Gabinete de Kast: el saco sellado

No es de los trigos muy limpios…

escribe Mauro V – Periodista

En los mercados antiguos, el trigo no se aceptaba por la promesa del vendedor ni por la prolijidad del saco. Se aceptaba por el proceso que había atravesado.

Aventar y cribar no eran gestos simbólicos: eran condiciones materiales. Quitar la paja, el polvo, las semillas extrañas, los restos duros que podían romper el molino o enfermar a quien comiera el pan. El trigo limpio no sólo era virtuoso. Era apto.

Un saco sellado, sin revisión, siempre despertaba sospecha.

Podía estar bien cosido, pesado, incluso rotulado con esmero.

Pero nadie sensato lo llevaba al molino sin abrirlo. Porque el riesgo nunca estaba en la superficie, sino en lo que se ocultaba dentro.

Esa precaución básica, casi instintiva, desapareció de la política moderna.

El gabinete de José Antonio Kast se presentó –y así fue interpretado por muchas y muchos– como ordenado, coherente, disciplinado. Un conjunto sin fisuras visibles.

Precisamente por eso importa que el saco esté sellado. No se trata de descuido ni de improvisación. Se trata de una decisión: no aventar, no cribar, no limpiar.

Ofrecer el grano tal como viene, confiando en que nadie exigirá meter la mano.

Cuando el saco se abre -aunque sea parcialmente-, lo primero que aparece no es una impureza aislada, sino un patrón que tiene centro y objetivos definidos.

Fernando Rabat, designado en Justicia y Derechos Humanos, no llega como un conservador técnico ni como un jurista distante de la historia. Llega con una biografía profundamente incrustada en la defensa jurídica de la dictadura. Socio del entorno de Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad, Rabat integró la defensa de Augusto Pinochet en causas que constituyen el núcleo del terror estatal.

Operación Colombo no fue un error comunicacional: fue un montaje criminal destinado a encubrir la desaparición y asesinato de 119 personas.

El caso Riggs no fue una discusión patrimonial: fue la constatación del saqueo sistemático del Estado por parte del dictador.

Que precisamente ese abogado quede a cargo de Justicia y Derechos Humanos, no es un problema de imagen ni una provocación retórica. Es una redefinición política del pasado desde el poder.

Dieciséis agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos lo dijeron con precisión moral y sin exageraciones: este nombramiento constituye una ofensa directa a la memoria de las víctimas; y reafirma un compromiso activo con la impunidad. No se trata de visiones enfrentadas. Se trata de verdad histórica frente a negación institucionalizada.

Junto a Rabat aparece Fernando Barros, ministro de Defensa. Aquí el saco revela su contenido más pesado.

Barros no es un nombre más ni un técnico circunstancial. Es un operador estructural del poder económico y político chileno de las últimas cuatro décadas. Fundador del estudio Barros & Errázuriz –uno de los más influyentes del país–, Barros se integró activamente en Londres al equipo que trabajó por la liberación de Pinochet tras su detención por orden del juez Baltasar Garzón.

Fue parte de la construcción del relato del dictador como anciano frágil, habló de persecución ideológica y celebró la visita de Margaret Thatcher al represor detenido, fabricando una épica falsa donde el criminal aparecía como víctima.

Ese método no quedó en el pasado. Durante más de treinta años, Fernando Barros asesoró a Sebastián Piñera en operaciones empresariales y tributarias, incluyendo la adquisición de empresas zombis: sociedades quebradas utilizadas para absorber pérdidas ficticias y reducir el pago de impuestos.

Elusión agresiva presentada como sofisticación financiera. Investigaciones especializadas estiman que estas prácticas significaron del orden de un billón de pesos chilenos que el Fisco dejó de recaudar. (En Chile, un billón es un millón de millones: el daño equivale, a valores actuales, a más de mil millones de dólares). Recursos públicos desviados sin escándalo, sin sanción, sin reparación.

En el caso Corpesca, Barros entregó un cheque por más de 150 millones de pesos para cubrir deudas de Jaime Orpis, condenado por fraude al fisco y cohecho. No fue un gesto personal ni una anomalía. Fue la expresión natural de un sistema donde el dinero privado amortigua la corrupción política cuando esta sirve a los intereses correctos.

Hoy, Barros preside Oxiquim, instalada en Quintero–Puchuncaví, una de las zonas de sacrificio más brutales del país.

Comunidades intoxicadas, aire irrespirable, niños enfermos. Y aun así, Barros ha relativizado el cambio climático, hablado de “pánico ambiental” y criticado la COP25 por supuestamente amenazar el modelo de desarrollo. El patrón es consistente: cuando la democracia, el medioambiente o la justicia, incomodan al poder económico, se las desacredita.

Hay un dato adicional que envuelve este nombramiento: Fernando Barros será el encargado del fideicomiso de José Antonio Kast.

El mismo Barros que diseñó el fideicomiso ciego de Sebastián Piñera, plagado de opacidades que jamás fueron investigadas con seriedad. El mismo arquitecto, el mismo discurso de confianza, el mismo saco sellado. La experiencia previa no genera alarma en este proyecto: genera continuidad. Este centro explica el resto.

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, no es un economista neutro ni un académico abstracto. Es la pieza clave del engranaje económico del proyecto Kast. Ha sido asesor técnico, perito y gestor, en algunos de los casos de colusión más graves de la historia reciente de Chile: farmacias, pollos, supermercados. En cada uno de ellos, su rol fue el mismo: construir defensas técnicas para relativizar, justificar o minimizar prácticas que terminaron siendo condenadas por tribunales.

Había incluso un “modelo Quiroz” que se transmitía entre quienes seguían y pagaban por sus lineamientos o quienes, pretendían hacerlo. No se trató de errores teóricos. Se trató de modelos económicos puestos al servicio de carteles empresariales.

Quiroz también es el cerebro detrás del ajuste fiscal extremo prometido en campaña: recortes del orden de seis mil millones de dólares, sin claridad sobre impacto social, derechos adquiridos o servicios esenciales.

La lógica es conocida: el Estado como estorbo, la regulación como sospecha, el mercado como única moral posible. En un país marcado por abusos sistemáticos, colocar en Hacienda a quien defendió técnicamente esos abusos no es una contradicción. Es una señal.

Iván Poduje, en Vivienda y Urbanismo, encarna la traducción urbana de ese mismo modelo. Está acusado por el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco en su rol como consejero del MOP, por pagos recibidos sin cumplir requisitos legales.

Ese proceso es distinto –y más acotado– que el escándalo del proyecto Marga-Marga en Viña del Mar, bajo la administración de Virginia Reginato, donde se perdieron millones de dólares en estudios inútiles y contratos directos, y cuyas responsabilidades siguen bajo investigación. No es el mismo caso, pero es la misma lógica: planificación pública convertida en negocio privado, sin rendición de cuentas.

Poduje no llega a Vivienda a pesar de esos antecedentes, sino justo, por ellos. Porque para este gabinete la ciudad no es un derecho: es una oportunidad de mercado. Y el suelo, especialmente cuando se desregula –incluso tras incendios sospechosos–, se transforma en botín.

Jaime Campos, en Agricultura –salvo el apellido, sin vínculo alguno con la tierra–, fue demandado por el propio Kast en 2018 por soborno y cohecho. Hoy es presentado como símbolo de apertura ideológica por haber sido ministro de Michelle Bachelet.

El mismo Campos que se negó a firmar el decreto de cierre de Punta Peuco pese a la orden presidencial, teniendo a su propio hermano condenado por violaciones a los derechos humanos recluido allí. No es transversalidad. Es renuncia ética premiada.

Ximena Rincón, “la araña”, aterriza en Energía como garantía de conducta, no de ideas. Permanecer quieta, observar, saltar justo donde calienta el sol. Rincón encarna una de las formas más persistentes de indecencia política en Chile: sobrevivir a todos los gobiernos sin convicciones, asegurando siempre vasallaje al poder vigente.

No es un error de Kast. Es un seguro.

Mara Sedini, vocera de Gobierno, no comunica: vocifera. Insulta, agrede, descalifica. Su paso por Sin Filtros dejó registro permanente de ese estilo. Intentó borrar su pasado feminista –marchas del 8M, pañuelos verdes y lilas–, pero en la era digital nada desaparece del todo. Lo que hay no es evolución política, sino oportunismo documentado.

Natalia Ducó, ministra del Deporte, no fue sancionada levemente. Estuvo a un paso de la suspensión de por vida, dada la gravedad y reiteración de las infracciones por doping y uso de sustancias prohibidas. En cualquier sistema serio, eso sería inhabilitante. Aquí se reescribe como relato de superación. La falta no excluye: se recicla.

Judith Marín, ministra de la Mujer y Equidad de Género, niega la equidad de género, rechaza el aborto en cualquier circunstancia, declara rendir cuentas solo a Dios y practicaba exorcismos sexuales antes de perder su candidatura parlamentaria. El ministerio existe, en este caso, para ser vaciado desde dentro.

En Educación, María Paz Arzola –ingeniera comercial– descalifica como “tómbola” un sistema algorítmico que eliminó la selección escolar por pitutos. Ese algoritmo fue premiado internacionalmente, publicado al más alto nivel académico y destacado por un Premio Nobel de Economía. El problema no es técnico. Es ideológico: todo mecanismo que limite el privilegio heredado debe ser desacreditado.

Martín Arrau, en Obras Públicas, arrastra el escándalo de las cajas de alimentos en pandemia, utilizadas como propaganda política mientras se entregaba ayuda estatal. La oposición pidió su renuncia por usar el dolor ajeno con fines personales. Hoy, ese antecedente no estorba. Califica.

Francisco Pérez Mackenna elegido para asumir en Cancillería en columna dominical, prometiendo satisfacer a las partes. Traducción: el hasta ahora principal gerente y mano derecha de Luksic, llega a blindar la rentabilidad del holding desde el Estado.

El gran capital toma el control sin intermediarios. La soberanía de Chile, privatizada por secretaría. Nombre tras nombre, el contenido del saco se vuelve inequívoco. No hay excepción que redima al conjunto. No hay contradicción que permita ingenuidad.

Hay un detalle más; que refuerza el patrón.

La futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, renunció a la Fiscalía para asumir el cargo. El solo tránsito desde una función investigativa a un ministerio político ya había generado reparos fundados.

Pero a eso se sumó una afirmación, hoy domingo; de la propia vocería del futuro gobierno; que pasó casi inadvertida en los medios tradicionales en la que reconoció que “llevaban meses conversando” con Steinert cuando ésta aún era fiscal en ejercicio.

¿Con quiénes se conversó? ¿En qué condiciones? ¿Se informó al fiscal nacional?

En un país que ya vivió las consecuencias del desdibujamiento entre Fiscalía y poder político, estas zonas grises no son anecdóticas. No se trata de una acusación, sino de una pregunta institucional elemental.

Más aún, cuando la propia Fiscalía mantiene investigaciones abiertas contra figuras del entorno del presidente electo, como los diputados Cristian Araya y Mauricio Ojeda, ambos desaforados e imputados en causas de alta connotación pública.

La credibilidad del sistema depende de que esas fronteras no sólo existan, sino que se vean y se respeten.

El trigo limpio no se define por declaraciones de intención, sino por los procesos que se cuidan. Y cuando esos procesos se relativizan, incluso en silencio, el contenido del saco vuelve a levantar sospechas.

Todo es coherente con Kast: su relación con la dictadura, su desprecio por la memoria, su comodidad con la impunidad, su idea de orden.

El saco se entrega sellado porque abrirlo, antes de marzo, obligaría a reconocer lo evidente: que el pan prometido no alimentará democracia, ni justicia, ni convivencia. Alimentará olvido, subordinación y miedo.

El problema no es que este gabinete no sea trigo limpio. El problema es que nunca pretendió serlo.

Y conviene decirlo bien: el trigo limpio no se come. Lo que se come es el pan.

Pero el pan hecho con trigo limpio se reconoce. No por nostalgia, sino por experiencia.

Alimenta sin enfermar. No deja residuos amargos. No requiere explicaciones posteriores ni defensas nutricionales. Sostiene.

El pan que se anuncia desde este saco, en cambio, se desconoce. Tiene apariencia sólida, corte prolijo, discurso de orden. Pero deja sed, no sacia, y con el tiempo enferma.

Porque está hecho con grano sin cribar, con impurezas normalizadas, con restos duros que dañan el cuerpo social aunque se los muela muy fino.

Lo más grave, a mi entender: El saco está sellado no para cuidar el pan, sino para evitar que alguien recuerde cómo sabía el otro.

Y cuando una sociedad pierde ese recuerdo –cuando ya no distingue el pan que nutre, del que sólo llena–, el problema deja de ser económico o político.

Se vuelve moral.

Y entonces, ya es tarde para preguntar por el trigo.

POLITIKA

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Luis Casado, nació en Chile. Es ingeniero del Centre d’Etudes Supérieures Industrielles (CESI – París). Ha sido profesor invitado del Institut National des Télécommunications de Francia y Consultor del Banco Mundial. Su vida profesional, ligada a las nuevas tecnologías destinadas a los Transportes Públicos, lo llevó a trabajar en más de 40 países de los cinco continentes.

BLOG DEL AUTOR: Luis Casado
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