
El martes 18 de octubre, el gobierno de Ecuador anunció que limitaría el acceso a parte de su sistema de comunicaciones en la sede diplomática de este país en Londres.
“Ecuador, en ejercicio de su derecho soberano, ha restringido temporalmente el acceso a parte de su sistema de comunicaciones en su Embajada en el Reino Unido”, reveló un Comunicado de prensa emitido por la cancillería.
“Esta restricción temporal no impide que la organización WikiLeaks lleve a cabo sus actividades periodísticas”, aseguró el texto.
En las últimas semanas, WikiLeaks publicó una gran cantidad de documentos con impacto sobre la campaña electoral en Estados Unidos.
“La decisión de hacer pública dicha información es exclusiva responsabilidad de la organización Wikileaks”, precisó entonces la cancillería.
Igualmente ratificó el compromiso de las autoridades ecuatorianas con proteger la vida de Assange, quien lleva cuatro años en la embajada de Quito en Londres y está sujeto a un proceso legal en Suecia por presuntos delitos sexuales, que no han sido siquiera formulados.
A juicio de sus abogados, todo es un pretexto de la nación nórdica para en complicidad con las autoridades británicas, extraditarlo a Estados Unidos, donde lo pueden condenar hasta a pena de muerte por divulgar miles de documentos sobre irregularidades, corrupción y conspiraciones de algunos gobiernos y en especial de la administración de Washington.
Assange prestará declaración el venidero 14 de noviembre en la sede ecuatoriana, frente a un fiscal de este país sudamericano y funcionarios suecas.
