Bogotá, 7 jun (PL) Ante un paro agrario y una huelga de camioneros, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que el Gobierno respetará las protestas y sigue abierto al diálogo pero pidió a los manifestantes evitar obstruir las vías.
Campesinos, indígenas y afrodescendientes participan en una movilización nacional para exigir al Ejecutivo que cumpla compromisos previos, entre otras demandas como la revisión de los Tratados de Libre Comercio, firmados con varias naciones, y la suspensión de proyectos mineros los cuales podrían implicar el desplazamiento de miles de familias.
Con reclamos como la rebaja en el precio de los combustibles, mejoras en los fletes y mayor seguridad en las carreteras, millares de camioneros comenzaron este martes una huelga al tiempo que buscan soluciones a sus pedidos a través de pláticas con representantes gubernamentales.
Quiero hacer nuevamente un llamado a las personas que están protestando por diferentes motivos, el Gobierno ha estado permanentemente dispuesto a dialogar en cualquier circunstancia, donde sea (…) pero no acudan a las vías de hecho, insistió el jefe de Estado desde la Casa de Nariño.
La Minga agraria, étnica y popular -como identifican la primera de las manifestaciones iniciada el 30 de mayo- ha estado acompañada de bloqueos de rutas en varios departamentos colombianos, en algunos de los cuales comienzan a escasear el combustible y otros productos.
En las últimas horas los labriegos, nativos y miembros de comunidades afro empezaron a despejar caminos como demostración de su voluntad para conversar.
No obstante afirman que abandonar por completo las calles significaría el término de la protesta, la cual aspiran concluir tras acuerdos satisfactorios a sus peticiones.
La minga dejó tres civiles muertos y más de un centenar de reclamantes heridos; en tanto el ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, asegura que 54 uniformados resultaron lesionados en enfrentamientos entre ambas partes.
Promotores del paro del campesinado solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante lo que consideran atropellos de la Fuerza Pública contra los demandantes.
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