El exmandatario participó en una comparecencia informal ante la Comisión de la Verdad de Colombia.

En una comparecencia informal ante la Comisión de la Verdad de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe negó que durante su mandato (2002-2010) se hayan promovido las ejecuciones extrajudiciales a través de incentivos a los militares.

Durante una extensa conversación de más de cuatro horas con el presidente de la Comisión, Francisco de Roux, y los comisionados Leyner Palacios y Lucía González, el exmandatario afirmó que no reconocía la legitimidad de este organismo, creado en 2017 tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al que también rechaza. 

A Uribe, fundador del gobernante partido de extrema derecha Centro Democrático, se le han abierto investigaciones por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo y otros delitos como escuchas ilegales, narcotráfico, homicidios, ‘falsos positivos’ (ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros del Ejército para obtener beneficios) y masacres en sus gestiones como gobernador de Antioquia, como presidente de Colombia y como senador.

‘Falsos positivos’

Al ser consultado por los crímenes y asesinatos cometidos por integrantes del Ejército en contra de población civil, para hacer parecer las muertes como bajas durante enfrentamientos armados con la guerrilla, negó que durante su mandato se hubiera promovido ese tipo de prácticas.

No hay un soldado o un policía que pueda decir que yo le di un mal ejemplo de palabra o de obra“, aseguró.

Según su testimonio, “ningún hecho en su Gobierno podía ocultarse”, y afirmó: “Para mí era muy difícil creer que había ‘falsos positivos’, al igual que para la Fiscalía y las Fuerzas Armadas.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en el centro, y el exjefe de policía de Colombia, general Oscar Naranjo, el 2 de agosto de 2010Fernando Vergara / AP

El también exsenador sostiene que mientras estuvo en la presidencia nunca se “le dio incentivos económicos a los miembros de las Fuerzas Armadas”.

Este año, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), órgano de justicia surgido tras el Acuerdo de Paz, le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad contra 11 personas, entre ellas ocho militares, por asesinatos y desapariciones forzadas dadas como bajas en combate por agentes del Estado entre 2007 y 2008.

En su fallo, la Sala de Reconocimiento de la JEF afirmó que ese tipo de hechos no habrían ocurrido “sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate'”.

Del mismo modo, en un informe de 2019 de la ONG Human Rights Watch se afirma que oficiales colombianos de los más altos rangos estuvieron involucrados en los asesinatos de más de 3.500 civiles entre 2002 y 2008.

A principios de este año, la JEP subió a 6.402 el número de víctimas de los ‘falsos positivos’ en Colombia entre 2002 y 2008. De ese número, 5.000 agentes habrían sido investigados entre 1988 y 2015 por la Fiscalía y solo unos pocos habrían sido condenados.

¿Quién dio la orden?

Uribe admitió haber pedido resultados a los generales en medio de la política de seguridad democrática, bandera de su gobierno, cuya finalidad era la de combatir con todo el poder del Estado a la llamada insurgencia.

No obstante, aseguró que esta petición era para todos sus funcionarios y no exclusivamente para el ala militar. Además, negó su responsabilidad en las órdenes directas de ejecuciones extrajudiciales. 

“He sido muy exigente en resultados, entonces que me vengan a decir que porque yo soy así iban a cometer crímenes, por favor, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia“, afirmó el expresidente.

El exmandatario, además, tildó de “incapaces” a quienes “creían que producir resultados era producir crímenes” y culpó a un grupo de soldados en el municipio de Cajamarca, en el Tolima, de haberlo “engañado” porque le dijeron que unas personas fallecidas habían muerto en combate con las FARC “y resultó que no fue así”.

El exmandatario sostuvo que los ascensos durante su gestión no se otorgaron a personas vinculadas con asesinatos o ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, durante el Gobierno de su aliado político, Iván Duque, estalló un escándalo por la promoción de militares que tenían investigaciones abiertas por ‘falsos positivos’ cometidos durante el gobierno de Uribe. Esto salpicó, incluso, al entonces ministro de Defensa, Nicacio Martínez, quien renunció al cargo en 2019.