POR JONATHAN CARDONA ROJAS

La represión del Estado, en ocasiones agenciada, impulsada o apoyada por actores privados, toma múltiples formas. No todas ellas son evidentes ni siempre conducen a la muerte, pero repercuten en las personas generando miedo y sumisión, más allá de los daños físicos. Las manifestaciones pacíficas, pese a esto, han aumentado con el tiempo, especialmente desde la firma del Acuerdo de Paz, según se observa en distintos informes. La respuesta del gobierno a una sociedad que exige el cumplimiento de sus derechos ha sido más represión mediante censura, militarización y casi medio billón de pesos en presupuesto para el ESMAD, un conjunto de escuadrones que, desde su fundación hace cerca de 20 años, ha asesinado -al menos- a 34 personas, herido a miles y aterrorizado a millones.

El pasado jueves 21 de noviembre me encontraba en un sector aledaño a la calle Barranquilla, en Medellín, donde cientos de miles de marchantes descansaban y compartían pacíficamente, tras la primera movilización realizada en el marco del Paro Nacional. El ambiente era alegre y tranquilo hasta que, aproximadamente a las cuatro de la tarde, observamos pasar decenas de agentes del ESMAD en motos de alto cilindraje. Poco tiempo después comenzaron los ataques del escuadrón de la muerte, que arremetió siguiendo su habitual modus operandi: dejando decenas de heridos a su paso, obligando a huir a los participantes. En ese momento pude presenciar cómo uno de los agentes, desde apenas algunos metros de distancia, nos lanzaba un artefacto explosivo que por suerte no hirió a nadie, pese a que cayó cerca. Lanzaban explosivos a quienes nos encontrábamos descansando pacíficamente en el espacio público.

Nada nuevo bajo el sol de Macondo

Estos abusos del ESMAD no son nuevos, son sistemáticos y mucho más antiguos que esa división de la Policía. Esta, junto al Ejército y otras entidades del Estado, dirigidas, cooptadas o influidas por determinados sujetos, han convertido la capacidad de violencia del Estado en instrumentos de terror y represión, desde tiempos difíciles de precisar. En Colombia, la Fuerza Pública ha sido piedra angular de esta violencia gubernamental al menos desde inicios del siglo pasado. La masacre de obreros de las bananeras por militares en 1928 y medio año después el asesinato de Gonzalo Bravo, estudiante de la Universidad Nacional, a manos de la Policía, prueban la antigüedad del trato de la protesta social como una guerra contra los manifestantes.

Entre 1946 y 1953, bajo gobiernos conservadores, la Policía, en colaboración con organizaciones paramilitares, reprimió y persiguió particularmente a sus opositores y a diversos actores que participaban de luchas sociales y reivindicaciones populares. Desde la década de los cincuenta, como evidencia el doctor en sociología Adolfo L. Atehortúa, Estados Unidos intervino en Colombia -y en América Latina- mediante, entre otros, el adoctrinamiento de militares para enfrentar al supuesto “enemigo interno”. Con la misma excusa de fondo impusieron en 1978 el Estatuto de Seguridad, que le otorgó amplios poderes a los militares y policías, incluyendo la facultad de arrestar por mera sospecha, y grandes facultades jurídicas.

Aunque cinco años después el Estatuto fue derogado, el país siguió generalmente bajo Estado de sitio. Esta figura, con el pretexto de mantener el orden público, facilita el abuso de las Fuerzas Armadas del Estado, que especialmente durante tiempos de gran movilización social han cometido y apoyado masivas torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias y otras acciones efectuadas contra líderes, lideresas y organizaciones sociales. Acciones que son aún objeto de investigación o han quedado en el olvido y la impunidad, sin que se cuente con cifras precisas del número total de víctimas.

Se sabe que la represión y persecución estatal no se han limitado al abuso de la fuerza por parte del ESMAD y la Policía. Otras entidades estatales han estado involucradas en actos represivos delictivos. En el informe Universidades Bajo S.O.S.pecha se detallan al menos 114 homicidios ocurridos por estas actividades estatales o paraestatales entre 2000 y 2018. Incluso dos organismos de inteligencia y una brigada del Ejército fueron cerrados por graves violaciones a los Derechos Humanos (DD. HH). El Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), creado en 1953 bajo la dictadura militar, fue cerrado por acciones de este tipo. Con asesoría de la CIA, se creó su reemplazo: el DAS, que fue cerrado en tiempos recientes y tres de sus exdirectores condenados por múltiples delitos, varios cometidos durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Así mismo, la Brigada XX fue eliminada en 1998 tras años de denuncias por parte de organizaciones internacionales sobre sus atroces ataques a la población civil. Las revelaciones ponían en riesgo el dinero que Estados Unidos giraba en el marco del Plan Colombia, un acuerdo del gobierno colombiano con el coloso del norte suscrito en la época para, supuestamente, “enfrentar el narcotráfico” y “promover el desarrollo”. Se reconoció la existencia de grupos armados conformados por paramilitares y unidades de esa Brigada para asesinar activistas y defensores de DD. HH. Por esto cabe pensar que, si se desmonta el ESMAD y se crea una división semejante, como los pelotones antidisturbios que ya está creando el Ejército, estaremos condenados a la misma brutalidad policial.

El extenso prontuario represivo de las Fuerzas Armadas

En febrero de 1999 la Policía emitió la Directiva Operativa Transitoria No. 0205, en el marco de la “modernización” de la Fuerza Pública promovida por el Plan Colombia. Así nació “transitoriamente” el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), conformado por menos de 200 hombres y sin presupuesto para elementos ni armas. Álvaro Uribe, tras finalizar su segundo gobierno, dejó un ESMAD con más de $11.000 millones de presupuesto y casi 2.000 miembros. Entre 2014 y 2017, durante el gobierno Santos, recibieron $31.000 millones. En 2019, según informó al Congreso el Ministerio de Defensa, le destinaron un presupuesto de $490.000 millones (aproximadamente $1.340 millones por día) -$134 mil millones más que para Colciencias-. Actualmente, el ESMAD cuenta con 3.876 integrantes (de los cuales 106 son mujeres) y 108 tanquetas (cada una cuesta más de mil millones de pesos).

Según la Fundación Pares, en el Paro Agrario de 2013 se denunciaron 262 detenciones arbitrarias, 485 heridos, 21 con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y otros 660 casos de violaciones a los DD. HH. En el 2016, Alirio Uribe, exrepresentante a la Cámara, denunció ante el Congreso que solo ese año el ESMAD generó más de 682 víctimas y que ha venido siendo usado para desalojar viviendas (al menos 1.200), función para la que no fue creado.

Varios actores, entre ellos la Comisión Colombiana de Juristas y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES), han denunciado el agravamiento generalizado de la represión en el último año. En junio pasado, a manera de ejemplo,según denuncia de la Red de DD. HH. de Putumayo, Deobaldo Cruz, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Cumbre, en Puerto Asís, Putumayo, perdió su ojo izquierdo por un disparo a la cara de una bomba lacrimógena del ESMAD. El mismo día tres jóvenes fueron detenidos por la Policía y el ESMAD. Uno de ellos escapó, los otros dos fueron golpeados repetidamente por cerca de media hora y amenazados de muerte con armas de fuego.

Las violaciones a los DD. HH. por parte de la Fuerza Pública son sistemáticas y de vieja data, pero desde el surgimiento del ESMAD, sus métodos, municiones y armas han ocasionado millares de daños y víctimas que en parte han sido desestimados gracias a la fachada de regulación y legalidad que reviste a sus agentes. El “Manual Para el Servicio de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes”, por ejemplo, señala que hay que evitar impactar directamente a los manifestantes, y públicamente representantes de la Policía sostienen que eso se cumple, pese a que han sido comprobadas decenas de muertes por cuenta de disparos directos de distintos tipos de proyectiles de sus agentes. Estos, además, usan eufemismos como “menos letal” para referirse a las mortales armas con las que han asesinado a decenas, herido gravemente a centenares, afectado a miles; y aunque el Consejo de Estado en varias condenas y llamados exige más formación en DD. HH. para el ESMAD, la Policía ha respondido con cursos cortos tras los cuales sus integrantes pueden portar y usar las mortales armas en cuestión. De la misma manera, cuando hablan de municiones “no convencionales” o “recalzadas” se refieren al hecho de que los agentes reutilizan cartuchos, manipulándolos con distintos materiales y técnicas para efectuar ataques más mortales o, como reveló un exmiembro del ESMAD ante Noticias UNO, para hacerlos más “divertidos”.

Según la red de organizaciones Defender la Libertad: asunto de tod@s, el punto más crítico inició el 15 de noviembre, a seis días del inicio del Paro, cuando fueron desplegados centenares de soldados en operativos de “control y seguridad” en varias ciudades del país. Se realizaron 37 allanamientos -la mayoría posteriormente declarados ilegales- en viviendas de integrantes de movimientos artísticos, políticos y estudiantiles. Tras el paro, organizaciones sociales y defensoras de DD. HH. han confirmado al menos 914 detenciones -el gobierno no publica datos sobre los heridos y afectados que ocasiona su represión-, la mayoría efectuadas abusando de una figura de detención administrativa creada para “proteger” o para “garantizar la seguridad” de personas que se encuentran en riesgo. Algunos fueron obligados a desnudarse, otros recibieron descargas eléctricas y a otros les golpearon e incluso fracturaron sus manos, como reportaron diversas organizaciones y víctimas. La mayoría de detenciones fueron declaradas ilegales porque no existía justificación o por incumplimiento de procedimientos legales.

Los comparendos también han sido usados indiscriminadamente para amedrentar (más de 400 detenidos, según la red Defender la Libertad), obstaculizando el ejercicio del derecho a protestar pacíficamente. Como estas cifras corresponden principalmente a la Capital, se presume que a nivel nacional los violentados por la Policía serían muchos más solo en las últimas tres semanas. En días recientes la Policía en retenes ha obligado a personas a mostrar sus redes sociales. En un caso, una mujer fue golpeada y detenida por no cooperar con esa exigencia ilegal, de acuerdo con la denuncia hecha por un testigo. A la postre, estrategias policiales de infiltración y generación de pánico también han quedado al descubierto.

Ante la sangre derramada, las autoridades muchas veces proceden premiando y exaltando a los abusadores. Un caso emblemático de este proceder se vio con el caso de Jhony Silva, estudiante de la Universidad del Valle asesinado en 2005 por el ESMAD. El entonces capitán de la unidad responsable del homicidio, Gabriel Bonilla, luego fue ascendido a comandante de la división a nivel nacional y más tarde designado comandante de la Policía Metropolitana en Ibagué. Esto se reafirma con la actual cúpula militar, que en su mayoría se conforma por militares relacionados con la ejecución de miles de civiles para presentarlos como bajas en combate durante los gobiernos de Uribe. La cereza del pastel la puso el presidente Duque, quien, tras conocerse que la muerte del joven Dilan Cruz era un homicidio, visitó a los agentes del ESMAD para honrarlos y felicitarlos

Como señala Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD.HH. (OACNUDH), la Comisión Interamericana de DD. HH. (CIDH), el Plan de Acción Laboral firmado por el gobierno colombiano con el canadiense e incluso el Comité de Empleo de la OCDE indican que es necesario tomar decisiones frente a las actuaciones del ESMAD. En este mismo sentido, diversas organizaciones, como la British Medical Journal, la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles (Inclo) y Médicos por los DD. HH. (PHR), han coincidido en señalar que las armas y municiones “menos letales” usadas internacionalmente representan un grave peligro de muerte para los manifestantes.

Solo un puñado de casos han recibido justicia, verdad y reparación por parte del Estado, mientras los controles políticos en el Congreso y los organismos de control no han servido para mejorar este estado de cosas. El ESMAD se convirtió en una opción para el gobierno, con protección legal -hasta defendida por algunas personas- para reprimir violentamente a los ciudadanos organizados por sus derechos, en lugar de atender a las demandas sociales legítimas. Va siendo hora de reordenar las prioridades para la Fuerza Pública, comenzando por el escuadrón asesino. Primero la vida y los derechos.