En aguas cálidas del Caribe y el Pacífico oriental, varios ataques militares estadounidenses
contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico han reavivado un debate global sobre
los límites del poder presidencial, la legalidad internacional y el respeto de los derechos
humanos.
Desde comienzos de año, al menos una decena de embarcaciones han sido destruidas por
drones o misiles navales en operaciones autorizadas por el presidente Donald Trump.
Según el propio mandatario, las acciones forman parte de una ofensiva directa “contra los
carteles que envenenan a nuestros jóvenes y amenazan la seguridad nacional”.
Pero las imágenes satelitales, los reportes de testigos y la ausencia de datos verificables
sobre los presuntos vínculos criminales de las víctimas han encendido alarmas dentro y
fuera de Estados Unidos. Organismos internacionales, expertos en derechos humanos y
algunos legisladores republicanos describen los ataques como ejecuciones extrajudiciales
cometidas fuera de todo marco judicial o de guerra formal.
Las operaciones, según fuentes del Pentágono citadas por diversos medios de prensa de
los EE.UU., se concentraron en aguas internacionales próximas a Venezuela y
Centroamérica. La Casa Blanca las justifica bajo la doctrina de la “autodefensa ampliada”
frente al narcotráfico y sostiene que las embarcaciones eran “objetivos legítimos” asociados
a redes de contrabando y, en algunos casos, a grupos armados presuntamente vinculados
al terrorismo.
Sin embargo, no hay pruebas existentes al respecto. Ninguna investigación pública ha
confirmado la identidad de los fallecidos ni su participación directa en actividades
criminales. Tampoco se han divulgado pruebas audiovisuales independientes, lo que deja el
relato oficial en una zona gris.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue
una de las primeras en reaccionar. En un comunicado reciente, sus expertos advirtieron
que “el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin base legal suficiente puede
constituir ejecuciones extrajudiciales”, y pidieron al gobierno estadounidense suspender
de inmediato estas prácticas.
En Washington, senadores de ambos partidos, entre ellos el republicano Rand Paul, han
cuestionado la autoridad legal que sustenta las órdenes criminales de Trump. “El Congreso
nunca autorizó una guerra en el Caribe”, afirmó Paul en declaraciones al The Guardian,
reclamando supervisión legislativa y transparencia sobre las víctimas.
Juristas consultados coinciden en que la calificación de estos ataques depende de cómo se
definan sus objetivos. Si las personas abatidas eran civiles o presuntos delincuentes, la
acción debería regirse por normas policiales y de justicia penal, no por leyes de guerra. En
ese caso, el uso letal sin juicio constituiría una violación del derecho internacional y de los
derechos humanos.
Por el contrario, si se consideraran “combatientes” en el marco de un conflicto armado no
internacional, se aplicarían las reglas del derecho internacional humanitario. Sin embargo,
para la mayoría de los expertos, EE.UU. no ha demostrado que exista tal conflicto, lo
que deja sin sustento la justificación criminal militar.
Gobiernos del Caribe y América Latina han evitado pronunciamientos directos, producto de
represalias directas del gobierno de Trump, solo lo han hecho los gobiernos de Venezuela y
Colombia. aunque diplomáticos de varios países expresan en privado preocupación por la
violación potencial de su soberanía marítima. Las acciones también han tensado la
cooperación regional antidrogas, tradicionalmente basada en acuerdos judiciales y no en
ataques preventivos o criminales como los de Trump.
“Estas operaciones pueden erosionar la confianza y debilitar el marco multilateral”, advierte
la analista de seguridad internacional Carla Mendoza. “Cuando un país actúa como juez y
verdugo en aguas internacionales, el mensaje que envía es peligroso”.
La Casa Blanca o de los horrores, defiende que los ataques han sido “quirúrgicos y
efectivos”. En sus palabras, “se eliminaron amenazas antes de que llegaran a nuestras
costas”. En contraste, organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional los
califican de “asesinatos fuera de proceso” y exigen investigaciones independientes.
Más allá de la retórica, el episodio plantea una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto puede
un Estado extender su poder punitivo más allá de sus fronteras invocando la seguridad
nacional?
En el mar Caribe, donde las líneas territoriales se disuelven entre olas y banderas, esa
pregunta no es solo jurídica. Es también una cuestión de legitimidad política y moral.
En conclusión, sí, hay una base suficiente para afirmar que las operaciones descritas están
fuera o al menos al margen de lo que el derecho internacional internacionalmente
aceptado considera como legal o legítimo uso de la fuerza letal, por lo que hablar de
ejecuciones extrajudiciales o al menos de abusos graves es jurídicamente razonable.
Esto implica que el gobierno de extrema derecha de Trump está protagonizando una dinámica
que debilita normas del Estado de derecho, derechos humanos y soberanía internacional.
Desde una perspectiva práctica, esto podría tener varios efectos negativos, un debilitamiento del sistema multilateral, un empeoramiento de la cooperación regional antinarcóticos, una posible escalada militar, y un retroceso de los derechos humanos.
También abre la puerta a que otros Estados adopten prácticas similares, lo cual podría
desencadenar una “normalización” de ejecuciones sin juicio en contextos de seguridad,
bajo la doctrina criminal de Donald Trump.
♦♦♦
*BLOG DEL AUTOR: Eduardo Andrade Bone
Analista Político y Comunicador Social
WMP/PP/AIP
01/11/2025
Siguenos en X …@PBolivariana
https://t.me/bolivarianapress
https://www.threads.com/@pbolivariana
https://www.instagram.com/pbolivariana/
pbolivariana@gmail.com
Eduardo Andrade Bone
Analista político
Comunicador Social
WMP/PP/AIP/
01/11/2025
Prensa Bolivariana 