
Caracas, 15 jun (PL) El gobierno venezolano reiteró denuncias sobre el respaldo financiero que reciben hoy desde España sectores de la ultraderecha nacional con el objetivo de derrocar al presidente Nicolás Maduro.
El propio jefe de Estado indicó en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión que hay mucha gente de las oligarquías mediáticas y económicas de la nación europea financiando grupos desestabilizadores de manera abierta.
En ese sentido opinó que hay una obsesión por acabar con el proyecto bolivariano, porque el 26 de junio tienen elecciones y quieren que en Venezuela pase algo para mostrarlo allá, y meterlo en la campaña interna.
El mandatario alertó que hay un factor de la ultraderecha venezolana que colocó a Madrid como el centro de sus operaciones financieras, económicas y políticas conspirativas.
Al respecto sugirió a la justicia, fiscalía y policía de Madrid hacer una investigación sobre los negocios turbios y sucios que hace la ultraderecha venezolana, así como de todas las mansiones y cuentas bancarias que han abierto allá.
Somos un país respetuoso del Derecho Internacional, un país pacífico, tranquilo. Estamos construyendo un socialismo, tenemos derecho a construir nuestro propio modelo social, político y económico, pero sin inmiscuirnos en los asuntos internos de España, apostilló.
Como parte de esos planes, Maduro se refirió al fraude que signa la recolección de firmas para respaldar un proceso revocatorio que pretende acortar su mandato (2013-2019)
Señaló que esas irregularidades van contra la Constitución, las leyes y a la voluntad del pueblo, y se trata de un delito inadmisible que no permitirán en Venezuela.
El pasado viernes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, informó que los voceros de la opositora Mesa de la Unidad Democrática entregaron un millón 957 mil 779 registros, de los cuales 605 mil 727 presentaron irregularidades.
Entre las faltas mencionó más de 10 mil rúbricas de ciudadanos fallecidos, nueve mil 333 números de cédula inexistentes, más de tres mil documentos de menores de edad y mil 335 privados de libertad.
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