Los estudios criminalísticos y las evidencias ayudaron a demostrar que lo de Yumare fue un ajusticiamiento, una masacre contra dirigentes sociales
Caracas, 8 de mayo de 2015.- Hace 30 años tuvo lugar la llamada Masacre de Yumare, uno de los sucesos más lamentables de la historia contemporánea venezolana. La operación militar, realizada contra civiles, se perpetró en el sector Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy.
La operación estaba dirigida a erradicar grupos de izquierda; fue planificada por el gobierno de Jaime Lusinchi, el 8 de mayo de 1986. Nueve dirigentes sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP, policía política durante la IV República), a las órdenes del entonces comisario, López Sisco.
Tras realizar la ejecución, los efectivos de la DISIP manifestaron que estas nueve personas “formaban parte de la guerrilla”. Sin embargo, los estudios criminalísticos y las evidencias ayudaron a demostrar lo contrario, y dejaron ver que lo de Yumare fue un ajusticiamiento, una masacre contra dirigentes sociales.
Las incongruencias en las declaraciones de los ejecutores de aquella masacre permitieron detectar las mentiras y la confabulación para realizar la matanza.
Como justificación, los funcionarios alegaron un supuesto enfrentamiento armado, el cual se habría producido cuando se desplazaban por un lugar boscoso y fueron objeto de una emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos. En el estudio criminalístico, no obstante, las evidencias revelaron que la zona donde todos los ciudadanos murieron estaba poblada de “vegetación baja, tipo pasto, grama y/o maleza, todos de muy corta altura, característicos de terrenos despejados, de gran iluminación”.
De acuerdo con las experticias practicadas en los morrales que portaban quienes murieron en la acción, estos objetos “no presentaban perforaciones ni daños por proyectiles ni esquirlas”, a pesar de que varias de las víctimas habían presentado orificios en la región dorsal.
Tras los falsos testimonios dados por los responsables de la masacre, muchos testigos de ese lamentable incidente declararon que las nueves personas asesinadas por el comando de la DISIP habían sido primero detenidas, luego torturadas y, por último, ejecutadas. Posteriormente, los propios funcionarios les colocaron ropa militar encima de su ropa civil, con el propósito de presentarlos como guerrilleros.
Las declaraciones de los testigos revelan que las nueve personas ejecutadas extrajudicialmente, además de luchadores sociales, eran promotores del ideal bolivariano. Los fallecidos fueron Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz, y Alfredo Caicedo Castillo.
No fue sino hasta 2011, 25 años después de la masacre, cuando se logró desmontar la versión sostenida por los funcionarios del gobierno de Jaime Luisinchi, cuando fiscales del estado Yacacuy lograron condenar a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en los hechos de Yumare. Para el momento de los hechos, Sánchez Paz era coronel y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército.
También fueron acusados los exfuncionarios de la extinta DISIP Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega. En junio de 2009, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la Disip Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica.
A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas; y es también señalado por su participación en las masacres de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela, durante el golpe de Estado de abril de 2002.
JB/RNV
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