Por: Cicerón Flórez Moya

El testimonio de los ex-militares que realizaron la operación de las ejecuciones extrajudiciales en Ocaña, es de un horror desgarrador. Es una forma de barbarie aberrante.

Una narrativa que crispa, tanto más por la verdad que la sustenta. Oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia, fueron destinados al oficio criminal de matarifes por acción directa o a través de soldados de la institución o de sicarios pagados con recursos oficiales. Y en esa turbulencia, consumaron el linchamiento de jóvenes inocentes, marcándolos con el estigma mentiroso de guerrilleros.

Las actas decían que habían sido abatidos en combate, otra falsedad siniestra. La distorsión llegaba hasta la farsa de vestir a las víctimas con camuflados, como “prueba” de su vinculación a la subversión. Todo ese entramado de perversión, tuvo la bendición de los altos mandos castrenses y de la cúpula gobernante.

Con la versión de los procedimientos utilizados para matar a los jóvenes reclutados por orden oficial, se llega a la conclusión de que no eran hechos aislados o producto de conducta individual. No se trata de unas cuantas manzanas podridas. Es la degradación misma de la cacareada institucionalidad. Es el sistema de seguridad, pero a sangre y fuego. Sin importar los derechos humanos y sin importar la vida. La violencia se ejerce como instrumento protector de privilegios, como garrote clasista hasta el extremo del exterminio colectivo, como ya había ocurrido con la UP y está ocurriendo ahora con el asesinato sistemático y continuo de líderes y lideresas sociales o excombatientes de las Farc.

La violencia se quedó en Colombia, como el brazo armado de la política. Es soporte de los regímenes autoritarios, así estén disfrazados de democracia.

Sirve para reprimir la protesta social o amparar fraudes y negociados propios de la corrupción.

La llamada Seguridad Democrática de Uribe, fue una versión maquillada de la violencia. Alcanzó para la travesía del paramilitarismo con toda la desfachatez posible.

Entonces, no es cierto el balance de los gobiernos uribistas, en favor de la paz. El solo capítulo de los 6.402 colombianos asesinados en forma tan atroz con la bendición de los altos mandos militares y de la cúpula del gobierno es prueba de la ofensiva contra la paz y la voluntad política contraria a la democracia. No se quiere que se consoliden las condiciones que hagan posible sacar a Colombia, del laberinto de un conflicto armado devastador y abismal.

La oposición a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, bajo el pretexto de que cedía demasiado a los excombatientes, configuró una maniobra negacionista tendiente a hacer trizas la posibilidad de dejar atrás la lucha armada. Y todo eso no es producto caprichoso de unos pocos militares, sino la decisión de una casta enemiga de vivir en paz y democracia.

Puntada

Los señoritos de la decadente burguesía bogotana, están en el plan de escupirle la cara a Colombia, ante la posibilidad de un cambio para ponerle fin a la corrupción, a la violencia, al desgobierno y todo el entramado de conflictos recurrentes. El señor Felipe Zuleta Lleras no tiene empacho en incitar a un golpe militar si Petro gana las elecciones. En ese oficio perverso están.

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