ernesto-samperCaracas, 13 feb (PL) La visita del secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), Ernesto Samper, y los debates en torno al Decreto de Emergencia Económica, marcaron la semana que culmina en Venezuela.

El repentino arribo de Samper a Caracas en la noche del 11 de febrero trajo consigo el informe sobre los comicios parlamentarios que tuvieron su clímax el 6 de diciembre de 2015 con la elección de una mayoría derechista a la Asamblea Nacional (AN).

Junto con el máximo dirigente de la Unasur llegó el expresidente dominicano Leonel Fernández, quien ofició como jefe de la comitiva enviada por el organismo para evaluar el sufragio, ampliamente criticado por la derecha por supuestas manipulaciones del bando socialista.

Cuando llegamos a Venezuela por vez primera vez sentíamos un ambiente caldeado, pues había pronósticos de que los comicios no se celebrarían, de violencia, y de que si finalmente se producía el sufragio no habría reconocimiento de los resultados, recordó Fernández.

Lo cierto es que la forma en que transcurrió el proceso hecha por tierra todo ese panorama apocalíptico que se construyó alrededor del país; las elecciones transcurrieron de manera transparente, el pueblo participó con total libertad y el CNE actuó siempre en conformidad con lo establecido por la ley, aseguró el funcionario.

El dictamen de la Unasur llega en un momento difícil para el gobierno venezolano, que enfrenta actualmente ataques redoblados de la derecha para deslegitimarlo en el exterior y sembrar la zozobra entre la ciudadanía.

El último episodio de este enfrentamiento implicó la última semana al presidente de la AN, Henry Ramos Allup, quien impugnó el Decreto de Emergencia Económica propuesto por el presidente el 14 de enero y rechazado por el Parlamento.

Las declaraciones de Ramos Allup pretendieron ir contra el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitido el pasado jueves para ratificar el carácter constitucional de la medida y aprobar su aplicación a pesar de la negativa parlamentaria.

Según el presidente Nicolás Maduro, esta iniciativa permitirá diversificar la producción nacional, sustituir importaciones y rebasar la dependencia de los ingresos petroleros, mediante un diálogo con los empresarios nacionales dispuestos a cooperar con el Gobierno.

Sin embargo, amplios sectores del empresariado continúan renuentes a participar del diálogo y depositan sus esperanzas en un cambio de régimen que puede ser, incluso, violento.

Al respecto, esta semana se cumplió el segundo aniversario de las guarimbas, la rebelión de 2014 que dejó 43 muertos y 800 heridos y que no terminó en impunidad, pues sus líderes más significativos merecieron penas de encarcelamiento.

A pesar de esto la mayoría derechista del Parlamento intenta aprobar una ley de Amnistía para tales personas, a las que califica de presos políticos.

Sin embargo, de acuerdo con el diputado del Gran Polo Patriótico (GPP), Edwin Rojas, antes de aprobar una ley de amnistía, los presos deben reconocer su culpa por la muerte de 43 personas durante los disturbios de 2014.

Por su parte, el abogado y miembro de la Comisión por la Justicia y la Verdad, David Palis, aseguró que el objetivo de esa ley es beneficiar a los perpetradores, a los llamados presos políticos, y en ningún momento toma en cuenta a las víctimas directas, indirectas ni a las colectivas.

Según Palis, lo que se busca es evitar una investigación que señale a los responsables y, al mismo tiempo, arrojar la culpabilidad sobre el Gobierno.

La representante del Comité de Víctimas de la Guarimba, Yesenia Fuentes, explicó que el indulto ensangrienta la Carta Magna por cuanto las violaciones graves a los derechos humanos no tienen derecho a indulto, y llamó a la Sala Constitucional del TSJ para que no permita su aprobación.

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