Brasilia, 21 mar (PL) La Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada de estudiar el pedido de juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sostendrá hoy su segunda reunión, en un intento por apurar la marcha del proceso.
En condiciones normales, los parlamentarios sesionan solo de martes a viernes, pero como anticipó el titular de la Cámara Eduardo Cunha, en este caso imprimirán toda la agilidad posible al trámite, que pudiera concluir con la destitución de la jefa de Estado.
La audición de hoy fue precedida por la difusión, este fin de semana, de informaciones según las cuales el diputado federal Paulo Pereira, uno de los principales aliados de Cunha y firme defensor del golpe contra Rousseff, presumía de contar con mucha gente para financiar el impeachment.
Pereira anunció además, en una conversación telefónica divulgada por internet y reseñada por el diario digital 247, la disposición a crear un comité nacional por el juicio político contra la mandataria, en el cual convergerían partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Tenemos mucha gente para financiar el impeachment y esos recursos se utilizarán para carteles, adhesivos, pines y otros materiales de campaña, explicó Pereira a su interlocutor antes de aventurar que, según su criterio, entre los días 5 y 10 de abril «Dilma está fuera».
Por su parte, el gobernador del estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, del Partido de los Trabajadores (PT), hizo circular una nota en la que manifestó su total repudio al impeachment, en la cual precisó que para iniciar un proceso de este tipo debe haberse configurado un crimen de responsabilidad y en este caso eso no existe.
Pimentel recordó además a los que se dicen defensores de la democracia el deber de garantizar el cumplimiento del mandato a quienes fueron electos libremente en las urnas por el voto del pueblo.
La Comisión Especial encargada de llevar adelante el proceso de juicio político contra Rousseff quedó constituida el pasado jueves y la integran 65 parlamentarios, de los cuales -de acuerdo con reportes de prensa- 40 recibieron en algún momento donativos de empresas o subsidiarias de estas que están sujetas a investigación.
De esos legisladores, 16 son investigados por el Supremo Tribunal Federal (STF) por diversos crímenes, la mayoría de ellos por corrupción, y cuatro están bajo la mira de la operación Lava Jato.
El principal promotor del impeachment, Cunha, primer diputado en ejercicio de sus funciones en convertirse en reo, enfrenta una acción legal de la justicia por corrupción y lavado de dinero y es además juzgado por quiebra del decoro parlamentario en la Comisión de Etica de ese órgano legislativo.
Aún cuando la Comisión Especial resolviera aprobar el enjuiciamiento político de la Presidenta de la República, esta decisión deberá adoptarla con el respaldo de dos tercios de sus integrantes (342) el pleno de la Cámara de Diputados, para de ahí enviarla al Senado, que será el encargado de decir la última palabra.
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