Luca Moret – Daniel Raventós 

Nuestras sociedades se enfrentan a graves y complejas realidades: desde las crisis económicas hasta las migratorias, pasando por la polarización social, el desencanto político, los ataques a las libertades democráticas, el aumento de la precariedad, las brechas entre países, la inestabilidad mundial y el progresivo aumento del peso de la derecha más extrema. Sin embargo, una constante acompaña estas crisis que viene agravándose desde hace tiempo: la enorme desigualdad de riqueza a nivel europeo y mundial.

Las estadísticas son claras: vivimos en una época de extrema desigualdad. Según datos del último World Inequality Report (2026), el 10 % más rico de la humanidad acumula el 52 % de la renta global. Sin embargo, la situación empeora aún más si se mira la riqueza: el 10 % más rico acumula el 75 % de la riqueza mundial. Por su parte, el informe de Oxfam Contra el imperio de los más ricos arroja un dato indignante: los 12 milmillonarios más ricos del mundo acumulan, en conjunto, más riqueza que la mitad más pobre de la población mundial (es decir, 4.000 millones de personas). En 2025, la riqueza de los milmillonarios aumentó tres veces más rápido que la tasa anual promedio de los cinco años anteriores. Como establece el reciente estudio de Eli G. Rau y Susan Stokes (2025), la desigualdad económica es uno de los predictores más sólidos de cuándo y dónde una democracia se erosiona, siendo los países más desiguales los más expuestos al deterioro democrático.

Esta realidad se ha ido agravando con el paso del tiempo, y plantea una cuestión clave para nuestras sociedades: ¿qué hacer para evitar que la actual desigualdad de riqueza destruya nuestras democracias y los derechos sociales? La propuesta es clara: instaurar un límite a la acumulación extrema de riqueza. Eso es, precisamente, lo que se defiende en The Wealth Cap Project con la Wealth Cap Declaration: un límite europeo estandarizado a la acumulación de riqueza. Pero, ¿por qué?

Múltiples razones justifican el porqué de un límite a la acumulación extrema de riqueza. Todas, sin embargo, están conectadas con una característica omnipresente en nuestros actuales modelos económicos y políticos: una ingente acumulación de poder por parte de una minoría superrica, capaz de determinar el curso de nuestra política, nuestras economías y nuestras sociedades, agravando la crisis democrática y social que vivimos. Creemos que hay razones más que justificadas para asegurar que las grandes desigualdades hacen imposible la libertad.

Este artículo analizará las dimensiones política, económica y social de esta cuestión, mostrando el porqué de la necesidad de un límite europeo a la acumulación extrema de riqueza.

La dimensión política

El informe Oxfam que citábamos arroja un dato muy relevante: los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que la gente corriente. Por sí solo, este dato ya muestra la descomunal diferencia de acceso al poder que existe hoy en día entre los ciudadanos corrientes y unos pocos superricos. La cuestión, sin embargo, es que el poder de la ascendente minoría ultrarrica en nuestras sociedades va mucho más allá de “simples” posiciones institucionales: permea todos los ámbitos de nuestra política, tanto directa como indirectamente.

Cuando unas pocas manos acumulan la ingente cantidad de poder que acumulan hoy los superricos, muchas son las vías de influencia que se abren para esta minoría y sus intereses. La primera, como resalta el informe de Oxfam, es la vía del cargo político directo: la capacidad de influencia y el consecuente acceso a cargos institucionales de un milmillonario excede ampliamente las posibilidades de la gran mayoría de ciudadanos a la hora de presentarse a unas elecciones o acceder a puestos de responsabilidad. En muchos sistemas, el milmillonario no encuentra prácticamente barreras para la financiación de su campaña, así como para el despliegue de su poder (ya sea económico, mediático o social) al servicio de su agenda política.

Por razones evidentes, la financiación de la campaña de un milmillonario no suele ser un problema. Sin embargo, tampoco lo es su visibilidad y, por lo tanto, su capacidad directa (o indirecta, a través de aliados o personas a su servicio) de marcar el debate político. En muchos estados, los milmillonarios acumulan en conjunto gran parte de los medios de información televisivos, radiofónicos e impresos entre sus activos, con una gran influencia mediática en sus respectivos países. Un célebre caso, ilustrativo de muchos otros, es el de la familia Berlusconi en Italia y su imperio mediático, sobre cuya base Silvio Berlusconi construyó su carrera política. Esta concentración de poder de influencia permite a una ya de por sí (económicamente) poderosa minoría marcar la agenda política y hasta capturarla, condicionando el debate social alrededor de sus intereses sin contrapesos ni oposición. A su dominio económico se le une el dominio político, y el caso del magnate italiano es uno de tantos.

Asimismo, muchos países permiten sin apenas límites la financiación directa de empresas e individuos a campañas políticas, con el consecuente poder que eso otorga a la minoría de superricos de cada país. Alemania, por ejemplo, permite a las empresas e individuos realizar donaciones a los partidos políticos, y Francia lo permite a los individuos que así lo deseen con límites que, sin embargo, exceden ampliamente las capacidades económicas de la mayor parte de la población. No hay mecanismo más evidente de influencia y desviación del sistema democrático que la posibilidad de donar dinero directamente para el funcionamiento de un partido político; por ello, los superricos no dudan a la hora de aprovecharlo.

Sin embargo, existen mecanismos más indirectos de influencia política de los superricos, muchos de los cuales pasan desapercibidos en el día a día de nuestra vida política. El más célebre (pero no por ello más visible) es el del lobby: cada mañana, legiones de lobistas visitan despachos en todo el mundo para defender agendas particulares, la mayor parte de las veces por encima del bien de la sociedad. Esta actividad, legal en nuestros países, carece de una regulación amplia y efectiva; solo ahora ciertos estados han empezado a reglamentarla, así como la Unión Europea (con su registro de lobistas). Esto, sin embargo, no arroja luz sobre las actividades que llevan a cabo estos lobbies, cuyo poder se extiende hasta la posibilidad misma de redactar enmiendas en nombre de intereses privados que, posteriormente, son incorporadas sin apenas modificaciones en leyes que nos afectan a todos. La disparidad de poder entre la mayor parte de la ciudadanía y la minoría de superricos y sus empresas en esta esfera es, como en las demás, extrema.

Sin embargo, la principal vía de influencia política con las que cuentan los superricos es su poder económico. Fue Louis Brandeis, Juez de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1916 a 1939, quien lo expresó de forma difícilmente superable hace un siglo: “Podemos tener democracia o riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”.

¿Puede un gobierno oponerse a los deseos de determinados individuos si estos tienen en su poder el destino de millones de trabajadores que, de un día para otro, pueden ver sus trabajos esfumarse si los superricos desplazan la producción de las empresas que controlan a otro país? ¿Puede un gobierno oponerse a la voluntad de una minoría todopoderosa cuando esta determina, en muchos casos, el curso de sectores enteros de la economía? Estas cuestiones nos llevan a nuestro siguiente ámbito de análisis: el económico.

La dimensión económica

El neoliberalismo y las corrientes económicas que lo precedieron nos han impuesto una idea falaz del dinero: una idea que lo describe como un instrumento social “neutral”, individual y, sobre todo, meritocrático. Según esa lógica, el dinero es simplemente un medio que compra bienes y servicios para un individuo, como una casa, un coche o una suscripción de streaming; esto obvia el enorme poder (económico, político, social) que su concentración extrema otorga a quien lo acumula. Por otro lado, dicha visión trata de convencernos también de que quien acumula dinero lo hace porque ha trabajado duro, mientras que quien menos tiene debe resignarse a vivir con lo que ha “merecido” tener.

Este mito de la meritocracia conecta directamente con el del “self-made man”, el “hombre hecho a sí mismo”. La justificación de la riqueza como el resultado directo del esfuerzo personal, la inteligencia, la disciplina y la capacidad de asumir riesgos es harto discutible. El descrédito de esta visión en nuestras sociedades es cada vez mayor, pero pocos datos como el siguiente definen mejor el porqué: en el Reino de España, los millonarios por herencia representan el 74% del total; en Alemania, el 75%. De entrada, pues, el mérito parece que no es muy grande.

Sin embargo, el descrédito de esta falsa “meritocracia” va más allá: radica en una concepción de la riqueza falaz que atribuye el mérito de su generación (y acumulación) a quien la posee, ignorando una realidad obvia: la riqueza es generada socialmente, y cómo una sociedad decide repartirla responde a decisiones políticas, no a leyes “naturales” inmutables. Como dejó escrito Thomas Paine: “Cuando en un país vemos extrema riqueza y extrema miseria, podemos estar seguros de que el gobierno está defectuosamente constituido”. Que el 10% más rico de la humanidad acumule el 75% de la riqueza es una decisión política, así como que el tipo impositivo efectivo que pagan los milmillonarios en muchos países (también europeos) sea menor que el que paga una enfermera, un barrendero o una profesora universitaria, como muestra el siguiente gráfico del World Inequality Report 2026:

Los superricos escapan a la progresividad de los impuestos y, a su vez, encuentran pocos o ningún límite a su movilidad internacional. De por sí, esto ya supone un grave problema para la justicia social y la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, cada vez más maltrecho e infrafinanciado. Sin embargo, esto plantea otro profundo problema: los ricos escapan de las normas que todos compartimos con la riqueza de todos, es decir, con la riqueza que hemos producido como sociedad. ¿Acaso no conducen los camiones, llenan los almacenes y organizan la logística de Amazon miles de trabajadores que no tocan ni una milésima parte de los beneficios de esta empresa? ¿Acaso no recorren las furgonetas de las empresas de mensajería las carreteras que mantenemos todos con nuestros impuestos? ¿Acaso no se benefician todas las empresas de un sistema educativo que forma a los trabajadores y de una sanidad que los mantiene sanos? En definitiva, ¿acaso no es una falacia hablar de “hombres o mujeres hechos a sí mismos” que merecen acumular sin límites? ¿Acaso no es evidente la brutal injusticia actual en la repartición de la riqueza que produce nuestra sociedad?

La riqueza social está injustamente repartida, y en proporciones de magnitud descomunal. Pero lo que a priori puede parecer a algunos un problema meramente teórico supone un problema práctico real que va más allá aún de la enorme influencia política de los beneficiados por esta desigualdad. Porque la realidad es la siguiente: nuestras economías están sometidas a la voluntad de una minoría ultrarrica que determina su curso sin apenas contrapesos o responsabilidad ante nadie. Esta minoría no responde ante ningún parlamento ni senado, ni ante la ciudadanía en su conjunto, y su dominio económico es posible gracias al acaparamiento de la riqueza que producimos entre todos. La cuestión es: si sin duda llamaríamos tiránico un poder político ilimitado y sin contrapesos, ¿por qué permitimos esta realidad en nuestras economías? Es decir, ¿por qué permitimos que nuestra economía siga sujeta a la voluntad de una minoría, sin que la ciudadanía que la trabaja tenga ni voz ni voto en su gestión? Y, si lleváramos al extremo la tendencia actual a la acumulación de cada vez más riqueza en menos manos, ¿acaso no definiríamos como amo y señor del mundo a alguien que, eventualmente, acumulara casi toda la riqueza del planeta? ¿Por qué, entonces, hemos establecido límites al poder político que puede acumular una persona, pero no al económico?

La realidad social que vivimos se traduce, en pocas palabras, en dominación. La dominación de unos pocos sobre la gran mayoría de la ciudadanía. Pero se traduce también en endeudamiento, crisis e infrafinanciación constante de nuestros Estados y, por lo tanto, de nuestra democracia. Y un Estado infrafinanciado supone, a su vez, una ciudadanía más vulnerable. Vaciando y demoliendo el Estado del bienestar y los derechos sociales, el capitalismo actualmente existente, sus aliados y la creciente desigualdad que vivimos están logrando un triple objetivo: escapar de las normas sociales que garantizan el bienestar y el progreso social, imponer su agenda política y someter a la ciudadanía a sus deseos.

¿De qué cantidad de personas hablamos cuando nos referimos a los muy ricos? Solamente por dar datos de Catalunya: 2.853 personas tienen una riqueza superior a 10 millones de euros. Y 277 lo tienen superior a 50 millones. ¿Hace falta poner en porcentaje la ínfima minoría social que esto supone en el conjunto de la población catalana de más de 8 millones de personas? En el caso español, “la intersección del 5 % más rico en Renta Bruta y Patrimonio Neto, excluyendo a quien no llegara a 500.000 euros”, son unas 455.000 personas, un 1 % de la población.

Esta dominación económica y política se traduce en una influencia desmesurada sobre el día a día y el futuro de toda la ciudadanía, y en una realidad cada vez más precaria para la mayor parte de las personas. Esto nos lleva a nuestra tercera dimensión de análisis.

La dimensión social

La desigualdad extrema que vivimos tiene un alto coste social, y varios datos lo corroboran. En 2024, según datos de Eurostat, 93,3 millones de personas en la Unión Europea vivían en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que representa el 21 % de la población de la UE. Como ejemplo concreto, en Barcelona, más de 450.000 personas viven en situación de exclusión social moderada o severa, según datos del informe FOESSA 2025. Sin embargo, y pese a las últimas tendencias, las economías del mundo han crecido significativamente en las últimas décadas, incluidas las europeas. ¿Cómo es posible entonces que, viviendo en la sociedad a priori más rica de la historia de la humanidad, no hayamos derrotado aún la pobreza, la precariedad y las enormes desigualdades sociales que vivimos?

Para responder a esta cuestión, otra pregunta es clave en este caso: ¿quién se está beneficiando del crecimiento de nuestras economías? Más allá de resaltar que la desigualdad de riqueza en el mundo es aún mayor que la de renta, el reciente informe del G20 sobre desigualdades globales revelaba un dato muy ilustrador: entre el 2000 y 2024, el 1 % más rico del planeta capturó el 41 % de la nueva riqueza generada mundialmente, mientras que la mitad más pobre de la humanidad (recordémoslo, 4.000 millones de personas) recibió solo el 1 %.

El núcleo de la cuestión, por lo tanto, está claro. No solo cabe preguntarse quién dirige y determina el curso de nuestra economía, sino también: ¿quién recoge sus frutos? Y aquí, de nuevo, la respuesta vuelve a ser igual: los más ricos, los mismos que eluden sus responsabilidades fiscales, influencian las políticas de gobiernos e instituciones internacionales y determinan el curso de nuestras sociedades a su favor. Los mismos, a su vez, que compran (con intereses) la deuda emitida por los Estados que, ante la falta de recursos, se ven obligados a la emisión de bonos para sostener el maltrecho Estado del bienestar. Los mismos que libremente mueven su capital por el mundo entero, sacando el máximo provecho sin pagar apenas contribución alguna. Los mismos que abogan por la austeridad y una supuesta “meritocracia”, hasta que sus bancos o empresas colapsan, y de pronto la intervención del Estado para salvarles (es decir, de todos nosotros) no está tan mal vista. En definitiva, los que disfrutan de un socialismo para los ricos mientras imponen un capitalismo salvaje al resto.

Entonces, ¿por qué una riqueza máxima?

Ante la desigualdad devastadora que vivimos, el establecimiento de un límite a la acumulación extrema de riqueza se revela más necesario que nunca. Desde la dimensión política, este límite debe servir para que ningún individuo pueda dominar al resto de la sociedad, imponiendo sus intereses y agenda personal sobre el bien común de todos los ciudadanos. Desde la dimensión económica, el límite deberá llevar, por un lado, a desconcentrar la ingente cantidad de poder económico acumulado en pocas manos; por otro, mediante la redistribución que deberá llevarse a cabo con los fondos recaudados por el Estado, deberá servir para democratizar el acceso a la riqueza producida socialmente, abriendo el acceso a los frutos de lo que la sociedad ha cultivado no solo a unos pocos, sino a todos. Por último, desde la dimensión social, el límite a la acumulación extrema de riqueza deberá servir para financiar programas sociales universales, así como para revivir nuestros sistemas de salud y cuidados, educativos, nuestras infraestructuras, y para financiar la urgente transición ecológica que necesitan nuestras sociedades. ¿Significa esto acabar con el capitalismo? No, ni mucho menos. Pero se trataría indudablemente de otro capitalismo. Y tampoco está escrito en ninguna parte que todo debiera detenerse aquí en la lucha por una sociedad mejor.

Un debate democrático amplio es más necesario que nunca en Europa y en el mundo para decidir cómo implementar este límite a la acumulación extrema de riqueza y cómo diseñar la democratización económica, política y social que conllevará. Europa, empezando por la Unión Europea, tiene la oportunidad de ser pionera en este camino. El límite a la acumulación extrema de riqueza representa una nueva esperanza para reequilibrar nuestras sociedades y construir un futuro mejor, un futuro en el que nadie quede atrás y en el que todos podamos creer. Un futuro, en definitiva, que nos pertenezca a todas y a todos. Se trata, por lo tanto, de la libertad de toda la ciudadanía. Los grandes poderes privados impiden la libertad de la inmensa mayoría no rica. No se trata, pues, “solo” de limitar las grandes riquezas: se trata de defender la libertad de todas las ciudadanas y ciudadanos sin excepción. 

Para firmar la Wealth Cap Declaration por un límite europeo a la acumulación extrema de riqueza: https://wealthcapproject.org/declaration. Cada firma ayudará a poner el límite a la acumulación de riqueza en la agenda política, construir un movimiento amplio a escala europea e impulsar iniciativas cívicas y legislativas concretas en los países de Europa. Cuantas más firmas, más fuerza tendrá nuestra campaña. 

Luca Moret ,es co-fundador de The Wealth Cap Project y graduado en Filosofía, Política y Economía. Actualmente, se encuentra cursando el Máster en Asuntos Europeos y el Research Track en Teoría Política en Sciences Po París. Su trabajo se centra en el estudio de las desigualdades en la intersección entre la teoría política, la economía y las relaciones internacionales.

Daniel Raventós, es editor de Sin Permiso. Presidente de la Red Renta Básica, profesor titular en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es coautor de «En defensa de la Renta Básica. Por qué es justa y cómo se financia» (Deusto, 2023).Fuente:

www.sinpermiso.info, 29-3-2026

Por: Luca Moret – Daniel Raventós 
Fuente: www.sinpermiso.info
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