Por Jair de Souza*

El domingo, 01/06/2025, los mexicanos están llamados a acudir a los centros de votación con el propósito de elegir de manera directa a los jueces que estarán a cargo de juzgar y aplicar las leyes en su país. Esta es la primera vez que esto ocurre en México, y es algo nunca antes visto en muchos otros países.

A la luz de esto, en estos días previos al acontecimiento electoral, ha habido muchos debates sobre la conveniencia o inconveniencia de este proceso. Por regla general, casi todos los defensores del liberalismo burgués se han posicionado rotundamente en contra de la elección de jueces por medio del voto directo de toda la población. En este sentido, no hay ninguna sorpresa, ninguna ruptura de expectativas.

Lo que me parece mucho más problemático es cuando nos encontramos con personas que, aunque se posicionan como parte del campo popular, también avalan este tipo de visión. Uno de los argumentos más esgrimidos para justificar esta oposición a la elección de jueces por el voto popular es la posibilidad de que la aplicación de la justicia pase a depender de la temperatura política prevaleciente en cada momento, y no de los estrictos términos estipulados por las leyes. Pero, en este aspecto, cabría formular una preguntita simple: ¿es realmente posible que esta tal influencia política se haga sentir en la elección del cuerpo judicial y, en consecuencia, en su posterior comportamiento a la hora de tomar decisiones?

La respuesta a la pregunta recién formulada es más que evidente. Esto no solo puede suceder, sino que siempre ha sucedido y sigue ocurriendo en la actualidad en todos los países donde rigen reglas similares a las que se aplicaban en México hasta ahora, incluyendo nuestro Brasil. La única variación significativa es que, con la elección de los miembros del poder judicial abierta a todos, el peso de la opinión popular también pasa a tener relevancia.

En el esquema que está a punto de ser reemplazado en México y que aún es válido en Brasil, los jueces llegan a sus cargos a través de procesos en los cuales la fuerza popular no ejerce casi ninguna incidencia, estando las clases dominantes en plenas condiciones de hacer que sus criterios y su poder económico influyan decisivamente tanto en la elección de los magistrados como en las orientaciones jurídicas que estos se dispongan a seguir.

La misma objeción que se plantea para oponerse a la participación de las mayorías populares en la elección de los responsables de la aplicación efectiva de las leyes también solía ser levantada para impedir que nuestros gobernantes fueran elegidos directamente por el pueblo. Es la vieja historia que, durante la dictadura militar brasileña, las clases dominantes opresoras transformaron en palabras en boca de nuestro Pelé: “El pueblo no sabe votar.”

No hay dudas de que las masas populares pueden ser inducidas a hacer opciones desastrosas y votar por jueces que, al final, desempeñen un papel que les resulte muy negativo y perjudicial. Sin embargo, esto no sería de ninguna manera una exclusividad del campo jurídico. ¿Quién no recuerda cuando las clases dominantes brasileñas apelaron a todo su poder económico, represivo y mediático e indujeron a buena parte de nuestra gente a votar por aberraciones monstruosas como Collor de Mello y, más recientemente, Jair Bolsonaro? ¿Y ahora, vamos a predicar el fin del voto directo por eso?

Me parece muy lógico que, para estar en condiciones de postularse al cargo de juez, el candidato deba cumplir ciertos requisitos indispensables, como demostrar tener una formación jurídica válida. Entonces, la población sería llamada a elegir entre varios candidatos dotados del embasamiento jurídico mínimo necesario para el ejercicio de su función.

Es claro que no hay garantías formales de que los elegidos se comporten de acuerdo con lo esperado y en conformidad con lo que las leyes estipulan. Sin embargo, en el campo jurídico, como en todos los demás, la fuerza política siempre se hace sentir. Lo que el proceso que se está inaugurando en México posibilita es que el peso político de las mayorías pueda convertirse en un factor decisivo. Si esto se concretará o no dependerá del nivel de conciencia, organización y disposición de esas mayorías para avanzar en la lucha de clases y librar las batallas por sus reivindicaciones.

Para quienes nos identificamos con las causas populares, la confianza en el pueblo es siempre el punto más importante. Si creemos que los trabajadores son capaces de construir un mundo nuevo, sin explotación, ¿por qué no confiaríamos en que también pueden elegir a sus jueces de manera adecuada? Pero esta confianza no se gana gratuitamente, tendrá que ser conquistada en el proceso de luchas junto a nuestro pueblo. Por eso, lo que ocurrirá en México el 01 de junio es para ser saludado por todos los que se sienten parte del campo popular.

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*Jair de Souza, Economista egresado de la UFRJ, Máster en Linguistica, también de la UFRJ. Analista político. Brasil. BLOG DEL AUTOR: Jair de Souza* // X …@PBolivariana