Bogotá, 16 abr (Prensa Latina) Víctimas del conflicto armado en Colombia exigieron hoy el gobierno implementar medidas humanitarias especiales y urgentes para afrontar la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19 de manera digna.

Somos madres cabeza de hogar, adultos de la tercera edad, algunos en edad avanzada y en abandono, campesinos, personas que viven solas, pertenecientes al sector de trabajadores informales, expresaron en un comunicado.

Además, aseguraron que, hasta el momento, de las acciones anunciadas por el gobierno, no existe ningún decreto o medida diferencial para las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica, ‘desconociendo que somos una población que históricamente se ha visto obligada a vivir en condiciones de pobreza extrema’.

El 12 por ciento de la población colombiana ha sido desplazada, esto quiere decir que, de cada ocho colombianos, uno ha tenido que abandonar su territorio a causa de la violencia, despojándoles de su derecho a vivir del trabajo en el campo y obligándoles a sostenerse con empleos informales en las ciudades, precisaron.

Asimismo, puntualizaron que, en Colombia, la proporción de población pobre es superior dentro de los hogares víctimas de desplazamiento forzado (63,8 por ciento) en relación con la población en general (25 por ciento).

Esta situación es similar en materia de línea de pobreza extrema pues el 33 por ciento de la población víctima de desplazamiento forzado se encuentra en pobreza extrema, mientras que en el escenario colombiano el porcentaje en esa materia es de 7,4 por ciento.

Estas cifras son una muestra de que las víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica somos la población más pobre del país, por ello es inconcebible que no existan medidas especiales para tratar de manera efectiva e inmediata la situación de vulnerabilidad en la que llevamos viviendo más de seis décadas y que con este contexto se agudiza, subrayaron.

Por otra parte, aseguraron que de las personas que el Estado reconoce como víctimas (más de ocho millones), el 81 por ciento no cuenta con una vivienda en condiciones dignas y aproximadamente el 52 por ciento de los hogares desplazados habitan viviendas en zona de riesgo, con hacinamiento, asentamientos ilegales, sin algún servicio público básico.

Sin techo, sin trabajo, sin tierra y sin condiciones de vida digna, somos también la población más propensa a contraer el coronavirus (SARS-CoV-2 causante de la Covid-19), señalaron en el comunicado, divulgado por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.

Además, la prolongación del aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 27 de abril pone en riesgo nuestra vida, pues gran parte de las víctimas de este país nos hemos convertido también en defensores de derechos humanos, líderes en nuestras comunidades, y por esta labor hemos sido objeto de amenazas y estigmatizaciones, enfatizaron.

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