN.
Por eso, resulta más preciso entender a Los Pachenca no simplemente como la continuación de las antiguas AUC, sino como una reconfiguración criminal surgida del escenario posterior a la desmovilización paramilitar, que heredó territorios, redes y economías ilegales desarrolladas durante décadas.
Un poder que va más allá de las armas.
Las ACSN no son solamente un grupo de hombres armados.
Su capacidad proviene también de redes de apoyo y de mecanismos de regulación económica y social que les permiten ejercer influencia sobre poblaciones mucho más numerosas que sus integrantes.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre homicidios, amenazas, extorsiones, reclutamiento, restricciones a la movilidad y otras formas de regulación coercitiva asociadas a las dinámicas de los grupos armados que disputan la Sierra Nevada.
La Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo identificó 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar en riesgo por la confrontación entre las ACSN y el Ejército Gaitanista de Colombia. La propia Defensoría distingue diferentes escenarios: control hegemónico, disputa abierta, dominios fragmentados, coexistencia criminal y presencia circunstancial.
Dentro de ese mapa, señala un control hegemónico de las ACSN principalmente en Santa Marta, Ciénaga y Dibulla donde controlan la infraestructura hotelera a través de testaferros de origen santandereano.
Otras investigaciones han registrado una expansión territorial mayor. Estimaciones recientes sitúan a las ACSN en alrededor de 890 integrantes entre hombres en armas y redes de apoyo, con presencia reportada en cerca de 24 municipios y movimientos de expansión hacia Santander y Norte de Santander.
La población conjunta de los municipios donde diferentes fuentes han identificado presencia, influencia, disputa o expansión de las ACSN se aproxima a los tres millones de habitantes.
Esto no significa, por supuesto, que tres millones de personas estén bajo control directo de Los Pachenca. Significa que una organización relativamente pequeña tiene capacidad para actuar e incidir en un espacio territorial habitado por una población muchísimo mayor.
Ahí reside una de las claves de su poder.
Santa Marta, epicentro de su influencia.
Santa Marta ocupa una posición especialmente importante dentro de esta geografía criminal. En diferentes sectores urbanos y rurales se ha documentado presencia e influencia de las ACSN, aunque el grado de control no es uniforme y existen también territorios disputados con otras estructuras.
La zona rural resulta particularmente sensible. Bonda, Guachaca, Minca, Taganga y el corredor oriental hacia Buritaca y Don Diego, han aparecido reiteradamente en investigaciones, alertas y reportes relacionados con las dinámicas de los grupos armados de la Sierra Nevada.
Calabazo, Cañaveral, La Revuelta, Guachaca, Buritaca, Linderos y Don Diego forman parte de un territorio estratégico que conecta las estribaciones de la Sierra con la Troncal del Caribe y La Guajira.
No se trata solamente de controlar montañas. Se trata de corredores que permiten conectar zonas rurales, centros poblados, actividades económicas, carreteras y salidas hacia el Caribe.
La Defensoría ha advertido, además, que en sectores de Santa Marta existen dominios criminales fragmentados, especialmente en la Localidad 2, donde se encuentra el puerto.
Esta combinación de control territorial, corredores estratégicos, economías ilegales y mecanismos de regulación social ayuda a explicar cómo una organización de algunos cientos de integrantes puede condicionar la vida de comunidades mucho más numerosas.
Una estructura en recomposición.
La cúpula de las ACSN atraviesa actualmente una fuerte recomposición como consecuencia de las operaciones recientes de las autoridades.
Fredy Castillo Carrillo, alias “Pinocho”, continúa siendo señalado por las autoridades como principal cabecilla de la organización.
José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo” o “Comando 25”, considerado segundo cabecilla y uno de los principales responsables de las finanzas criminales, murió el 21 de septiembre de 2026 durante una operación de la Fuerza Pública en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta.
En esa misma operación, fuentes de inteligencia de la policía citadas por medios nacionales reportaron también la muerte de Orlando Pérez Ortega, alias “Patilizo”, señalado hasta entonces como tercer cabecilla y jefe del denominado Bloque Cóndor de la Sierra.
Estas operaciones se suman a la muerte reciente de otros mandos y han golpeado la estructura de dirección de las ACSN.
Sin embargo, la experiencia histórica de la Sierra Nevada obliga a no confundir la neutralización de determinados jefes con la desaparición automática de la organización.
Los dirigentes pueden desaparecer y las estructuras criminales sobrevivir.
El fracaso de la negociación.
Durante el gobierno anterior funcionó desde 2024 un espacio oficial de conversaciones socio jurídicas con las ACSN dentro de la política de Paz Total en cabeza del señor Otty Patiño.
Ese proceso no produjo el desmantelamiento de la organización ni consiguió terminar con las dinámicas de violencia y control territorial que afectaban a las comunidades de la Sierra Nevada.
El actual Gobierno de Abelardo decidió cerrar esa mesa y ha optado por intensificar las operaciones policiales y militares contra la estructura.
Los acontecimientos de septiembre muestran la magnitud de la confrontación: después de los golpes contra varios de sus dirigentes, las ACSN respondieron con un paro armado que afectó el transporte, el comercio y la movilidad en Santa Marta y otras zonas de Magdalena y La Guajira.
El episodio demostró simultáneamente dos cosas: la capacidad coercitiva que todavía conserva la organización y la determinación del Estado de enfrentarla.
¿Se puede acabar con Los Pachenca?
La respuesta debe ir mucho más allá de capturar o neutralizar a sus actuales cabecillas. El Estado tiene la obligación de perseguir judicialmente a quienes cometen homicidios, extorsiones, narcotráfico, desplazamientos, amenazas, reclutamiento y demás delitos, así como de proteger efectivamente a las comunidades.
Pero la historia de la Sierra Nevada demuestra también que la contundente acción policial y militar, siendo prioritaria dentro del Estado de derecho, no resuelve por sí sola el problema.
Si después de desmontar una organización permanecen intactas las rutas del narcotráfico, las redes de extorsión, el lavado de activos, las economías criminales, la corrupción, las redes de apoyo y las condiciones institucionales que permiten el control ilegal del territorio, otra estructura puede ocupar el espacio dejado por la anterior.
Eso fue precisamente lo que ocurrió después de la desmovilización paramilitar en el 2006. Desapareció formalmente el Frente Resistencia Tayrona, pero años después surgieron nuevas organizaciones que terminaron consolidándose como Los Pachenca y posteriormente como las ACSN.
Por eso, acabar con Los Pachenca significa mucho más que matar a “Pinocho”.
Significa recuperar integralmente el territorio para el Estado. Significa perseguir las estructuras financieras que sostienen el narcotráfico y la extorsión; identificar y judicializar las redes de lavado de activos y corrupción que puedan existir; proteger a comerciantes, empresarios, campesinos, indígenas y trabajadores sometidos a amenazas; fortalecer la justicia y la investigación criminal; y garantizar una presencia permanente y legítima de las instituciones en los territorios.
La seguridad de Santa Marta y la Sierra Nevada requiere que ningún grupo armado ilegal pueda sustituir al Estado, imponer tributos, administrar justicia de facto, regular la movilidad o decidir sobre la vida económica y social de las comunidades.
El objetivo debe ser el desmantelamiento efectivo, mediante la fuerza legítima del Estado, de las ACSN dentro del marco constitucional y legal, acompañado de una recuperación institucional, económica y social duradera de los territorios donde han implantado su poder.
De lo contrario, existe el riesgo de repetir una historia que la Sierra Nevada ya conoce demasiado bien: desaparecen unos jefes, cambia el nombre de la organización, se reorganizan las redes y el poder criminal vuelve a ocupar el territorio.
La verdadera medida del éxito del Estado, por tanto, no será solamente cuántos cabecillas capture o neutralice como lo hace el actual gobierno del presidente de la Espriella; será que, dentro de cinco, diez o veinte años no exista otra organización criminal armada ocupando el lugar de estos Pachencas asesinos.
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*Horacio Duque Giraldo es un historiador, analista político y académico colombiano. Cuenta con una sólida formación académica que incluye: Licenciatura en Ciencias Sociales con énfasis en Educación Básica. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos. Maestría en Relaciones Internacionales. Como analista, es conocido por su enfoque crítico y su vinculación con movimientos sociales. Sus análisis suelen centrarse en la defensa de los derechos humanos, medioambientales y los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, especialmente en el sur occidente colombiano. Ha participado como conferencista en seminarios sobre el proceso de paz, promoviendo la pedagogía sobre la democracia ampliada y el pluralismo político♦ |X: @horacio_DG| Correo: horacioduquegiraldo@gmail.com|
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