LUCIANA CADAHIA Y TAMARA OSPINA POSSE

Los colombianos acuden a las urnas este domingo con una oportunidad histórica: votar por un cambio real y rechazar la narrativa –tan útil para élites globales como poderes locales– de que Colombia es un país de derecha.

Ude las opiniones más arraigadas en el sentido común latinoamericano es la creencia de que Colombia es un país de derechas. No faltan motivos para sostener esta afirmación, si prestamos atención a los vínculos que han tenido los sucesivos gobiernos de Colombia con los Estados Unidos.

Sin ir más lejos, tras el conflicto desatado en Ucrania, el gobierno de Joe Biden puso en marcha una batería de negociaciones para oficializar, hace pocos días, a Colombia como aliado estratégico no perteneciente a la OTAN. Habría que ser muy ingenuos para no sospechar que decisiones como estas ponen en riesgo la soberanía de la región latinoamericana en materia de seguridad estratégico-militar.

Tampoco es desconocido el papel del uribismo como motor para la expansión de la extrema derecha a nivel continental. Sin ir demasiado lejos, esta apuesta puede observarse desde los desopilantes y fallidos intentos, hace unos años, de instalar en el Cono Sur el combate conjunto contra la supuesta alianza Mapuche-FARC, pasando por la participación de militares colombianos en el magnicidio de Haití, hasta el hecho de haber convertido a Miami en un centro de operaciones del crimen organizado y los golpes de Estado regionales.

Pero no hay que confundir el carácter servil de las oligarquías locales con la valentía del pueblo colombiano. Y es a partir de esta distinción importante donde la tesis de que Colombia es un país de derechas comienza a desmoronarse.

Lo primero que habría que indicar es la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de una radiografía distorsionada del pueblo colombiano, a partir de la derrota en 2016 del SÍ en el plebiscito por los Acuerdos de Paz y el posterior triunfo a la Presidencia del candidato uribista Iván Duque Márquez.

En este sentido, es importante recordar dos cosas que poco eco han tenido en la prensa nacional e internacional. Por un lado, el desprecio hacia lo popular por parte del gobierno de Juan Manuel Santos y sus dificultades para transmitir lo qué se jugaba con el plebiscito, redactado con un barroquismo que no ayudaba en lo más mínimo a comprender qué significaba el sí y qué significaba el no en la papeleta. Sumado al hecho de no haber advertido que el uribismo, muy hábil en pedagogía popular, usaría ese mismo plebiscito para confundir los términos del acuerdo, meter miedo a la población y crear la exitosa y falaz identificación de la paz con la impunidad y ciertos privilegios para los actores armados.

Por otro lado, casi no se menciona que en el 2018 se vivió un escenario electoral muy similar al actual, en el cual casi todo el establecimiento mediático, económico y político se unió durante la campaña para, por un lado, demonizar la opción progresista que expresaban Gustavo Petro y Ángela María Robledo y, por otro, «borrar» los evidentes nexos entre Iván Duque, el uribismo y el crimen organizado.

La sensibilidad centrista de aquel momento, y que hasta hace muy poco tiempo controlaba de manera hegemónica el sentido común oficial de la academia, la política y los medios de comunicación, tuvo una gran responsabilidad en crear la ficticia percepción de que Duque era un candidato demócrata, proclive al diálogo y acérrimo defensor de los Acuerdos de Paz.

A pocos meses del triunfo de Duque la ficción se desmoronó y esos mismos líderes centristas de la política y la opinión pública no tuvieron ningún reparo en sustraerse hábilmente de la escena pública para irse a avistar ballenas o culminar supuestos programas de estudios en el extranjero. Nadie quiso asumir la responsabilidad histórica de haber vuelto a poner al uribismo en la Casa de Nariño y, con ello, disparar los índices de violencia, desplazamiento forzado, despojo territorial y pobreza extrema al que las élites, desde hace casi dos siglos, tiene amargamente acostumbrados a los colombianos.

¡El Pueblo no se rindió, carajo!

Por eso, frente a esta distorsionada radiografía de Colombia, interesada en construir la falsa imagen de un pueblo bruto, violento e ignorante al que la élite ilustrada debería mantener a raya, existe una historia real de organización, solidaridad y resistencia popular. Este es el verdadero rostro popular en Colombia, un rostro que de manera muy hábil y calculada han sustraído de la escena pública global.

La construcción paciente de esta imagen peyorativa del pueblo colombiano puede ser rastreada, al menos, desde el siglo XIX, pero la supervivencia contemporánea de este estigma es el resultado de un nudo ideológico construido entre la narrativa de la guerra contra el terror propiciada por George W. Bush tras la caída de las Torres Gemelas y la doctrina del enemigo interior impulsada por Álvaro Uribe Vélez.

Si bien la combinación de ambas narrativas en Colombia –que tuvieron la finalidad de identificar cualquier expresión de activismo político con un enemigo interior o terrorista a «eliminar»–, hace tiempo que se encuentra en horas bajas, sus efectos siguen siendo muy dañinos para el ejercicio de la política, la libertad de pensamiento y el liderazgo social en Colombia.

Hizo falta un estallido social como el que comenzó a configurarse en el 2019 –e incluso, bastante antes con el Paro Cívico de las organizaciones del Movimiento Negro en Buenaventura– para que el mundo entero pudiera volverse sensible al régimen de terror que sufre el pueblo colombiano cotidianamente.

En ese sentido, las imágenes dantescas que protagonizaron el Paro Nacional del año pasado evidenciaron dos regímenes en tensión. De un lado, los vínculos profundos que existe entre el crimen organizado, el gobierno nacional y las fuerzas del orden: paramilitares, custodiados por la policía, disparando a quema ropa a los manifestantes; centros de torturas clandestinos en las fiscalías y los principales centros comerciales del país; arrestos, disparos y agresiones arbitrarias por parte de la policía nacional a las juventudes y a los movimientos negro, campesino e indígena; el intento desesperado por parte de los principales medios hegemónicos de comunicación para convertir a los manifestantes y sus justos reclamos democráticos en vandalismo y expresiones de violencia irracional.

Y, de otro, la fuerza de una articulación popular que, a pesar de vivir en carne propia y sin ningún tipo de disimulo, la violencia estatal y paramilitar desatadas, decidió mantenerse firme en las calles durante más de dos meses y mandar un mensaje claro y firme al mundo entero: ¡Basta ya de esta economía de la guerra y del despojo en Colombia!

Porque lo cierto es que el régimen de terror colombiano no es obra de un personaje malvado llamado Uribe; él, por el contrario, es una ficha más dentro de una viejo entramado oligárquico y corporativo que ha convertido a Colombia en uno de los principales suministradores de cocaína al mundo. No hacernos cargo de que este régimen de terror es sostenido dentro y fuera de Colombia, es decir, mediante la complicidad de los países más poderosos del mundo, implica desconectar nuestra inteligencia y sensibilidad al momento de hacer el esfuerzo para entender cómo funciona el capitalismo. Colombia es hoy uno de los cuartos de máquinas del capitalismo global y su pueblo no es otra cosa que una figura sacrificial para el correcto funcionamiento del libre mercado.

No obstante, y a pesar de la astucia de sus élites para hacer convivir, de un lado, la imagen demagógica de un pueblo violento, conservador e ignorante y, de otro, un mecanismo de terror para silenciar y atemorizar a ese mismo pueblo –a punta de asesinatos sistemáticos a líderes políticos, sociales y territoriales–, los sectores populares lograron articularse en un sujeto político tanto en las calles como en las instancias de representación institucional.

Esta alianza entre movilización popular y organización política ha dado lugar a un Pacto Histórico que recuerda los mejores momentos de la lucha popular en Colombia. Y a diferencia de otros momentos de su historia, el pueblo colombiano ha conseguido que no asesinen a sus candidatos. Esta es la oportunidad histórica para revertir la lógica del narcoestado, y la violencia sistemática que ello supone; al mismo tiempo, es la posibilidad de materializar una transición energética de la economía fósil a un modelo económico más sostenible. Todo lo cual supone poner un freno de mano desde el interior del cuarto de máquina del capitalismo y la posibilidad de empezar a materializar nuevas formas de vida para una humanidad devastada por la crisis, la guerra y el autoritarismo global.

Y hoy este pueblo sorprende al mundo entero con la fórmula presidencial compuesta por Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina, encabezando todas las encuestas para las elecciones del próximo domingo. Por eso, hoy más que nunca, es importante recordar que tanto Petro como Márquez son el resultado de un acumulado histórico sostenido a lo largo del tiempo por el pueblo colombiano. No es casual que a través de Gustavo Petro y Francia Márquez se den la mano dos de las regiones más castigadas del país por el conflicto armado y el racismo estructural: Caribe y Cauca; desplazando así al histórico centralismo expresado por las élites de Bogotá y Medellín. Tampoco es casual que Gustavo Petro y Francia Márquez provengan de la resistencia popular, la defensa de los derechos humanos y territoriales y la búsqueda del fin del conflicto armado.

En las elecciones legislativas del pasado mes de marzo, y a pesar del fraude sistemático cometido por la extrema derecha mafiosa, el Pacto Histórico sorprendió a todos con un triunfo abrumador, convirtiéndose en la mayor fuerza política del país. Ojalá que este domingo el voto popular se mantenga en esa dirección y Colombia logre, por primera vez en su historia republicana, un gobierno popular que consiga «ir de la resistencia al poder. Hasta que la dignidad se haga costumbre».