Tomás Niembro Concha, exdirector ejecutivo de Nodus International Bank, admitió ante la justicia estadounidense su participación en una compleja red de corrupción que vació las arcas de la entidad financiera con sede en Puerto Rico y quebrantó las medidas restrictivas impuestas por Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según el Departamento de Justicia, el economista de origen venezolano y nacionalidad española utilizó su cargo al frente del banco para desviar más de USD 24,9 millones a través de operaciones fraudulentas, mientras que simultáneamente orquestaba mecanismos para eludir el bloqueo financiero vinculado a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

La investigación federal reveló que, junto al presidente de la junta directiva de Nodus, Juan Ramírez, Niembro ocultó durante años a los reguladores y al resto de directivos que múltiples inversiones millonarias estaban diseñadas para beneficio personal. En un esquema descrito por los fiscales como el uso del banco como un «cajero automático personal», los ejecutantes canalizaron fondos hacia empresas fantasma y adquirieron pagarés que ascendieron a más de USD 25 millones, recursos que terminaron en sus propias cuentas.

El caso también destapó una trama paralela de evasión de sanciones internacionales. Las autoridades comprobaron que Niembro conspiró con un ciudadano señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) como colaborador de Pdvsa, articulando una operación encubierta para transferir una propiedad en Nueva York mediante empresas interpuestas, un movimiento prohibido por las leyes de emergencia económica.

Cuando el regulador bancario de Puerto Rico ordenó la liquidación de Nodus en marzo de 2023, los implicados intentaron maquillar las irregularidades transfiriendo activos de manera ficticia para simular una cartera de préstamos que nunca existió.

Niembro se declaró culpable de los cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa), delitos que en conjunto podrían significar hasta 40 años de prisión. Como parte del acuerdo judicial, aceptó la confiscación de casi USD 17 millones producto de sus ganancias ilícitas.

La sentencia quedó programada para el próximo 8 de junio en un tribunal federal de Puerto Rico, en una causa que forma parte de las investigaciones impulsadas por el grupo de trabajo de seguridad nacional contra el crimen transnacional y el lavado de activos.

Por: Agencia Editorial Bolivariana
Fuente: https://actualidad.rt.com
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