Eduardo Andrade Bone*

A pocas semanas de iniciado el mandato del presidente de extrema derecha, José Antonio Kast, el aumento sostenido en los precios de los combustibles se ha convertido en el primer gran desafío político de su administración, impactando directamente en la percepción ciudadana y provocando una abrupta caída en su nivel de aprobación.

De acuerdo a los últimos resultados de la encuesta Pulso Ciudadano, el respaldo al mandatario descendió más de 12 puntos en apenas dos semanas, situándose en torno al 34,7%, mientras que la desaprobación alcanzó el 48,7%. El dato más significativo es el rechazo mayoritario, cercano al 57%, producto de las medidas del axioma ultra neoliberal adoptadas en materia de combustibles, un indicador que refleja el repudio generalizado en los chilenos.

El detonante de este escenario ha sido una fuerte alza en los precios de la bencina y el diésel, con incrementos que, en algunos casos, superan los 300 pesos por litro. La medida responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de reflejar el encarecimiento internacional del petróleo y resguardar la estabilidad fiscal, limitando el uso de mecanismos de solución estatal.

Sin embargo, el impacto en el costo de vida ha sido inmediato. El alza de los combustibles no solo afecta el transporte, sino que repercute en toda la cadena de precios, desde alimentos hasta servicios básicos, generando una percepción de deterioro económico entre los ciudadanos, lo que refleja que Chile requiere de un nuevo modelo económico con sensibilidad social y sea más humano, en donde no siempre se piense solo en el mundo empresarial.

Analistas coinciden en que el problema no es únicamente económico, sino también político. La decisión, aunque técnicamente cuestionable, ha sido interpretada como una señal de menor intervención estatal, coherente con la línea ideológica neoliberal del gobierno, pero difícil de sostener en un contexto de presión sobre los ingresos familiares.

A esto se suma el factor tiempo. El aumento se produce en las primeras semanas de gestión, cuando las expectativas ciudadanas suelen ser más altas y la tolerancia a medidas impopulares es menor. En ese sentido, el golpe a la popularidad del gobierno de los empresarios y de extrema derecha, resulta particularmente relevante.

Si bien otros factores han influido en la caída del apoyo, incluyendo controversias políticas recientes y demandas persistentes en materia de seguridad, el alza de los combustibles aparece como el principal catalizador del descontento ciudadano.

El escenario hacia adelante dependerá de variables clave, como la evolución de los precios internacionales, la implementación de eventuales medidas de mitigación y la capacidad del gobierno para recomponer la confianza ciudadana. Por ahora, el llamado “bencinazo” marca el primer gran test político para la administración de Kast, con consecuencias mayores que podrían extenderse más allá del corto plazo.

El fuerte incremento en los precios de los combustibles no solo ha impactado el costo de la vida en Chile, sino que también ha reactivado un debate de fondo sobre el modelo económico heredado de la dictadura, aún vigente y su capacidad de responder a las necesidades de los sectores sociales con menor poder adquisitivo y por ende más vulnerables.

Las críticas apuntan a que medidas de este tipo, asociadas a una menor intervención estatal y a un traspaso más directo de los costos internacionales a los consumidores, tienden a afectar con mayor intensidad a los hogares de menores ingresos. En ese contexto, el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta cuestionamientos sobre la sensibilidad social de su estrategia económica.

En este escenario, diversos sectores han planteado que el problema no radica únicamente en el contexto global, sino en la forma en que se ha gestiona la crisis. La rapidez del ajuste y la limitada aplicación de medidas de mitigación han sido señaladas como factores que profundizan la rabia y el malestar social.

La tensión se ha trasladado a las calles. En los últimos días, organizaciones estudiantiles han encabezado manifestaciones en distintas ciudades del país, cuestionando el alza de los combustibles y su impacto en el costo de la vida. Las protestas reflejan un descontento mucho más amplio, que trasciende el precio de la bencina y se vincula con demandas históricas sobre equidad y acceso a condiciones económicas más justas, a los cuales los gobiernos post dictadura no han respondido y todo pasa siempre con entrega de migajas, cambios cosméticos y no soluciones reales,

El debate también ha puesto en el centro la discusión sobre el rol del Estado. Mientras desde el Ejecutivo se defiende la necesidad de resguardar la estabilidad fiscal y evitar subsidios generalizados, voces críticas sostienen que, en contextos de alta presión económica, se requieren mecanismos de protección más robustos para evitar que los costos recaigan de manera desproporcionada en los sectores más vulnerables.

Expertos señalan que este tipo de tensiones no es exclusivo de Chile, sino que forma parte de un dilema recurrente en economías abiertas, cómo equilibrar disciplina fiscal, funcionamiento de mercado y deficiente protección social. No obstante, advierten que el manejo político de estas decisiones resulta clave, especialmente en las primeras etapas de un gobierno que a poco andar esta mostrando “la hilacha”, que no opta por el pueblo chileno y se lo ve más preocupado de defender los intereses de los grandes empresarios y el 1% más rico del país.

Por ahora, el conflicto por el alza de los combustibles se consolida como un punto de inflexión para la administración de Kast, no solo en términos de aprobación ciudadana, sino también en la definición del rumbo económico y social que marcará su gestión en los próximos meses.

Por otro lado, en relación a la polémica que se generó por los dichos de un Estado en «quiebra», un 57,6% de la población señala que el país no está en quiebra y que es una falacia del Partido Republicano, mientras que solo un 25,6% considera que sí lo está y un 16,8% no sabe que responder.

Ahora informaciones del Banco central de Chile, nos indica que el crecimiento económico de Chile (2025) fue de un 2,5% y que ha sido destacado incluso por los referentes económicos internacionales.

Recordemos que la economía chilena termino el 2025 con una inflación de alrededor del 3,5%, la mas baja desde 2020, de acuerdo a informaciones proporcionadas por el Instituto nacional de Estadísticas (9 enero2026), mientras tanto el descontento ciudadano sigue latente ante el alza de precios.

Eduardo Andrade Bone Analista político Comunicador Social WMP/PP/AIP

29/03/2026

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*Eduardo Andrade Bone, Analista Político y Comunicador Social. WMP/PP/AIP / 08/02/2026

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