Por: Horacio Duque *

Introducción.

La corrupción es un problema estructural que agobia a la sociedad colombiana; las recientes encuestas de opinión colocan este problema como una prioridad a resolver.

Se trata de un mal que, con hipocresía, han intentado minimizar las roscas oligárquicas pese al daño devastador que le ha causado a Colombia. Algunos líderes hablan de la gran corrupción, de esa criminalidad extendida que coloniza instituciones, desangra presupuestos, destruye la confianza de la ciudadanía y nos arrebata el futuro. No es un caso aislado ni una manzana podrida, es un sistema que hay que desmantelar con decisión y con coraje[1]

En el sistema político colombiano, en el Estado y el gobierno (con sus múltiples instituciones) es un proceso complejo con diversas ramificaciones y manifestaciones a lo largo de la historia colombiana y en su funcionamiento estructural. El presente análisis se propone abordar las dimensiones y los alcances de tal patología política y sus efectos sobre la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la inversión del Estado. Con este recorrido analítico, abordaremos las implicaciones éticas y criminales de tal fenómeno y los retos que plantea a las instituciones y a la sociedad.

Diagnóstico del fenómeno de la corrupción.

Contexto histórico.

En Colombia, desde el siglo XIX, casi todas las guerras civiles, más que fines políticos persiguieron intereses burocráticos. Sin embargo, al final el botín estaba en las rentas públicas, tan necesarias para premiar a sus partidarios con pensiones, bienes y cargos oficiales. Los partidos luchaban para ganar la administración pública con el propósito de feriar los puestos entre sus amigos, primos, sobrinos, tíos, parientes, cuñados y seguidores. Esta costumbre se ha extendido hasta nuestros días. Solo la participación ciudadana ha contribuido a agrietar la voracidad histórica de quienes siguen considerando los recursos del Estado como una caja particular de intereses privados y destinada a despilfarrar con la avaricia de los suyos[2].

De manera más reciente, con ocasión del caso de la exparlamentaria Yidis Medina, se señaló que la corrupción en el ejercicio de la función pública, en cuyo ámbito el cohecho ocupa un lugar destacado, constituye uno de los problemas más serios que deben enfrentar las democracias modernas dada su capacidad desestabilizadora tan grave como el terrorismo, el narcotráfico o la pobreza, razón que ha generado un significativo interés en la comunidad internacional y conducido a la creación de diferentes instancias para contrarrestar sus efectos destructivos, situación que no ha sido ajena a las preocupaciones del legislador colombiano de otras épocas[3].

En Colombia hemos pasado de la corrupción a la gran corrupción; por eso lo primero es definir con claridad de qué estamos hablando. El término «corrupción» ya no basta para describir lo ocurrido en el Estado y en la sociedad durante las últimas décadas. De actos individuales, episódicos y relativamente simples —que involucraban a unos cuantos agentes del Estado y a algunos particulares en delitos como el soborno—, se ha pasado a la macro corrupción: la descomposición generalizada de instituciones y poderes públicos, y operaciones complejas de estructuras que despliegan actividades concertadas en las que participan un gran número de personas.

En esos conciertos para delinquir actúan múltiples actores de distinta naturaleza: legales (empresarios, políticos), aparentemente legales pero aliados con la ilegalidad, ilegales (mafias, grupos armados).

En años recientes se han visto operaciones de gran escala para capturar e, incluso, reconfigurar el Estado. Por ejemplo, la parapolítica impulsada por el uribismo fue la más significativa de esas expresiones, y llegó a incluir la toma de una porción significativa del Congreso de la República.

Hoy, cada año, se saquean billones de pesos del erario; institutos y dependencias estatales se convierten en cuotas clientelares y burocráticas de mafias políticas; la contratación pública se asigna mediante gigantescos sobornos y licitaciones amañadas; la adquisición de suministros en dependencias estatales se ha convertido en fuente de lucro para algunos funcionarios; muchos trámites de la administración pública exigen el pago de «comisiones»; los congresistas se han convertido en tramitadores de prebendas y contratos; en las elecciones se presentan fraudes periódicos que distorsionan los resultados definitivos; los puertos y las aduanas son fortines politiqueros para negociar el contrabando con grupos armados y mafias.

Ese entramado delictivo alcanza incluso los gastos esenciales para la vida de los colombianos: los recursos de la salud, los fondos para la paz, el dinero destinado a la reparación de las víctimas y los recursos para atender a comunidades afectadas por desastres naturales, que los «Olmedos» de turno no vacilan en saquear.

Se trata de verdaderos aparatos que operan en red para acumular capital, afectan todas las ramas del poder público y configuran la administración en todos los niveles del Estado.

Ninguna instancia está a salvo, e incluso dependencias del poder judicial y los órganos de control han sido puestos al servicio de las redes criminales.

Casos recientes de corrupción de gran impacto.

La corrupción con los dineros del Estado ha visto, en las últimas décadas, varios casos que han impactado de manera muy fuerte a la sociedad colombiana, me refiero a episodios como los ocurridos en Foncolpuertos, Inurbe, Caprecom, Odebrecht, Ferrovías, el robo a Caldas, bch, Banestado, Banpacífico, Reficar, Centros poblados, Banco Andino entre otros, demuestran que no son suficientes las múltiples leyes, ni los organismos creados para enfrentar la corrupción, que se requiere un cambio muy profundo en la cultura política y en el sistema de valores de la sociedad.

Justamente, el repudio de la sociedad colombiana a esa práctica perversa contra los dineros del Estado, dio origen a una poderosa movilización ciudadana que cristalizó en una Consulta popular anticorrupción; la misma se convirtió en un proceso electoral que se adelantó el domingo 26 de agosto de 2018 en Colombia, pero sin un resultado favorable.

De haber sido aprobada se habría debido tramitar dicha norma por el Congreso de la República, sin embargo, la abstención electoral durante la jornada, impidió que se alcanzara el umbral, y por tanto no fue aprobada.

Merced a la gran votación a favor en la consulta, el propio presidente de Colombia Iván Duque (2018-2022) presentó la consulta con los mismos puntos para ser aprobada por el congreso, aunque su suerte en el legislativo no fue la mejor como consecuencia de la oposición del Centro democrático y de los otros partidos cercanos al gobierno involucrados en hechos de corrupción.

Estallido social y repudio a la corrupción.

El tema regresó con mayor ímpetu en la campaña presidencial del 2022 que escogió al presidente Gustavo Petro; pero aun hoy hay muchos vacíos y frustraciones para la sociedad en este campo de la vida pública y del funcionamiento del Estado como lo indica el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres UNGRD y su directivo Olmedo Lopez, que involucro a varios Ministros y parlamentarios.

También en el año 2024 el Departamento Nacional de Planeación denunció la pérdida de 12 billones de pesos desde el año 2017 en el Sistema General de Regalias SGR, que debieron transformar los territorios en Colombia. Se detectaron irregularidades de casi 5 billones de pesos en 2.400 proyectos que se reportaron como terminados, pero no era así, es decir, quedaron como obras inconclusas. En total, se indagó por 19.393 proyectos aprobados por 68.5 billones de pesos entre 2017 a 2024.

El informe y la denuncia del DNP muestra que solo 11 ejecutores concentran $6,6 billones.

¿Qué es la corrupción?[4]

La «corrupción» es la acción o efecto de corromper, es decir, «hacer que un cuerpo o sustancia orgánica se descomponga, de manera que huela mal o no se pueda utilizar.» Es decir, corrupción, es «depravar» o «echar a perder algo;» sinónimo de descomposición, de podredumbre o de putrefacción; proceso que no solo ocurre con las sustancias orgánicas sino con las propias instituciones, en particular con las instituciones del Estado, y con la democracia misma, las cuales también se depravan, se descomponen y se corrompen.[5]

La corrupción se presenta en dos campos específicos: tanto como corrupción administrativa, como corrupción institucional o política. La corrupción administrativa es la que deriva del mal manejo de los bienes y recursos públicos, particularmente cuando los funcionaros, por falta de controles y de transparencia, disponen de dichos recursos al servicio de sus propios intereses o de particulares que se enriquecen ilícitamente a costa del Estado. La corrupción política o institucional, es la causa principal de la anterior, es la que resulta del desmantelamiento de la democracia, y de la perversión del funcionamiento de las instituciones del Estado, poniéndolas, no al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de las facciones políticas de los gobernantes, o de la propia burocracia, desviando las funciones del Estado, y pervirtiendo los derechos democráticos de la ciudadanía.

Un Programa para enfrentar la corrupción.

Casi todos los partidos y actores políticos incluyen en sus propuestas programáticas la lucha contra la corrupción y su erradicación.

Pero un programa efectivo y con credibilidad entre la opinión pública debe, en primer lugar, incorporar de manera real la participación ciudadana mediante el control social efectivo sobre la inversión del Estado y sus correspondientes proyectos de obras y servicios. Por supuesto, la base de tal participación debe ser la mayor transparencia de las instituciones públicas para garantizar el acceso a la información correspondiente.

Desde luego se requiere de la acción judicial efectiva con un modelo que caracterice los casos emblemáticos de la corrupción con un Sistema nacional contra la macro corrupción. Entre nosotros, la corrupción suele abordarse con una lógica penal reductiva y equivocada. Hay que entender que la corrupción no es la suma de delitos individuales; es una macro criminalidad que captura instituciones, distorsiona mercados y despoja comunidades. Así como un genocidio no puede reducirse a una suma de homicidios, la gran corrupción no puede abordarse con el tratamiento penal del caso individual, o la sumatoria de casos individuales.

No se puede tratar al corrupto como a un delincuente común al que se le impone una pena de cárcel proporcional al dinero usurpado, omitiendo los daños reales que el aparato criminal al que pertenece ese delincuente causa sobre las víctimas.

Es usual que los corruptos salgan de prisión con más riqueza y poder.

El sistema judicial no está para hacer más poderosos a los delincuentes corruptos, sino para proteger y resarcir a los millones de compatriotas víctimas de este flagelo. La corrupción tiene víctimas directas, comunidades rurales y urbanas, niñas y niños sin escuela, pacientes sin medicina, familias sin agua, jóvenes sin oportunidades, territorios sin vías de comunicación.

Por lo tanto, el sistema judicial tradicional, centrado en castigos penales a personas, se queda corto. Si no hay ataque frontal a la estructura criminal, desmantelamiento de sus subestructuras y redes, extinción efectiva de dominio, reparación a las víctimas y recuperación de lo robado, la impunidad se perpetua.

Colombia requiere un modelo integral que ataque la renta, el silencio y el territorio de la corrupción; fiscalización rigurosa y transparente del gasto público; decomiso ágil de bienes ilícitos en el país y fuera de este; y una justicia que escuche a las comunidades, repare el daño y priorice inversión donde más se ha perdido.

Colombia ya cuenta con desarrollos jurisprudenciales y técnicos para aplicar esta perspectiva (Justicia y paz y Jep) sin depender de organismos internacionales. Lo que ha faltado es voluntad política.

En ese sentido hay que avanzar con un modelo que caracterice los casos emblemáticos de la corrupción con un Sistema nacional contra la macro corrupción que implique fortalecer la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); una mayor autonomía a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, garantizando su independencia y su capacidad de investigación; la creación en la Fiscalía General de la Nación, de la Unidad Nacional de Investigación de la Macro corrupción. Así, las cadenas de corrupción no se investigarán caso por caso: se investigarán como sistemas, con procesos ágiles y coordinados. Esta unidad identificará los aparatos y estructuras de la macro corrupción y a sus jefes o determinadores; develará los modus operandi, los planes y patrones de criminalidad a escala nacional, sectorial y regional, y rastreará las dimensiones económicas, incluido el lavado de activos y los mecanismos de impunidad; y la creación del fondo de reparación para las víctimas.

Los ejes centrales de un programa contra la corrupción.

Primero. Efectiva participación ciudadana a través del control social a la inversión del Estado en obras y servicios mediante la promoción y protección de las redes de veedurías ciudadanas; de las Auditorias visibles; las Auditorias comunitarias; los comités de obra; las mesas técnicas participativas; las rendiciones de cuentas; y el fortalecimiento de las PQRs[6]. Es necesario organizar con las organizaciones de control social un sistema de alertas tempranas contra la macro corrupción, articulando bases de datos, trazabilidad del gasto y señales de riesgo. Hay que impulsar alianzas territoriales anticorrupción, que integren a los movimientos sociales, las ciudadanías, el sector privado con la acción del Estado.

Hay que entender que ninguna sociedad derrota la macro corrupción solo desde los despachos de los organismos de control y judiciales.

La lucha contra la corrupción necesita una ciudadanía vigilante y organizada. Junto con movimientos sociales, organizaciones comunitarias, academia y sector privado, se debe promover un gran movimiento nacional de participación, control y fiscalización social.

Se requiere una cultura de integridad que empiece en la escuela y llegue a cada oficina pública, a cada empresa y a cada familia. La transparencia debe ser una práctica cotidiana, no un discurso.

La sociedad debe sostener una estrategia de rechazo moral y ético frente a los corruptos y a todo acto ilícito relacionado con la corrupción

Segundo. Garantía efectiva del acceso a la información pública y de la transparencia en las instituciones públicas, lo que implica la organización y consolidación de sistemas de comunicación e información en cada institución del Estado, sus páginas web y redes sociales[7].

Tercero. Fortalecimiento de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y fortalecimiento de la autonomía — técnica, administrativa y presupuestal— de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, garantizando su independencia y su capacidad de investigación con enfoque sistémico[8].

Cuarto. Garantizar el pleno funcionamiento de Secop y del Portal Anticorrupción de Colombia (Paco) como plataforma abierta y preventiva.

Quinto. Creación en la Fiscalía General de la Nación de la Unidad Nacional de Investigación de la Macro corrupción, la que adelantara la investigación y juzgamiento con enfoque sistémico, pues las cadenas de corrupción no se investigan caso por caso: se investigan como sistemas, con procesos ágiles y coordinados. Tal unidad identificará los aparatos y estructuras de la macro corrupción y a sus jefes o determinadores; develará los modus operandi, los planes y patrones de criminalidad a escala nacional, sectorial y regional, y rastreará las dimensiones económicas, incluido el lavado de activos y los mecanismos de impunidad.

Sexto. Creación en la Fiscalía de una unidad de juzgamiento especial, al más alto nivel posible, para los casos de corrupción sistémica. Las sentencias judiciales incluirán medidas de reparación integral para víctimas individuales y colectivas.

Séptimo. Creación de un Fondo de Reparación de Víctimas de la Corrupción. Recogiendo en dicho fondo todos los capitales y recursos expropiados a los corruptos para reparar no solo el dinero público malgastado, sino también los daños materiales e inmateriales causados a víctimas individuales, colectivas y a la sociedad. Hay que respaldar a las víctimas de la corrupción, cuya memoria, exigencia de verdad y reivindicación de justicia son definitivas para atacar la corrupción.

Cuando la corrupción golpee un sector, como la salud, por ejemplo, los recursos recuperados se destinarán a fortalecer ese sistema y a reparar a sus víctimas. Cada peso recuperado debe convertirse en un derecho restituido.

Octavo. Fortalecer la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para que la recuperación de bienes ilícitos se traduzca en obras y servicios para las comunidades.

Novena. Lucha contra la corrupción en los territorios. Hay que llevar la acción coordinada del sistema de justicia a los lugares con mayores índices de corrupción e impunidad, con capacidad real de investigación y juzgamiento en el terreno. Donde más roban lo público, más presente debe hacerse el Estado.

Decima. Hay que masificar la Auditoria forense como una herramienta efectiva de prevención y focalización de la corrupción. No obstante que el decreto 1600 del 2014 adoptó la Auditoria forense como herramienta para luchar contra la corrupción, la burocracia publica se las arregla para desconocerla en el cumplimiento de sus funciones. La Auditoria forense se entiende como Auditoria Forense como la rama de la auditoría que se enfoca en la prevención y detección de riesgos de corrupción y riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), a partir de una revisión rigurosa de procesos, hechos y evidencias para documentar la existencia de un presunto acto irregular, usando conocimientos interdisciplinarios que incluyen técnicas de investigación criminalística, contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y habilidades en áreas financieras; el resultado de un proceso de auditoria forense permite la identificación y recolección de evidencia para ser presentada ante las autoridades competentes de llevar a cabo el debido proceso de investigación, acusación y juzgamiento[9].

Once. Implementación efectiva de los Programas de Transparencia y Ética Pública de las entidades gubernamentales ordenados con el decreto 1122 del 2024.

[1] Ver Atlas de la corrupción en Colombia en el siguiente enlace https://www.semana.com/especiales-editoriales/articulo/atlas-de-la-corrupcion-en-colombia-1953-1990/202500/

[2] Ver Tovar Pinzón, Hermes (2014) Corrupción. Metáfora de ambición y deseo.

[3] Ver Tovar Pinzón, Hermes (2014) Corrupción. Metáfora de ambición y deseo.

[4] Acá incluimos la definición de corrupción adoptada por el gobierno del presidente Petro incluida en el decreto 1600 de diciembre del 2024 el cual señala que «Corrupción: es todo acto que implique desviación de la gestión administrativa o de los recursos públicos y privados para obtener un beneficio propio o para un tercero. Igualmente, constituyen actos de corrupción las conductas punibles descritas en la Ley 599 de 2000, o en cualquier ley que la modifique, sustituya o adicione, así como lo previsto en la Ley 1474 de 2011; las faltas disciplinarias; y las conductas generadoras de responsabilidad fiscal relacionadas con los actos de corrupción y cualquier comportamiento contemplado en las convenciones o tratados contra la corrupción que Colombia haya suscrito y ratificado. Esas conductas incluyen: (i) El uso del poder para obtener beneficios personales, (ii) Pérdida o disminución del patrimonio público, (iii) El perjuicio social significativo, y (iv) La corrupción electoral», de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.4.3.1.3. del decreto 1600 del 27 de diciembre del 2024 que reglamentó el artículo 200 del Plan Nacional de Desarrollo «Colombia, potencia mundial de la vida».

[5] De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, el término corromper se relaciona con la idea de alterar, trastocar la forma de alguna cosa, echar a perder, depravar, dañar, sobornar o cohechar al juez, o a cualquier persona con dádivas o de otra manera; definiendo la corrupción como la acción o efecto de corromper o corromperse.

[6] Ver al respecto la ley 1557 del 2015 sobre participación ciudadana y control social; y la ley 850 del 2003 sobre Veedurías ciudadanas.

[7] Ver ley 1712 del 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública; y el Conpes 4070 del 2021

[8] Ver Ley 1474 del 2011 o Estatuto anticorrupción; y la Ley 2195 del 2022.

[9] Ver decreto 1600 del 2024.

*Andrew Korybko es analista político, periodista y colaborador habitual de varias revistas en línea, así como miembro del consejo de expertos del Instituto de Estudios y Predicciones Estratégicas de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Ha publicado varios trabajos en el campo de las guerras híbridas, entre ellos “Guerras híbridas: el enfoque adaptativo indirecto para el cambio de régimen” y “La ley de la guerra híbrida: el hemisferio oriental”.

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